La Inclusión y Educación Financiera ¿Una herramienta para la paz?

Un estudiante de la Facultad de Derecho nos presenta un análisis detallado en torno a las necesidades político-jurídicas a las que se ve enfrentada una Colombia rural. Asimismo, presenta los avances que al respecto han sido llevados a cabo por el gobierno. A su vez, comparte breves pero enriquecedores comentarios al respecto.

Por: Juan David Quintero, séptimo semestre de Derecho, 

Al abordar la discusión del conflicto armado colombiano todos coinciden en el desarrollo agrario como un punto neurálgico del mismo. Por esta razón lo primero en abordarse en la mesa de negociación de la Habana fue un acuerdo en una política de desarrollo agrario integral. Si se buscara resumir el acuerdo sobre desarrollo agrario se tendría que decir que las partes a través de este documento buscan principalmente fortalecer la economía campesina  a través de la formalización del campo así como garantizar el acceso y uso adecuado de la tierra.  Con este objeto, el gobierno nacional asumirá la responsabilidad de hacer ajustes administrativos y seguramente legislativos, como también asegura una serie de prebendas financieras para garantizar la ejecución real de los acuerdos.

De esta manera, se lee como el gobierno se comprometió a realizar inversiones principalmente en infraestructura, entre otros, vías y sistemas de riego (Numeral 3.1 del acuerdo). Así como las medidas afirmativas económicas que son principalmente subsidios financieros para el campesinado a través de créditos especiales que se encuentran en el numeral 3.3 del acuerdo llamado “Estímulos a la Producción Agropecuaria y a la Economía Solidaria y Cooperativa”.

Si bien es indiscutible la necesidad de ambas acciones para asegurar la eficiencia y eficacia del acuerdo, es lamentable que no se hayan pactado limites temporales para las prebendas económicas. Las medidas especiales para los campesinos que se incluirán en un mercado capitalista donde quien gana es el eficiente, son indispensables. Además, hay que reconocer que para nadie es un secreto el rezago del campo nacional. Empero, estas políticas no pueden ser permanentes a cargo del estado y hace necesaria la “normalización” a cargo del sector financiero del país para asegurar el desarrollo normal  y pacifico del campo y no limitar el progreso agrícola a la dependencia económica estatal. Lamentablemente en el acuerdo no se leen límites temporales para nada de lo acordado.

Entonces, en un mediano o largo plazo los campesinos deben ir migrando de la dependencia absoluta del estado para la producción agrícola a una dependencia subsidiaria en eventos de demanda intempestiva de competitividad o eventualidades naturales, como plagas, inundaciones etc. Así las cosas, cobra relevancia la necesidad de considerar tres temas fundamentales para la banca hoy día y que serán igualmente relevantes para los acuerdos de paz a largo plazo para garantizar la “normalización productiva del campo”, estos son la educación, la inclusión financiera y la protección del consumidor financiero.

El Superintendente Financiero Gerardo Hernández durante su intervención en el Congreso Internacional de Derecho Comercial y Financiero, dedicó un aparte de su presentación a estos tres temas. El funcionario público explicó diez estrategias que adelanta la entidad para desarrollar estos postulados, pero a mis ojos son cuatro los más relevantes para los acuerdos de paz; Educación Financiera, Crédito para la Inclusión Social, Microcrédito y las facultades jurisdiccionales entendidas como protección al consumidor; sin dejar de ser los otros también importantes.

El numeral 3.3.1, literal A del acuerdo, se refiere al compromiso en el acompañamiento financiero a las comunidades rurales para incentivar asociaciones productivas que aumenten la eficiencia. En los términos del Superintendente, esto es precisamente brindar educación financiera pero a un sujeto pasivo especial, las asociaciones de campesinos.

El numeral 3.3.3 se encarga de subsidios, generación de ingresos y crédito; allí se puede hacer una referencia directa a los postulados de Crédito para la Inclusión Social y Microcrédito del Superintendente. Por ejemplo, el literal A hace referencia a créditos subsidiados de capital semilla que aseguren el arranque exitoso de proyectos productivos. Asimismo la realidad de los acuerdos persigue un modelo de acceso democrático a la tierra en lugar de la acumulación de terratenientes, por esta razón los campesinos van a necesitar líneas de microcréditos para poner a producir eficientemente sus parcelas.

Paralelamente hay que anticiparse a la premisa de que el sector financiero se presta para abusos y el Estado está en incapacidad de proteger al consumidor. De acuerdo a los datos del Superintendente, la actuación de su entidad como protectora de los intereses de los consumidores financieros es destacable, pues las demandas de protección van en relativo aumento e igualmente causa interés que de 1020 procesos 688 son de mínima cuantía. Es decir, más del 50% pueden ser por microcréditos, los cuales como ya se dijo, serán de vital importancia para el desarrollo del campo.

Con base en lo anterior podemos concluir en la necesidad de la migración en un mediano a largo plazo, de la dependencia financiera absoluta sobre el Estado del campo colombiano, a una dependencia normal sobre el sector financiero nacional. Y al escuchar los planes de educación, inclusión y protección financiera vemos que el Estado reconoce y se prepara para esta realidad.