Un vecino paradisíaco

La inclusión y retirada express de Panamá de la lista de paraísos fiscales por parte de Colombia, pone sobre la mesa una de las contradicciones del Gobierno por articular una estrategia clara sobre cómo financiar parte del posconflicto. 

Por: Juan Carlos Durán Uribe, estudiante de 9° semestre de Derecho y Codirector de Al Derecho, jc.duran129@uniandes.edu.co.

El pasado 8 de octubre de 2014, muchísimos empresarios e inversionistas colombianos temblaron de zozobra. Ese día el Gobierno colombiano declaró a Panamá paraíso fiscal, lo cual significaba que a quienes tuvieran inversiones en ese territorio se le aplicarían sanciones fiscales y se presumiría su intención de evadir impuestos. A partir de allí se desató la polémica con el vecino país que, según el portal Razón Pública, en 2013 recibía más inversión colombiana que cualquier otro. Las reacciones no se hicieron esperar. Los bancos invocaron la reserva bancaria para blindarse ante cualquier tipo de investigación hecha contra sus clientes. Los empresarios pusieron el grito en el cielo por la vulneración de sus capitales. Otros sectores aplaudieron el hecho, aduciendo que se debía poner en cintura a los más ricos y a quienes huían de la cada vez más implacable administración tributaria colombiana para evadir o ver aliviada su carga fiscal. Y finalmente otro grupo aulló por las consecuencias diplomáticas con nuestro vecino, y exigió que el Gobierno se retractara de ese exabrupto.

Un paraíso fiscal no tiene una definición unívoca. Tal vez por la vaguedad del concepto es que este sigue siendo tabú. Que tal país es paraíso fiscal, que tal otro es un centro financiero offshore, que aquél es receptor de inversiones, que éste último no cobra impuestos, que en esta isla me garantizan una exención de impuestos frente a los que pago en mi país. Todas esas nociones neblinosas parecen tener algo en común: un paraíso fiscal es un lugar donde quienes invierten no pagan o pagan pocos impuestos. Pero hay más. Estos territorios, en aras de ser atractivos para la inversión extrajera, dan a sus inversionistas una perla a cambio: confidencialidad frente a las autoridades tributarias de terceros países. Esto es lo que en la jerga tributaria se conoce como “falta de transparencia” o “falta de intercambio de información tributaria”.

Vamos por partes. Una persona en Colombia es sujeto pasivo de impuestos como el de la renta, el cual puede ser de hasta el 33% sobre los ingresos anuales. Esta persona, en busca de aliviar esa carga fiscal, corre con su maletado de billetes a países donde se le garantiza que no se le cobrará la misma cantidad de impuestos que en Colombia, donde se le protegerá su identidad y donde su capital estará custodiado, a cambio de que realice grandes inversiones. Panamá ofrece estas garantías. Y muchos pesos, como es lógico, arrancan para allá

El asunto de los paraísos fiscales ya ha sido abordado internacionalmente. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, -sí, el club de países ricos al cual Colombia quiere pertenecer-, tiene fijados cuatro criterios para saber si un país puede ser considerado como paraíso fiscal. No los voy a copiar en este artículo, pero son básicamente los que ya se han mencionado –quien sienta curiosidad, lo invito a que googlee-. Suiza, Islas Caimán, Bermudas, Luxemburgo, Mónaco y algunos Emiratos Árabes Unidos son conocidos paraísos fiscales, según la lista que saca la OCDE.

El Gobierno colombiano, consciente de la problemática de que los grandes capitales estaban fugándose, y atendiendo a los requerimientos de la OCDE para entrar en el club, implementó normas: el artículo 260-7 del Estatuto Tributario, el cual es igualito a los criterios fijados por la OCDE; y más adelante, en el 869-1, prevé que quienes hagan operaciones en paraísos fiscales podrán ser sancionados.

Volvamos al tema concreto, que ya la teoría está esbozada. Para Colombia –y para quien lo mire- Panamá cumple con los criterios descritos en el artículo 260-7 del Estatuto Tributario y con los de la OCDE. Sin embargo, la tormenta diplomática desatada por la inclusión de Panamá dentro de la lista de paraísos fiscales fue tal que dos semanas después fue retirada. Ambas cancillerías convinieron en que Panamá debe suscribir

“Colombia es el país de donde proviene la mayor cantidad de inversiones en Panamá, y con semejante potosí fugado al extranjero, la DIAN no va a cruzarse de brazos a ver cómo deja de recaudar más de 4 billones de pesos en impuestos”

acuerdos de intercambio de información tributaria antes de octubre de 2015, para brindar más transparencia frente a los sujetos y las operaciones que se hacen allí. Lo que poco se ha dicho es que Panamá ya se encontraba advertida desde 2013, y no suscribió dichos acuerdos.

Pero, ¿Por qué Colombia decidió ponerle coto al tema de las inversiones en Panamá ahora y no antes? Uno, porque Colombia es el país de donde proviene la mayor cantidad de inversiones en Panamá, y con semejante potosí fugado al extranjero, la DIAN no va a cruzarse de brazos a ver cómo deja de recaudar más de 4 billones de pesos en impuestos sobre tales capitales. Ese dinero, según el Ministro de Hacienda, es muy necesario para la etapa que se viene en el país, pues ayudará a financiar el famoso posconflicto, al cual le hacen falta recursos por más o menos 12,5 billones de pesos –según los últimos calculillos que nos dejan en ascuas y ad portas de una Reformitis Tributaria de aquí a la eternidad, pues no se sabe a ciencia cierta cuánta plata falta-. Dos, porque Colombia aún está haciendo la maratón por entrar a la OCDE, y ésta le impone una serie de requisitos entre los cuales está poner en cintura a los que operan en paraísos fiscales. Como quien dice, si Colombia no se pone las pilas con eso, chao acción de la OCDE. Y tres, porque es un secreto a voces que muchos de los capitales más gordos del país se encuentran invertidos en la tierra del Canal, y por razón de progresividad tributaria, los que ganan y tienen más deben pagar más.

A pesar de las razones anteriores, que tienen un peso enorme, estas no fueron suficientes para que Colombia mantuviera en firme su decisión de incluir a Panamá en la polémica lista, sino que la sacó. Pareciera que los intereses políticos y económicos y las relaciones internacionales armónicas primaron más sobre la necesidad de recaudo y la financiación del posconflicto. ¿Contradicción en la política de Gobierno? Sí. La Corte Constitucional, que parece tener un pronunciamiento adecuado frente a casi cualquier tema, señaló en su sentencia C-690 de 2003 que el “(…) señalamiento de un país o de una jurisdicción como paraíso fiscal, depende ¨(…) de consideraciones de tipo político”. Esta frase, de hace once años, refleja exactamente lo que ocurrió con Panamá.

No dejan de ser perjudiciales eventos como el anterior. Primero, porque deja entrever una contradicción en el discurso del Gobierno. Segundo, porque sienta el precedente para que en el futuro ocurra lo mismo con Panamá o con cualquier otra jurisdicción ¿qué pasa si de hoy a octubre Panamá no cumple con firmar acuerdos? ¿Se repetirá la historia y volverán a hacer pataleta? Y tercero, porque puede degenerar en un trato inequitativo para quienes tienen capitales invertidos en otras jurisdicciones que sí están incluidas en el listado.

Si el Gobierno no adopta una posición más estricta, la regulación sobre paraísos fiscales quedará relegada a ser una carta a Papá Noel. Ello, de la mano con la cuestión ética –una Administración eficaz y transparente, y un contribuyente consciente de su papel en sociedad, hará que los capitales se fuguen cada vez menos hacia nuestro vecino paradisíaco.

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