Antígona

Los falsos positivos sirven como inspiración para una manifestación cultural que logra darle voz a las acalladas víctimas que ruegan ser escuchadas, clamando gran inconformismo frente a la impunidad y la indiferencia estatal. La obra de teatro Antígona, busca aproximarse a la denuncia sobre la injusticia de estos actos a través de la danza y la música en vivo para llamar la atención sobre la falta de reparación integral recibida por parte del Estado colombiano.

Por: Nathalia Celis Mayorga, estudiante de cuarto semestre de Ingeniería Ambiental de la Universidad Sergio Arboleda nathalia. celis@correo.usa.edu.co, y Valentina Niño Campos, estudiante de cuarto semestre de Derecho y miembro del Consejo Editorial v.nino11@uniandes.edu.co

Hace unos años salieron a la luz pública los casos de miles de jóvenes y campesinos que habían sido ejecutados extrajudicialmente. Estos eran los “falsos positivos”. Sin embargo, a pesar de ser éstos crímenes de lesa humanidad, la gran mayoría de los casos de “falsos positivos” han quedado en la impunidad; hasta el año 2015 solo se habían iniciado nueve procesos judiciales, tres se encontraban en indagaciones preliminares, dos estaban estancados y no se sabe con exactitud en qué etapa se encuentren los 4 restantes, tal vez archivados en la memoria colectiva como los otros más de 1000 casos de “falsos positivos”. No obstante, gracias al empoderamiento de la gente y mediante movimientos sociales se ha contribuido a la construcción de memoria y de un nuevo país. A través de esos movimientos sociales se ha logrado llamar la atención de instituciones defensoras de Derechos Humanos, de la ciudadanía y del Estado para que se dé inicio al proceso judicial correspondiente a cada caso.

Se le conoce como “falsos positivos” a desapariciones forzadas de civiles en marzo de 2008 y las ejecuciones extrajudiciales de los jóvenes de Soacha y demás regiones de Colombia perpetrados por miembros de las Fuerzas Militares, quienes hicieron pasar a esos jóvenes como miembros de grupos subversivos, de bandas criminales y de delincuencia común abatidos en combate.

Estos casos de “falsos positivos” se perpetraron durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, abanderado de la política de “Seguridad Democrática”. Esta política fue una respuesta del Gobierno y del Ejército al descontento generalizado de la sociedad colombiana debido al auge de actos terroristas cometidos por grupos al margen de ley durante los años 90 y principios del nuevo milenio. Su objetivo era combatir el terrorismo y el narcotráfico, recuperar la fuerza del Estado en el territorio nacional, garantizar el respeto de los derechos vulnerados a la población civil. No obstante, en el marco de esta política surgieron normas que, aunque aparentaban garantizar mecanismos que combatieran la impunidad, solo generaban trabas para la correcta administración de la justicia y facilitaban la comisión de crímenes de lesa humanidad. Por ejemplo, el Decreto 1400 del 25 de mayo de 2006 y la Directiva Ministerial 029 del 2005 del Ministerio de Defensa Nacional desarrollaron los criterios para el pago de recompensas por la captura o el abatimiento en combate de miembros de grupos al margen de la ley y bonificaciones por operaciones de importancia nacional; criterios que motivaron la perpetración de esos viles homicidios.

Según el informe de la Misión Inter- nacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia: A partir de la puesta en marcha de la política de ‘Seguridad Democrática’ se registró un incremento de las violaciones al derecho a la vida directamente atribuibles a la responsabilidad de las fuerzas de seguridad del Estado, pues en un lapso de cinco años se constata un incremento del 67% a los casos registrados de ejecuciones extra- judiciales atribuibles directamente a la Fuerza Pública.

Según las organizaciones miembro de la plataforma de Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, entre los años 2002 y 2007 el número de casos de ejecuciones extrajudiciales se incrementó hasta 1122 veces.

Soacha es uno de los tantos municipios donde se presentaron casos de “falsos positivos”. Cercano a la capital del país, ha sido receptor de población en condición de desplazamiento y se ha convertido en lugar de paso o residencia de ciertos individuos. La tasa de desempleo es del 15,4%, y alrededor del 70% de los habitantes están empleados en condiciones de informalidad. Debido a eso y sumado al hecho de que este municipio tiene un alto índice de homicidios –en gran parte por las prácticas de limpieza social impulsadas por autoridades civiles y militares –, Soacha se convirtió en el escenario perfecto para la intervención de grupos armados y de bandas de microtráfico relacionadas con el paramilitarismo.

Debido a las fallas en la administración de justicia respecto a estos casos, las madres de las víctimas de Soacha han recurrido a los movimientos sociales, los cuales tienen un alto grado de influencia en la sociedad colombiana, para exaltar que esos crímenes no deben ser olvidados y que deben ser reconocidos como un delito extrajudicial que merece ser judicializado. Estas mujeres han captado la atención de medios y ONG quienes, como ellas, repudian los crímenes co- metidos contra sus familia- res. Un ejemplo de esto es la campaña simbólica “Regala una rosa, regala esperanza”, que promovió la Amnistía Internacional (AI) en mayo del 2010; se entregaron más de cinco mil rosas y veinte mil mensajes de apoyo a las madres de Soacha. “La entrega de las flores es ‘un movimiento cargado de simbolismo’ para pedir al Gobierno Colombiano ‘una investigación exhaustiva e imparcial’ sobre los más de 2000 casos de ‘falsos positivos’ o civiles asesinados por militares”.

Un año más tarde, el 18 de octubre exactamente en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, la Dirección de Derechos Humanos y Apoyo a la Justicia, la Secretaría de Gobierno y la Alcaldía Mayor de Bogotá organizaron el “Homenaje a las madres de las víctimas de los ‘falsos positivos’” en el cual presentaron el documental “Relatos de familia” dirigido por Alexandra Cardona Restrepo. En él se reconstruyen las historias de vida de sus hijos desaparecidos y cuentan lo que ha significado para sus familias estas pérdidas. También contaron con la intervención musical de Andrea Echeverri del grupo Aterciopelados. En ese entonces, la alcaldesa encargada de la ciudad, Clara López Obregón ratificó su interés respecto al esclarecimiento y reconocimiento de este crimen, brin- dándoles a las madres y víctimas un continuo acompañamiento, ayuda sicosocial, pero ante todos sus esfuerzos para que se esclarezcan estos crímenes, porque –argumentan ellos–, son fundamentales para la memoria del país y promueven una cultura de paz y respeto por los derechos.

Tal vez, uno de los movimientos más significativos hasta ahora realizados recibe el nombre de “Antígona: Tribunal de Mujeres”. Ésta es una obra de teatro protagonizada por las madres de las víctimas. Recibe su nombre por la tragedia griega de Sófocles en la cual la protagonista no podía enterrar a su hermano muerto en la guerra porque el rey de Tebas lo prohibió como un pretexto para unir varias historias personales de las víctimas y sus familias. Las protagonistas de la obra buscan la restitución poética y simbólica a la pérdida irreparable de sus seres queridos, reivindican su nombre y dignidad y de esa manera se aproximan a una experiencia poética de la justicia y la verdad. Desde la acción teatral y a través de la danza, el video y la música en vivo, estas mujeres cuentan la historia de su sufrimiento y de su lucha por la justicia mientras exaltan a la sociedad y a el Estado colombiano a no olvidar y a iniciar los procesos que permitan una reparación integral.

Para finalizar, los movimientos y simbolismos sociales, como Antígona, han sido un mecanismo que ha ayudado al reconocimiento de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, y a ver desde otra perspectiva cómo transcurrieron los eventos del año 2008 y sus efectos colaterales en la actualidad. Estos también han sido un medio que ha facilitado el desarrollo de campañas que impulsan a la Fiscalía y demás entidades pertenecientes a la rama judicial a desentrañar la verdad de lo ocurrido a las víctimas; campañas que gracias al inconformismo y ansias de justicia que tienen las personas afectadas de forma directa o indirecta –como las madres y familiares de los jóvenes asesinados– y demás miembros de la población, han podido desencadenar movimientos que sin la necesidad de utilizar armas como megáfono, logran hacer un llamado al Estado y alzar la voz en busca de justicia.

 

Imagen obtenida de: http://www.atalaya-tnt-com

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