La tecnología: un aliado estatal

A raíz de la reciente crisis de legitimidad del Estado debido a la red de corrupción que se ha destapado al interior de la Corte Suprema de Justicia, esta estudiante propone hacer uso de la tecnología como una herramienta útil para que la justicia y las instituciones públicas funcionen de manera adecuada.

Por: Anamaria Rodríguez Peñaloza, estudiante de segundo semestre de Derecho, Miembro del Consejo Editorial. a.rodriguez26@uniandes.edu.co

De acuerdo con la teoría de la sociología de la crisis, el modelo de sociedad actual y todos sus componentes se encuentran en crisis. En este caso, me refiero a la justicia y a las instituciones públicas. En los últimos días se ha destapado una red de corrupción al interior de la Corte Suprema de Justicia, en la cual, presuntamente, ex presidentes, magistrados, fiscales y abogados utilizaban su poder decisorio y de tráfico de influencias para fallar a favor o archivar investigaciones en contra de acusados por parapolítica y otros delitos contra los recursos públicos.

Según los resultados de estudio de la opinión pública sobre la democracia titulado ‘El barómetro de las Américas’, el sector justicia presenta una dramática disminución de favorabilidad del 42.1% al 24.3%. Tampoco se salva el ejecutivo, pues los porcentajes de confianza en el Presidente son 25.5%, bastante más bajos con respecto a la anterior medición de 69.9%. De la misma forma, no sale bien librado el Congreso de la República con una disminución del índice de aceptación del 48.9% al 27.7%. Así es que todas las instituciones están en una crisis de desfavorabilidad ante la sociedad colombiana. Como es costumbre, a la luz de estos escándalos se alzan las voces de reforma constitucional o legal, pero estas propuestas generalmente no logran el resultado buscado. Una prueba de ello es la hiperinflación normativa.

Si tomamos la frase que generalmente se le atribuye a Albert Einstein “si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo”, es necesario repensar el problema de legitimidad y corrupción que tanto daño le ha producido al país. Pero, ¿qué podemos hacer los estudiantes de derecho, abogados y académicos? Desde el punto de vista del derecho, es posible diseñar políticas públicas. Sin embargo, las políticas recomendadas por la academia no necesariamente serán acogidas parcial o totalmente por el Congreso de la República y otros órganos. La perspectiva de un ciudadano de a pie tampoco es más brillante, pues está limitado a las manifestaciones sociales o posiblemente al ejercicio el voto con la poca información disponible para generar un cambio. En vista de estas limitaciones, es necesario pensar un poco más allá del derecho.

En 2011 se creó el Acuerdo de Gobierno Abierto u Open Government Agreement, promovido por la administración de Barack Obama. Este acuerdo busca acercar el Gobierno al ciudadano mediante la implementación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para que los procesos y las decisiones en el ámbito público sean transparentes y permitan que cualquiera pueda acceder a los datos públicos. Esto busca promover el sistema democrático mediante la participación activa de los ciudadanos y que la toma de decisiones sea colaborativa entre diversos actores, ciudadanos, entidades estatales y entidades internacionales para lograr así el bien común.

Recientemente Colombia se unió a esta iniciativa de cooperación internacional para lograr avances en la transparencia, colaboración y participación democrática, y así adoptar prácticas de Buen Gobierno, Gobierno Electrónico y Open Data en distintos niveles del Estado. Para el efecto, según el Tercer Plan Nacional de Acción (2017-2019) emitido por la Secretaría de la Transparencia, el Congreso suscribió el compromiso de permitir un mayor acceso a la información y promover la participación en la toma de decisiones legislativas, mientras que en la Rama Judicial se implementó la rendición de cuentas del Consejo de Estado. Por su parte, el Ejecutivo creó diferentes iniciativas como son http://www.datos.com.co de acceso gratuito a los datos públicos, legalapp que permite hacer consultas con palabras claves para obtener orientación jurídica sobre temas sencillos, el centro de relevo y convertic que permite a la población con discapacidad auditiva y visual el acceso a información pública y, por último, el archivo de Derechos Humanos y Memoria Histórica para garantizar la verdad, justicia y reparación a las víctimas del conflicto, entre otras iniciativas.

Por otra parte, la creación del Viceministerio de Economía Digital tiene la misión de promover el comercio digital, la transformación de sectores productivos con TIC y la implementación del gobierno abierto digital, que, para eliminar y hacer más ágiles trámites ante entidades públicas, busca implementar ‘la ciudadanía digital’. En este modelo, toda la información personal estará almacenada en una carpeta en la nube, la cual será administrada por el propio ciudadano y agilizará significativamente los trámites y la expedición de documentos. Igualmente, propone instalar un chip en las cédulas de ciudadanía que actúa como firma digital y abre la puerta a la interacción tecnológica con el Estado, tal y como ya está funcionando en España.

En conclusión, aún hay mucho que podemos hacer como ciudadanos mediante el uso de los datos abiertos para realizar veeduría sobre las decisiones que toma el Estado y, más específicamente, para monitorear activamente la función judicial, en pro de reafirmar la participación democrática y mejorar la administración de justicia. Para que el ambicioso modelo propuesto por el Viceministerio de la Economía Digital y el Tercer Plan Nacional de Acción sean efectivos, es fundamental que los ciudadanos tomemos un rol activo en el ámbito digital. Inclusive ¿será posible un nuevo tipo de democracia directa con la ayuda de las TIC?

Imagen: pritamkabe.files.wordpress.com