Entrevista a Catalina Botero

En esta entrevista, una estudiante nos presenta un detallado análisis de la crisis vivida en Venezuela por la vulneración del derecho de la libertad de expresión desde la perspectiva de Catalina Botero, Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, cuando lideraba la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA.

Por: Violeta Mejía Londoño. Estudiante de séptimo semestre de Derecho con opción en periodismo. vl.mejia10@uniandes.edu.co.

Globovisión, entre muchos otros medios nacionales e internacionales, ha sido objeto de graves amenazas por parte del presidente venezolano Nicolás Maduro. Adriana Bernal, vice presidenta de la Sociedad Colombiana de Prensa y Medios de Comunicación, dice que situaciones como ésta atentan contra la democracia porque “el no tener medios de comunicación libres hace que la ciudadanía no tenga información y no se pueda expresar libremente”. Los vetos a los medios de comunicación son indicios de una crisis en la que se atenta contra la libertad democrática, creando así una “dictadura donde no existen alternativas distintas a las que da el Estado”.

Según el Informe Anual de Reporteros sin Fronteras, en el año 2015 Venezuela estaba en el puesto 137 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa. Allí se han iniciado procesos judiciales contra medios nacionales por cubrir las marchas ciudadanas y se ha restringido el acceso al papel periódico para los medios de comunicación independientes, lo que necesariamente lleva a reducir de manera significativa su actividad. Miguel Silva, cabeza de la firma de comunicaciones estratégicas Galileo 6, define la situación venezolana como “dramática”. Afirma con preocupación que la “libertad de expresión en Venezuela no existe ya que a las cadenas de radio que critiquen al gobierno les quitan la frecuencia y en televisión ya no queda nadie que pueda ser crítico porque todos los medios son afectos al gobierno”. Con respecto a los medios escritos, Silva afirma que sólo queda el Periódico El Nacional, el cual no tiene dinero para comprar papel, lo que deja al periódico sin ingresos. Cree que la comunidad internacional podría intervenir, bien sea promoviendo un sistema que le permita a los diarios venezolanos acceder a divisas y poder importar papel o incluso al extremo de imponer sanciones comerciales contra Venezuela.

Para dar soluciones a lo anterior, la OEA (Organización de Estados Americanos) ha sido fundamental. Ésta busca promover el diálogo entre sus miembros e intervenir cuando estos vulneran los derechos humanos de sus ciudadanos. A través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, encargada de asegurar el respeto del derecho a la libertad de expresión e información, la OEA ha buscado la forma de impedir la vulneración de este derecho. Desde el año 2008 hasta el 2014, Catalina Botero, abogada de la Universidad de Los Andes y ahora Decana de la Facultad de Derecho de la misma universidad, lideró esta oficina la cual entre sus prioridades mejorar la situación venezolana.

Cuéntenos cómo fue su experiencia personal con Venezuela cuando fue Relatora Especial para la Libertad de Expresión.

Catalina Botero: Yo creo que fue un aprendizaje enorme sobre la región, sobre sus problemas, tendencias y dilemas que plantean las propuestas populistas antidemocráticas. Tuve desafíos, pero estos son normales en un cargo como este y, finalmente, la oficina quedó fortalecida.

Para usted, reconocida en América Latina y el Caribe como líder y defensora de los derechos humanos, ¿qué es la libertad de expresión? ¿Qué representa?

CB: La libertad de expresión es el derecho que tienen todas las personas a pensar por cuenta propia, a tener sus propias creencias sobre el mundo y comunicarlas, expresarlas, a buscar información sobre la situación en la cual se encuentra el país, no pueden tomar decisiones adecuadas, no solo desde el punto de vista político, sino incluso desde el punto de vista de su vida personal, como irse o no del país, escoger un oficio u otro, porque no se sabe qué condiciones hay para desarrollar actividades en distintos sectores económicos. Tampoco se sabe si el dinero que se tiene sufrirá una devaluación, tampoco se sabe cuáles son las reservas del país ni cómo se están prestando los servicios de salud.

En la historia reciente de Venezuela, se han cerrado varios medios de comunicación nacionales, regionales y locales. ¿Qué implicaciones ha tenido esta decisión para el país y para la región?

CB: Se pierden voces fundamentales para poder hacer un debate público legítimo y se crean prácticas restrictivas y de censura que son antidemocráticas y violan los estándares internacionales.

En el reporte anual del 2014 de la OEA se explica cómo el Directorio de Responsabilidad Social en Radio y Televisión emitió un comunicado diciendo que cubrir hechos violentos ocurridos en Venezuela incitaba al odio y la intolerancia y por esto, iba en
contra de la Ley Resorte. ¿Qué piensa usted de lo anterior?

CB: Durante varios años la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA sostuvo que la Ley Resorte, que es la ley que permite sancionar a medios de comunicación cuando crean zozobra o atentan contra algunos valores que son muy ambiguos, era una ley que estaba siendo aplicada para silenciar a la disidencia. Los medios de comunicación suelen cubrir hechos de interés nacional y muchos de ellos tienen que ver con violencia. Cubrir hechos violentos no es generar zozobra, es informar a la población.

El mismo reporte relata ataques sistemáticos a periodistas tanto nacionales como internacionales por parte de la Guardia Nacional Bolivariana e individuos que apoyan al Gobierno. ¿Qué tan eficaces son las denuncias hechas por estos periodistas ante los organismos correspondientes?

CB: Creo que lo que se logra al hacer esas denuncias es que se visibilicen ante la comunidad
internacional este tipo de situaciones. Si bien esto no ha logrado revertir la situación, me parece que sí puede tener algún nivel de eficacia en términos de la contención. Yo creo que sería peor si no existieran estos órganos internacionales.

El periodista es considerado un sujeto de especial protección por parte del derecho internacional. ¿Qué herramientas tienen los países para evitar este tipo de ataques?

CB: Los países tienen tres tipos de obligaciones para evitar estos ataques hacia periodistas. Primero, la obligación de prevenir la violencia contra los periodistas, lo que supone obligaciones como, por ejemplo, no tener un discurso que promueva esa violencia o protocolos del manejo de la fuerza pública. También, a proteger a los periodistas y a luchar contra los crímenes cometidos contra los periodistas.

El embajador de Venezuela ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) denunció cómo medios de comunicación internacionales hacían parte de campañas difamatorias en contra de Nicolás Maduro. ¿Cómo manejar esta coyuntura desde la Relatoría que usted dirigió?

CB: En la mayoría de los países democráticos eso lo único que genera es una burla. La denuncia de un embajador contra medios internacionales no tiene ninguna importancia. Los medios internacionales no tienen ningún temor a ser objeto de críticas por parte de algún funcionario. El problema real es para los periodistas que están adentro del país. De hecho, un periodista de una agencia internacional fue recientemente detenido y sus equipos destrozados porque estaba haciendo una investigación en un hospital. Es decir, el problema realmente es para los periodistas que están dentro del país, que requieren de una protección especial, pero quien tiene que dársela es la autoridad que está completamente en contra de lo que están haciendo los periodistas. Hoy el periodismo en Venezuela es una situación de riesgo.

¿Hasta qué punto puede intervenir la OEA en Venezuela?

CB: Venezuela suscribir todos los tratados internacionales más importantes en materia de derechos humanos y, por lo tanto, los órganos de supervisión de esos tratados tienen competencia para tomar decisiones sobre Venezuela. Además, la OEA puede aplicar la Carta Democrática Interamericana, pero para esto necesita una mayoría de Estados que hasta el momento no ha podido conseguir. Lo que sí ha pasado es que esos Estados han permitido la discusión lo cual hace tres años hubiera sido imposible. Es decir, Venezuela ha perdido hegemonía regional.

¿Cree que la comunidad internacional y la regional han debatido lo suficiente sobre todo lo anterior?

CB: No. Me parece que en general no se ha discutido a profundidad realmente cuál es la situación de libertad de expresión en Venezuela. Es un tema muy ideologizado; la gente está de acuerdo con el gobierno. Consideran que es un invento de la prensa internacional. Mucha gente de la comunidad internacional que está en contra del gobierno utiliza adjetivos para calificar la situación, pero cuando uno les pregunta por cuáles son las razones, a veces no tienen muy claro los hechos. Entonces me parece que sí hay que debatir más y entender porqué éste no es un tema ideológico entre izquierda y derecha de ninguna manera. Es decir, hay una izquierda democrática y hay una derecha democrática y hay una “autodenominada” izquierda antidemocrática y una “autodenominada” derecha antidemocrática. Y este es un típico régimen antidemocrático. Pero creo que no se ha debatido muy bien no solamente qué sucede, es decir, hechos concretos que serviría que la gente los conociera porque sirven en algún momento para poder tener discusiones razonables.

El gobierno y la oposición ratificaron una cita para dialogar. ¿Se podrían esperar avances o acuerdos sobre la libertad de expresión y el uso de los medios de comunicación?

CB: El diálogo es un camino fundamental, pero ha sido muy difícil en la medida en que e gobierno venezolano no quiere ceder y los radicales de ambos lados tienen posiciones extremas. Pero particularmente, el problema ha sido que el gobierno venezolano no quiere ceder en absolutamente nada porque entiende que un revocatorio en 2016 supone de manera inmediata la salida del poder.

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