Los límites de los argumentos jurídicos en la discusión pública: el caso del referéndum independentista catalán

Los argumentos jurídicos muchas veces restringen el debate y favorecen a los que actúan dentro del Derecho. Este estudiante aterriza esta cuestión a los intentos separatistas del pueblo catalán y argumenta porqué debemos salirnos de los argumentos jurídicos para enfocar la discusión dentro del marco del entendimiento para promover soluciones efectivas.

Por: Diego Alejandro Duarte Escobar. Estudiante de séptimo semestre de Derecho y cuarto semestre de Gobierno y Asuntos Públicos. da.duarte12@uniandes.edu.co

En los últimos días la tensión política en España ha aumentado a niveles sin precedentes. El gobierno local de la Generalitat de Catalunya ha intentado llevar a cabo un referéndum para consultar al pueblo catalán si desea permanecer en el Reino de España o si, en cambio, desea conformar su propia república independiente y soberana. Sin embargo, esto no ha caído nada bien en el gobierno español, desde donde se han lanzado duros calificativos al movimiento detrás del referéndum, tachándolo de ilegal y políticamente irresponsable.

Justamente el argumento de la ilegalidad es el que ha predominado en el discurso del gobierno español para rechazar la intentona separatista del gobierno catalán. Se afirma desde Madrid que el Tribunal Constitucional español ha negado la viabilidad jurídica de este referéndum, al tiempo que la Constitución española establecería que la decisión de la separación de Catalunya correspondería no solo a los catalanes, sino al conjunto de los españoles. Pareciera, entonces, que no hay duda de que el referéndum y una eventual declaración unilateral de independencia son a todas luces inconstitucionales o ilegales en sentido lato. Sin embargo, ¿acaso basta este argumento para rechazar las posiciones de los catalanes que consideran que estarían mejor fuera de España y, por qué no, de la Unión Europea? El rey Felipe VI se ha concentrado en señalar que todos los argumentos del gobierno de la Generalitat y de los promotores del referendo son contrarios al derecho constitucional español, ¿pero acaso basta esto para cerrar la discusión como lo ha hecho el gobierno de España, de una vez y para siempre?

Que la consulta al pueblo sea ilegal de ninguna manera dice nada acerca de la conveniencia política de un nuevo Estado independiente en el seno de Europa occidental, ni mucho menos dice algo acerca de si es viable económicamente para los catalanes afrontar sus propios retos económicos y de comercio exterior sin intermediación del gobierno central español, o incluso, de la misma Unión Europea. Salta a la vista entonces que la discusión pública sobre este tema, y sobre cualquier otro, no puede depender únicamente de argumentos jurídicos como lo ha pretendido la autoridad nacional española. En asuntos como éste el Derecho no ofrece razones prácticas para decidirse por una opción u otra, sino que más bien refleja el resultado de un statu quo, de un consenso previamente establecido, el cual, dicho sea en este caso, es un consenso que ya no satisface a quienes inicialmente participaron de su formación.

Así pues, no basta con decirle a los catalanes que su referéndum es ilegal o inconstitucional y que por esa razón deberían renunciar a sus intentos independentistas. Para disminuir la polarización y aliviar las tensiones sería preciso iniciar un diálogo que les ofrezca razones no sólo jurídicas, sino también políticas, económicas, culturales, entre otras, por las que antes que demostrarles que están equivocados, se busque persuadirlos de por qué sería mejor para ellos en cualquier escenario permanecer en España, como ha sido hasta ahora.

Resulta en cualquier caso un llano y vacío argumento de autoridad el responder a una proposición debatible con el argumento de que A debe ser bueno porque la ley lo dice, o como en este caso, que está mal buscar independizarse de España porque la Constitución dice que España es sólo una. El Derecho, en últimas, es ante todo un lenguaje que refleja los consensos y las aspiraciones sociales y políticas de una nación. En esa medida, no puede pretenderse una discusión basada enteramente en el lenguaje del Derecho, pasando por alto los consensos y aspiraciones colectivas que lo sustentan y que, como en el caso de Catalunya, están comenzando a ser cuestionados y a dejar atrás su carácter consensual.

Añádase que en este caso el Derecho sustenta la posición de la autoridad nacional de España, y en esa medida, una discusión con argumentos basada totalmente en el Derecho es una discusión alineada con la posición de una de las partes. Considerada esta desigualdad, los catalanes se han mostrado aún más reacios a aceptar argumentos puramente jurídicos para resolver su crisis política y social. En consecuencia, si el Derecho representa la autoridad y uno de los problemas en España es justamente la legitimidad de dicha autoridad, con mayor razón los argumentos jurídicos resultarán insuficientes para los independentistas catalanes y alejarán cualquier oportunidad de diálogo.

Naturalmente, lo aquí expresado presupone una actitud favorable a la discusión y el intercambio de ideas. Otra cosa, lamentablemente, es lo que parece pretender el Gobierno de España, que ha insistido más en demostrarle a sus contrarios por qué están equivocados en vez de mostrarles, como quizás sería más efectivo, que estarán mejor en el seno de una España unida.

En definitiva, si lo que se pretende es el abuso de los argumentos de autoridad para reforzar la posición propia y eliminar cualquier posibilidad de diálogo con el interlocutor, el recurrir a argumentos puramente jurídicos es lo adecuado. Al contrario, si se busca una discusión más abierta que reconoce que la legitimidad de las instituciones está en juego, entonces, convendría una discusión más integral que supere el viejo y falaz recurso de que algo está bien porque es ley y si la ley lo dice es porque así debe ser. Cualquier abogado conoce muy bien las diferencias entre la validez, la eficacia, la legitimidad y la justicia de las normas jurídicas. Siendo así, no puede ser que algunos caigan en el error de asumir que la discusión pública puede agotarse en artículos e interpretaciones normativas, sin entrar a analizar el transfondo que hay detrás de ellas, como parece estar sucediendo en España.

Ilustración: Ricardo Rojas Z.