El precio de la libertad

Por: María Juliana Rodríguez Urbano. Estudiante de décimo semestre de Derecho y Ciencia Política con opción en Periodismo, y miembro del Consejo Editorial. mj.rodriguez10@uniandes.edu.co

El pasado domingo 1° de octubre, durante el último día del festival de música country Route 91 Harvest en Las Vegas, 58 personas perdieron la vida y otras 489 más fueron heridas en el que ha sido considerado el tiroteo masivo más mortal en la historia de Estados Unidos. A las 10:05pm Stephen Paddock, un contador retirado de 64 años disparó con un rifle semiautomático contra los cerca de 22.000 asistentes al festival, desde el piso 32 del hotel Mandalay Bay Resort and Casino. La policía respondió inmediatamente y, una hora después, un equipo SWAT logró entrar a la habitación y encontró a Paddock muerto, como resultado de un suicidio. En la habitación las autoridades encontraron más de una veintena de armas y un centenar de municiones. Al averiguar sobre su vida y su pasado, descubrieron que Paddock poseía alrededor de 50 armas, de las cuales había comprado 33 sólo en este último año.

El atroz acontecimiento volvió a poner sobre la mesa uno de los debates más controversiales en Estados Unidos: el control de armas. La relativa facilidad con que cualquier persona puede comprar un arma ha sido objeto de críticas por varios ciudadanos considerados “liberales”. No obstante, hay una fuerte oposición por parte de los llamados “conservadores” (tanto políticos como ciudadanos), ya que se trata de un derecho constitucional otorgado desde que Estados Unidos se independizó del imperio británico, y que su regulación requeriría una reforma a la Constitución. La delicadeza y controversia del debate se debe a sus antecedentes, ya que pareciera ser que los tiroteos masivos se han convertido en un “día a día” del país más poderoso del mundo. Tiroteos como el de la Escuela Secundaria de Columbine, (Colorado, 1999); el del Instituto Politécnico y Universidad Estatal de Virginia, conocida como Virginia Tech, (Virginia, 2007); el de la Escuela Primaria Sandy Hook, donde murieron niños de seis y siete años (Connecticut, 2012) y, más recientemente, el ocurrido en el club nocturno Pulse (Florida, 2016), han hecho de la violencia armada un suceso repetitivo en ese país.

Pero ¿a qué se refiere el control de armas?

En Estados Unidos, el control de armas es un término utilizado para referirse a cualquier restricción sobre qué tipo de armas de fuego pueden venderse y comprarse, quién las puede tener o vender, dónde y cómo pueden ser almacenadas, los deberes que un vendedor tiene respecto de prohibir la compra de parte de determinadas personas, así como las obligaciones que tienen tanto el comprador como el vendedor de reportar al gobierno sus transacciones. En la actualidad, el debate se centra en las revisiones a los antecedentes del comprador, permitir llevar armas en público y la posesión de rifles de asalto, un arma que ha sido denominador común en las masacres más notorias.

La raíz del debate se encuentra en la Segunda Enmienda de la Carta de Derechos, que hace parte de la Constitución. El texto es el siguiente: “Una milicia bien regulada que sea necesaria para la seguridad de un Estado libre, el derecho de las personas a mantener y portar armas no será infringido”. En otras palabras, la Segunda Enmienda ratifica el derecho constitucional de todos los ciudadanos a portar armas. Uno de los argumentos a favor del control de armas es que se debe tener en cuenta que las armas de fuego utilizadas por “una milicia bien regulada”, cuando la Segunda Enmienda fue escrita (en 1789), eran más que todo armas de gran envergadura que sólo podían descargarse una vez antes que tuvieran que ser recargadas. En la crónica Battleground America, publicada en The New Yorker, refiriéndose al caso de George Zimmerman, un hombre que asesinó al joven afroamericano Travyon Martin en 2012 por considerarlo “amenazante”, el autor dijo lo siguiente:

En tamaño, velocidad, eficiencia, capacidad y elegancia, la diferencia entre un mosquete del siglo XVIII y el arma que George Zimmerman llevaba es aproximadamente la diferencia entre el primer computador portátil – el cual, sin contar el módem externo y el paquete de baterías, pesaba veinticuatro libras – y un iPhone.

En resumen, este argumento se basa en que, en la actualidad, ya no es sostenible ese derecho, pues se trataba de una época en que los estadounidenses aún tenían que enfrentar a las tropas británicas. De igual manera, las armas de fuego a las que hace referencia la enmienda eran completamente diferentes: las armas de fuego de 1789 tenían propósitos estrictamente militares, en contraste con las armas de fuego actuales, las cuales son mucho más fáciles de manejar.

La interpretación del texto de la enmienda también ha sido usada como argumento de aquellos que están en contra del control de armas. Los defensores de los “derechos de armas” han sido reiterativos en que la posesión de armas es un asunto de derechos individuales, es decir, que las personas tienen derecho de tener armas para cazar, defensa propia, deporte, o simplemente porque así lo desean. A su vez, argumentan que, en la práctica, las armas hacen más segura a la sociedad, dándole a las personas la capacidad de defenderse por sí mismas y disuadiendo a los criminales de victimizar a las personas que puedan estar armadas. Frente a los numerosos casos de tiroteos masivos, los defensores de este derecho responden que un ciudadano armado puede detener al perpetrador. En 2008, la Corte Suprema de Justicia, con una votación de cinco a cuatro, decidió que la Segunda Enmienda, efectivamente, protege el derecho individual de poseer armas de fuego. En su análisis, el reconocido juez Antonin Scalia dijo que la referencia a “milicia” en la primera parte de la enmienda simplemente “anuncia el propósito por el cual el derecho fue codificado: prevenir la eliminación de la milicia”. Sin embargo, añadió que esa “declaración de propósito previa” no debía ser interpretada para limitar el significado de lo que se conoce como la cláusula operativa – “el derecho de las personas a mantener y portar armas no será infringido”, debido a que dicha cláusula “codifica un derecho preexistente” de posesión individual de armas para uso privado.

La ley federal prohíbe a ciertas personas la posesión de armas de fuego: aquellos que tengan antecedentes criminales, enfermedades mentales, adicción a las drogas, los inmigrantes sin estatus legal de ciudadanos, veteranos que dejaron el Ejército debido a una baja deshonrosa, o cualquiera con una orden de restricción permanente que lo aleje de su compañero sentimental o sus hijos. De igual manera, la ley federal exige que los distribuidores autorizados de armas hagan una revisión de los antecedentes de quienes compran, a través de una base de datos dirigida por el FBI, para verificar si el cliente se encuentra en alguno de los grupos mencionados anteriormente. No obstante, se ha denunciado constantemente que dicho sistema tiene numerosas fallas. De acuerdo con el reporte Gun Control Explained, de The New York Times, las fallas más prominentes son: las listas de casos criminales están incompletas, y el hecho que los vendedores a pequeña escala – incluyendo muchos quienes hacen negocios en exhibiciones de armas – no tienen la obligación de hacer la revisión de antecedentes y la deficiencia en las provisiones legales respecto de las personas con enfermedades mentales.

Este último aspecto ha sido el más criticado. La ley prohíbe la posesión de armas en una persona “adjudicada como discapacitada mentalmente” por una corte o cualquier otra autoridad. Sin embargo, la mayoría de las personas con enfermedades mentales serias nunca reciben dicha adjudicación y aquellos que sí la reciben pueden, igualmente, apelar la decisión. El mismo reporte menciona que muchos de los tiroteos han sido ejecutados por personas que fueron reconocidas por quienes los rodeaban como profundamente perturbadas y aun así pudieron comprar armas legalmente. Este fue el caso del tiroteo en Virginia Tech, en cual el perpetrador fue declarado en numerosas ocasiones como una persona mentalmente enferma y que debía ser recluida en una institución psiquiátrica, ya que representaba un peligro para sí mismo y para la sociedad. No obstante, como los reportes nunca fueron divulgados, debido a una ley de privacidad en Virginia, nunca fue enviado a una institución psiquiátrica y sus antecedentes nunca aparecieron en la base de datos del FBI. El resultado de esto fue la muerte de 33 personas, incluido el perpetrador.

Como Estados Unidos es un estado federal las leyes varían en cada estado, a pesar de que haya leyes federales que aplican a todo el país. Por ejemplo, la mayoría de los estados permiten que cualquiera que legalmente posea un arma pueda llevarla abiertamente, en público, sin necesidad de una licencia o permiso. A su vez, algunos estados no requieren un permiso para llevar un arma escondida, lo cual es requerido por la mayoría de los estados; sin embargo, muchos de ellos le otorgan permisos automáticamente a cualquier poseedor legal de armas que los pida.

Mucha de la resistencia se debe a la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés), el grupo de interés más poderoso que hay en la esfera política estadounidense. Para muchos de los congresistas se trata de un asunto central para ser elegidos, y, por tanto, una línea que no están dispuestos a cruzar. El lobby en contra del control de armas se ha vuelto más inflexible en los últimos años. La NRA ha endurecido su oposición a revisiones de antecedentes más severas, y cada vez que ocurre un tiroteo masivo – que es cuando el interés en nuevas restricciones a la posesión de armas reaparece – la respuesta es que “no es el momento para debatir el asunto”. Una declaración en particular de parte de la NRA provocó indignación nacional: luego del tiroteo en Sandy Hook, Wayne LaPierre, vicepresidente ejecutivo de la NRA, dijo que los empleados de la escuela debieron haber estado armados, porque “lo único que detiene a una mala persona con un arma es una buena persona con un arma.”

En respuesta a los numerosos casos de tiroteos masivos, algunos estados han endurecido sus leyes sobre armas, mientras que otros estados las han debilitado. Esta disparidad empieza desde el Congreso, en donde los estados más conservadores y rurales ven el control de armas como un freno a las aspiraciones políticas. Incluso, en los estados más liberales o que tienen igual representación de ambos partidos hay un miedo hacia la NRA y su poder para castigar a aquellos que se les opongan.

Las estadísticas dan cuenta de la situación. El reporte U.S. gun violence: The story in charts and graphs, de CNN, menciona que los ciudadanos estadounidenses poseen cerca de 270 millones de armas, de acuerdo con un estudio realizado por el grupo independiente de investigación Small Arms Survey en Suiza. Ese número es un poco mayor que la población de Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo, lo que hace a Estados Unidos el país número uno en posesión de armas de fuego per cápita. A su vez, el reporte confirma que más estadounidenses mueren por violencia armada que por terrorismo: entre 2001 y 2013 hubo 406.496 muertes por armas de fuego en territorio estadounidense, frente a 3.380 muertes por terrorismo.

Lo ocurrido en Las Vegas ahora hace parte de esas estadísticas. Las motivaciones de Paddock son aún desconocidas y las autoridades las continúan investigando, pues el debate del control de armas no se reduce únicamente a un derecho constitucional, sino que presenta varias aristas de los problemas sociales y de salud pública del país: la deficiencia del sistema de salud (en particular frente a la salud mental), la discriminación (racismo, xenofobia y de género) y la llamada cultura de violencia que ha ido expandiéndose por muchos años, sin distinción de edad. Por ahora, sólo queda ver si este reciente tiroteo será el detonante para hacer un control de armas efectivo a nivel nacional o si, como ha sucedido con otros tiroteos, será una página más en la historia de Estados Unidos.

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