La Carrera Judicial y las Altas Cortes

Los ex-presidentes del Consejo de Estado, el Dr. Luis Fernando Álvarez y el Dr. Ricardo Hoyos Duque dan su opinión sobre temas de profunda relevancia dentro de la coyuntura nacional.

Por: Santiago Rojas Montoya, séptimo semestre de Derecho, s.rojas113@uniandes.edu.co

“Yo quiero ser Juez.” Una frase que pocas veces pronuncian los estudiantes de Derecho Uniandinos y que genera sorpresa en aquellos que la oyen. La vocación de un abogado de ser Juez es loable, producto usualmente de una influencia familiar, una experiencia crucial en sus vidas o en la admiración que produce el estudio de los grandes Jueces de la historia colombiana reciente, tales como Carlos Gaviria, Ciro Angarita, Alfonso Reyes Echandía, o Gerardo Monroy Cabra, que han asombrado al país con sus sentencias visionarias con profundo sentido de justicia y deber. Enalteciendo la Rama Judicial, que es la llamada a ser garante de los derechos de los ciudadanos y las comunidades, para materializar la ley en situaciones concretas y transformar la realidad del país. Sin embargo, la percepción de las Altas Cortes y de la carrera judicial ha sufrido, tanto por escándalos de supuesta corrupción, como por los paros reiterados de la rama judicial, las críticas de sus opositores y los comportamientos reprochables de algunos pocos Jueces que han tenido eco en los medios de comunicación.
De forma coyuntural, nos enfrentamos con el caso del Magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt Chaljub, quien ha sido vinculado en tres investigaciones de la Fiscalía. Se le ha acusado de corrupción por su supuesta intervención en el juzgamiento de la tutela de Fidupetrol a cambio de 500 millones de pesos, de concierto para delinquir y desplazamiento forzado de población civil (entre otras) por la compra del predio La Corona en Turbó, Antioquia. También ha sido acusado por supuesto tráfico de influencias con por el nombramiento de Gilma Londoño en la Fiscalía Seccional de Córdoba. Delitos asombrosos para verse acusado un magistrado de la alta Corte, encargado de salvaguardar la Constitución.

Resulta evidente que los puntos a favor y en contra del ejercicio de la profesión judicial, que concuerdan con los elogios y las críticas a la rama judicial, tienen un impacto poderoso en los estudiantes de derecho, siendo fundamental la visión que tengan de la rama para la toma de decisiones profesionales. Por ello Al Derecho se acercó a dos ex-presidentes del Consejo de Estado (órgano que no ha sido involucrado en la coyuntura), el Dr. Luis Fernando Álvarez, actual decano de la facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana y el Dr. Ricardo Hoyos Duque, el presidente más joven en la historia de la corporación. Ellos nos concedieron una entrevista donde nos comparten su visión de la rama judicial, de la coyuntura y de la carrera judicial.

Al Derecho: ¿Cuál es su visión de la carrera judicial y las altas cortes?
Dr. Luis Fernando Álvarez: Los magistrados de altas cortes deben tener un compromiso total con su función judicial, absolutamente aparte de toda otra actividad profesional. Este propósito se cumple fundamentalmente a través de una formación especial, que sólo se obtiene mediante una Carrera Judicial cerrada, a la cual sólo podrían acceder los estudiantes con más alto nivel académico. El aspirante deberá ocuparse durante un tiempo en ejercer como juez, posteriormente como magistrado de tribunal, luego como magistrado auxiliar de Corte y finalmente participar en un concurso de alta exigencia para acceder a vacantes que surjan en las altas cortes. Cada paso exige superar el respectivo concurso.
Dr. Ricardo Hoyos Duque: En relación con la carrera judicial, si bien su finalidad es lograr que sean los mejores los que accedan a los cargos en la rama judicial, en la práctica esto no se ha logrado, lo cual pone en duda su eficiencia e idoneidad en los procesos de selección. Como se propone en el proyecto de equilibrio de poderes, la tercera parte de los miembros de las altas cortes debería ser para funcionarios de carrera, sin dejar de reconocer la importancia de que allí tengan asiento personas que lleguen de la academia o del ejercicio profesional.
A.D.:  ¿A su parecer, hay una renuencia o aversión a participar de la carrera judicial?
L.F.A.: Considero que sí, por varias razones: En primer lugar, porque se cree que la inscripción en la carrera judicial le hace perder al abogado la oportunidad de disputar otras fuentes de trabajo, quizás más lucrativas. En segundo término, porque existe una gran desconfianza sobre los procedimientos y órganos encargados de realizar los exámenes y demás pruebas necesarias para la carrera judicial.
R.H.D.: No. Todo lo contrario. El alto volumen de personas que se inscriben a los concursos de la rama judicial demuestran lo contrario. La pregunta que habría que hacerse es si estas personas que tienen interés en ingresar a la carrera judicial, lo hacen por una verdadera vocación de ingresar a la administración de justicia o más bien, por la buena remuneración que allí se obtiene, comparada con la que se obtiene en la rama ejecutiva del poder público.
A.D.:  ¿En su visión, la carrera judicial debe fortalecerse de qué forma? ¿Las facultades de derecho como pueden y deben ayudar?
L.F.A.: Hay que establecer claridad y transparencia en los criterios de selección y evaluación y órganos de alto nivel encargados de desarrollar el procedimiento necesario para que la carrera sea estable y seria. Las Universidades deben preocuparse por formar abogados para jueces; la teoría del derecho y de la argumentación debe estimular la actividad del juez y señalar caminos para promover entre estudiantes, el ejercicio de la función judicial.
R.H.D.: Sí, claro que se tiene que fortalecer. Esto puede realizarse mejorando los procesos de selección. Las facultades de Derecho podrían ayudar elevando el nivel de sus egresados, y buscando la motivación de sus estudiantes para que estos se vinculen a la administración de justicia.
A.D.:  ¿En qué medida es responsable el estado de la carrera judicial de los escándalos de corrupción de algunas de las altas cortes? ¿En su opinión, cuáles son las causas de la mala imagen de las altas cortes?
L.F.A.: Ambas preguntas se relacionan. No cabe duda que la falta de una carrera judicial que abarque las altas cortes, la forma como se eligen sus magistrados y la manera como intervienen en asuntos públicos electorales, son las principales causas de su desprestigio.
R.H.D.: La carrera judicial no tiene nada que ver con los escándalos de corrupción, hay que precisar que el ingreso a las altas cortes no se hace por carrera judicial. Los escándalos de corrupción en las altas cortes indirectamente comprometen a las autoridades encargadas de su postulación o elección. Es decir, el Presidente de la República y el Senado de la República.
A.D.: ¿Cuál es su posición frente al caso de corrupción actual en la Corte Constitucional?
L.F.A.: Como profesionales del derecho debemos ser muy cuidadosos en lanzar juicios de valor contra las instituciones y sus integrantes. Es cierto que existe una acusación en virtud de una noticia dada por un abogado. Pero judicialmente nada se ha demostrado ni penal, ni disciplinariamente. Mi concepto es que independiente de posiciones personales, lo cierto es que hay estructuras institucionales que facilitan la comisión de hechos delictuosos o por lo menos contrarios a la ética. Hay que esperar los resultados de las investigaciones. Entre tanto hay que apoyar las instituciones y a sus integrantes.
R.H.D.: En primer lugar, en un Estado de Derecho debe garantizarse el debido proceso de cualquier persona al que se le impute la comisión de un acto delictivo. En tales condiciones, no son los medios de comunicación los encargados de definir la permanencia o no de los magistrados respecto de los cuales exista alguna denuncia. Sin embargo, considero que frente a acusaciones graves como las que se han realizado, una actitud responsable debería conducir a quien se hacen tales señalamientos a separarse temporalmente de sus funciones hasta tanto su juez natural, que en este caso lo es la comisión de acusaciones de la Cámara, se pronuncie, con el fin de no afectar el buen nombre de la Corte Constitucional.
A.D.: ¿Es quitarle la capacidad nominadora a las cortes una solución? Cuál sería el enfoque correcto, para usted, para enfrentar la “crisis” de las altas cortes?
L.F.A.: Aunque la pregunta es un poco ambigua, lo cierto es que para evitar las continuas acusaciones de corrupción y faltas a la ética, inicialmente es necesario introducir correctivos institucionales, que podemos resumir de la siguiente manera: (i) Suprimir toda intervención de las altas cortes en la elección de altos funcionarios del Estado. (ii). Quitarle a los jueces toda posibilidad de tomar decisiones discrecionales, sin una motivación expresa. La decisión sobre las solicitudes de revisión y de insistencia de revisión de tutelas ante la Corte Constitucional, no puede seguir siendo una facultad discrecional sin necesidad de argumentación expresa. (iii) Es necesario revisar el tema de la tutelas contra sentencias, especialmente contra sentencias de las otras altas cortes. (iv). Debe revisarse la forma de integración de las altas cortes. La manera como se eligen sus integrantes y la forma de trabajo de éstos. (v) Debe también revisarse el sistema de control y responsabilidad de los altos magistrados. En el Estado de derecho no es sano que existan servidores públicos sin un claro control penal, disciplinario y fiscal.
R.H.D.: La facultad nominadora de las altas cortes que la constitución de 1991 pretendió despolitizar los organismos de control, produjo el efecto perverso de politizar a las altas cortes. Hoy en día existe consenso en la conveniencia de eliminar tales potestades nominadoras, sin embargo esto es solo parte de la solución a la crisis de la justicia. Lo que se debe buscar es que a las altas cortes lleguen los mejores. Que con su ejemplo constituyan verdaderos referentes de conducta para las nuevas generaciones de abogados. Como en su momento lo fueron, los magistrados de la corte constitucional Ciro Angarita y Carlos Gaviria.

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