Saltar al contenido

El florero de Puigdemont

Por: Daniel Delgado Ferrufino. Estudiante de 7mo semestre de Derecho, y miembro del Consejo Editorial.

“Es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional”. Esas fueron las palabras del Rey de España, Felipe VI, que en una trasmisión televisiva rechazó el referendo catalán del 1 de octubre, al que tildó de ilegal[1]. Este referendo fue el inicio de un circo independentista que causó la fuga de más de 1200 empresas del territorio catalán y culminó con la declaratoria unilateral de independencia por el Parlamento Catalán. El mismo 27 de octubre, tanto el gobierno central español como la Generalitat (el gobierno de la región autónoma de Cataluña bajo la Constitución española) han esbozado sus planes para decidir el futuro de España y Cataluña.

El plan para la independencia de Cataluña

La independencia ha sido declarada por el Parlamento con la aprobación de la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República. Esta ley será la “ley suprema” que regirá hasta que se promulgue la Constitución catalana. Así se formará el Estado de Cataluña:

La Administración Pública: La administración de la Generalitat será remplazada por el Estado Catalán. Todo el personal de la Generalitat se integrará a la administración pública de Cataluña en las mismas condiciones.

Fases para la Constituyente: Según la Ley de Transitoriedad este proceso tendrá tres fases. La primera será un proceso deliberativo y participativo en donde se promulgará una ley que regule el proceso constituyente. La segunda fase serán las elecciones de la Asamblea Constituyente, que remplazará al Parlamento Catalán y que será la autoridad que redactará la Constitución catalana. Por último, dicho texto será sometido a refrendación popular.

Jefe de Estado: También se indica que, durante todo este proceso, el presidente de la Generalitat será el jefe de Estado. La ley deja a discreción de la Asamblea Constituyente si también ejercerá funciones de jefe de gobierno, o si se separarán dichos poderes.

Nacionalidad catalana: Podrán ser nacionales catalanes todos los españoles que residan en Cataluña antes del 31 de diciembre de 2016 y los que residan desde el 1 de enero de 2017, y cumplan dos años en esta condición. También, serán catalanes todos los españoles nacidos en Cataluña y los hijos de padre o madre catalán.

Vigencia de las leyes: Las leyes locales y estatales que no vayan en contravía de la Ley de Transitoriedad mantendrán la vigencia. Así mismo, seguirán vigentes las leyes europeas y los tratados internacionales. Por último, los artículos de la Constitución española o de leyes especiales (estatutarias, orgánicas), se mantendrán vigentes, pero pasarán a tener rango de ley ordinaria.

Tratados Internacionales: El Parlamento catalán decidirá sobre la continuidad, renegociación o retirada de todos los tratados internacionales que le apliquen a Cataluña.

Amnistía: Se establece una amnistía para todos los investigados o condenados por el proceso independentista.

Plan del gobierno español para retornar al orden constitucional

El presidente de España, Mariano Rajoy, ha convencido al Senado de aplicar el artículo 155 de la Constitución Española que establece la posibilidad de que si una comunidad autónoma (como Cataluña) no cumple con “las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.”

Es decir, la Constitución Nacional de España le da al presidente una carta blanca para que tome las medidas necesarias para hacer que una Comunidad Autónoma regrese al orden constitucional. Con base en esto, y solo minutos después de que el Parlamento catalán declarara la independencia de España, Mariano Rajoy, tras una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros y con la aprobación del Senado, ha anunciado las destituciones de Carles Puigdemont y de todo el Gobierno catalán en pleno. A partir de ese momento, los diferentes Ministros del Gobierno en sus competencias asumirán las funciones necesarias para gobernar dicha región hasta que haya nuevas elecciones para el Parlamento catalán, que se llevarán a cabo el 21 de diciembre, pero la Constitución le permite a Rajoy aplazarlas hasta abril de 2018.

La incertidumbre de lo que viene

Lo que viene es incierto. Por un lado, el plan catalán no parece tener éxito, pues la economía de Cataluña se está desmoronando por la rápida y masiva huida de capital y la incertidumbre de cómo será el futuro de la Banca Central de Cataluña, pues una dependencia del Euro podría generar un alto nivel de endeudamiento, y pasarse a una propia moneda podría generar un efecto hiperinflacionario. También, la legitimidad de la independencia va por mal camino, pues la Unión Europea ha apoyado firmemente al Estado español, y se niega a entrar en negociaciones con un gobierno catalán. Además, ningún país ha reconocido formalmente el Estado catalán.

Es igualmente incierta la situación del expresidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, y el resto del destituido gobierno que se han negado a aceptar la destitución, lo que podría generar que la justicia los juzgue por los delitos de rebelión, los cuales pueden ser castigados hasta con 30 años de cárcel bajo esa jurisdicción.

Lamentablemente, el plan del gobierno central español tampoco augura mucho éxito. Esto se debe a que aunque las encuestas recientes y las demostraciones del sábado 28 en las calles de Barcelona sí demuestran que la mayoría de los catalanes también se sienten españoles, todo parece indicar que en las nuevas elecciones el voto independentista catalán se mantendrá en un 48% del Parlamento, lo que de ninguna manera asegura que una situación similar se vuelva a repetir pronto. Por todo lo anterior, me quedo con la frase que está en la portada de la nueva edición de Semana: ¿Se rompe España?

[1] El País. El jefe del Estado se dirige a la nación en una alocución ante «una situación de extrema gravedad”– Octubre de 2017

Categorías

Jurídica

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: