El experimentalismo democrático en la tierra de las mariposas amarillas

De manera meticulosa es explicado el Experimentalismo Democrático como solución a los males que aquejan al aparato estatal y, por consiguiente, como tercera vía.

Autor: Felipe Gärtner Jaramillo. Economista y estudiante de décimo semestre de Derecho. f.gartner1900@uniandes.edu.co

El Experimentalismo Democrático (ED) es una teoría de lo que puede y debe ser el derecho administrativo, o mejor, el funcionamiento del aparato estatal como prestador de servicios públicos y regulador de las actividades de los particulares. Según Unger (1998), en un momento en que las ideologías han agotado sus propuestas, y que es evidente el fracaso de tanto el neoliberalismo como el del comunismo, se hace necesaria una tercera vía. El ED propone que las instituciones del Estado puedan, en colaboración con las comunidades, diseñar soluciones a problemas concretos y luego evaluar
los resultados de estos experimentos institucionales.

Lobel (2004) llama al ED el renewdeal por decir que no tiene mucho de nuevo, ya que se trata de mantener el diseño institucional del New-Deal, con su énfasis en lo social; es ecir, el gran programa del presidente Franklin D. Roosevelt en la década de los treinta para revitalizar la economía estadounidense. Construye sobre los principios del ragmatismo americano, en particular de Dewey, en la búsqueda de la democracia participativa como la solución para la inclusión de los sectores excluidos y explotados de as sociedades liberales. El renew-deal de Lobel ha sufrido diferentes alteraciones en respuesta a los diferentes cambios que estaban ocurriendo a finales del siglo XX, como las facilidades en la comunicación, la globalización, el considerable peso de la economía y la política en las relaciones tanto internacionales como nacionales, entre otros. Para obel la adaptación del derecho a estos cambios trae una nueva forma de gobierno que, como el new-deal, sigue teniendo un objetivo social, pero que ahora lo hace a través de odelos pragmáticos que integran la participación de actores no estatales, de una mayor colaboración público-privada, mayor descentralización, flexibilidad y más incentivos no coercitivos, donde la regulación responde de forma pragmática a las fallas del mercado, ero no lo reemplaza.

El ED busca la participación de las tres ramas. Así lo explican Charles Sabel y Dorf (1998) en su artículo seminal sobre el derecho constitucional y el ED en los Estados Unidos de América. Sabel y Dorf proponen la creación de una estructura institucional que encuentre las mejores soluciones a los problemas sociales, facilitando el diálogo entre las diferentes comunidades, la deliberación al interior de las mismas, la eficiencia y la solución pragmática de problemas concretos. Esto requiere que los legisladores y jueces actúen de forma coordinada con el ejecutivo para permitir variaciones y experimentos en el diseño institucional y para evaluar sus resultados.

Así, se buscan tres ejes que permitan superar el impase institucional que surge del fracaso económico y de justicia social tanto de los regímenes comunistas y socialistas como del neoliberalismo: i) eficiencia económica, la obtenida mediante la implementación de políticas públicas adaptables que permitan efectivamente la solución del problema concreto sin crear gastos innecesarios; ii) legitimación política, que no es más que el apoyo y participación de la comunidad en la solución de los problemas propios, resolviendo el déficit democrático de las grandes ideologías del pasado; iii) la democracia social, representada con un balance entre la democracia representativa y la democracia con participación directa.

El modelo supone que si en un lugar existe un problema determinado, la probabilidad de que ese mismo problema exista en otro lugar es alta, por lo que la deliberación entre las comunidades y el conocimiento de las acciones para mitigar dichos problemas es de vital importancia para el funcionamiento del modelo. Así, se podrá adoptar una política que no sólo afecte a las personas que la crearon sino que, si es exitosa, se replique para ayudar a otras comunidades con problemas similares.

Por otra parte, la legitimidad surge de la participación de las comunidades envueltas en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas, y de hacerlo de manera sistemática y desde el diseño institucional. Por ejemplo, al determinar la política pública para disminuir la velocidad en la calle principal del barrio se busca que las decisiones adoptadas en estas comunidades tengan un valor no sólo a nivel local sino eventualmente nacional.

En Colombia, este punto es, sin duda, en el que más se debería trabajar, pues si bien hay muchas instancias de participación, éstas no generan mayor legitimidad pues el que sigue tomando las decisiones es el gobierno y las instancias de participación son por lo general meramente consultivas (Lemaitre 2016). La inclusión de la comunidad en la toma de decisiones es un tema que debe ser revisado en nuestro diseño institucional, así como su relación con la legitimidad del gobierno. Debe buscarse la creación de mecanismos de incentivación y motivación dirigidos a las personas con el único fin de involucrarlas en la toma de decisiones.

La propuesta del ED es la siguiente: en primer lugar encontramos a la comunidad, organizada, deliberando, con la ayuda de un diseño institucional que propicie esta deliberación y la toma de decisiones que de allí surjan. Es la comunidad entendiendo los problemas a los cuales se ve sometida todos los días. Dicha comunidad presenta soluciones en compañía de una agencia descentralizada dedicada a la solución de este tipo de problemas (por ejemplo de la calidad de los colegios locales, o de la seguridad del barrio) con total autonomía presupuestal y capacidad regulatoria. Juntos encuentran soluciones que permitan la mitigación del problema y las ponen en práctica, evaluando la efectividad de la solución. Esta agencia responde al ejecutivo de manera parcial y su responsabilidad es autónoma, es decir que el Estado no tiene responsabilidad sobre las actuaciones de estas agencias. El ejecutivo adjudica el presupuesto que considere necesario para cada una de las agencias y va sistematizando la información que le llega para evaluar las soluciones más efectivas.

Por su parte el legislativo permite la flexibilización de las regulaciones que se tomen para mitigar los problemas, dando espacio a que dicha normatividad tome efectividad o no en la sociedad para su posterior evaluación, permitiendo que las agencias trabajen junto a la comunidad con mayor movilidad y flexibilidad. Del mismo modo, el sistema judicial no buscará medidas coercitivas o tomará decisiones sobre la ilegalidad de los actos administrativos expedidos por las agencias sin antes revisar si el experimento está o no dando resultados. De esta forma sepermite que la normatividad, la judicialización y la administración del sistema sean acordes a las necesidades de los integrantes del mismo. Implica, de la misma forma, un espacio coherente para el desarrollo de las políticas, la correcta implementación de las mismas y la retroalimentación de soluciones
que lleven efectivamente a la solución de los problemas concretos.

Para Super (2008) es prácticamente imposible poner de acuerdo a la comunidad sobre un problema común. Entre los problemas que pueden generarse de este tipo de discusiones se encuentran los conflictos de interés, los costos de transacción, lo limitado del diálogo, la incapacidad institucional, entre otros. Esta crítica parece especialmente relevante en Colombia, donde no hay experiencia previa en la deliberación continua y a conciencia. Los presupuestos participativos también se pueden considerar parte de esta tradición y se podrían expandir a las políticas y planes de agencias individuales y específicas como, por ejemplo, el ICBF, la Unidad de Restitución de Tierras, entre otros. Las agencias que tengan este tipo de diseño institucional, abierto al aprendizaje, sí deberían ser descentralizadas en la toma de decisiones y en la autonomía que por definición incluyen. in embargo, se debería implementar un plan de mitigación en el que el Estado en casos específicos responda por las posibles falencias de estas agencias de manera similar a la intervención en el mercado.

El principal reto del ED para Colombia es quizá la poca capacidad presupuestal que se le podría asegurar a las agencias, que limitaría el espacio necesario para experimentar y generaría costos de oportunidad muy grandes, obligando así a experimentar menos, deliberar menos y decidir menos. El ED es la continua interlocución de los diferentes actores del sistema con el único fin de encontrar soluciones consensuadas a problemas comunes y locales, unido a un enfoque pragmático que permite ensayar diferentes soluciones institucionales a los problemas, y aprender de los errores y aciertos. Eso es el ED: dinamismo, colaboración, participación y flexibilización.