50 años de la Facultad de Derecho: orígenes de su fundación.

Por: Valentina Niño Campos. Estudiante de quinto semestre de Derecho, opción en literatura y miembro del Consejo Editorial. v.nino11@uniandes.edu.co.

En el año 2010, los abogados Ana María Otelo Cleves y Andrés Jiménez Ángel publicaron el libro Cuarenta años innovando el derecho: una mirada a la Facultad de Derecho de la Universidad de Derecho de la Universidad de los Andes (1968-2008). En esta obra se recopila la historia de la Facultad, desde la propuesta de su creación, la articulación del proyecto educativo, el crecimiento de la planta profesoral hasta las innovaciones e iniciativas estudiantiles. Así que, con motivo del cincuentenario de la Facultad, a continuación un breve recuento del primer capítulo del libro: “los orígenes de la Facultad de Derecho”.

Durante los años sesenta los abogados gozaban de muy mala reputación en Latinoamérica. Por esa razón, entre las décadas de los cincuenta y setenta se organizaron las Conferencias Latinoamericanas de Enseñanza del Derecho y una Conferencia Latinoamericana de Derecho y Desarrollo. En estas, se planteó la necesidad de modernizar la enseñanza del derecho y reformular el rol del abogado. Paralelamente, en 1965 se presentó ante el Consejo Directivo de la Universidad de Los Andes la propuesta para la creación de una Facultad de Derecho. Este proyecto estaba fundamentado en la necesidad de renovar la forma de enseñar y aprender derecho. Se buscaba formar abogados críticos, interdisciplinarios, capaces de transformar y utilizar el Derecho como una herramienta de cambio hacia la modernización y hacia el avance del país. Además, contaba con el apoyo de fundaciones norteamericanas como la Fundación Ford y la Fundación Rockefeller quienes tuvieron un “compromiso activo con los procesos de reforma judicial y de la enseñanza en Colombia y en otros países de Latinoamérica” (Otero y Jiménez, 2010, p. 21). Entonces, gracias a que la propuesta contaba con apoyo estructural y económico, el Comité de Proyectos de la Universidad le otorgó su visto bueno y aseguró su aprobación por parte del Consejo Directivo.

El 6 de septiembre de 1967 el Consejo Directivo eligió a Andrés Holguín para ser el primer decano de la recién creada Facultad de Derecho de una terna conformada por Jorge Gutiérrez Anzola y Bernardo Gaitán Mahecha. No obstante, semanas después Holguín fue nombrado Consejero de Estado y por sugerencia de Mario Laserna, el rector Reinaldo Muñoz asumió la decanatura de la Facultad. Muñoz dio los primeros pasos respecto a la construcción del programa de derecho y la conformación de la planta profesoral. Después de Muñoz, se nombró decano a Jaime Vidal Perdomo, sin embargo, Vidal no pudo asumir el cargo pues ejercía funciones públicas en el gobierno de Carlos Lleras Restrepo. Entonces, Hernando Gómez Otálora, miembro de la Junta Monetaria del Banco de la República y Ministro de Fomento fue nombrado decano. Gómez presentó ante el Consejo Académico el documento Bases para la organización de la nueva Facultad en el cual se establecieron los ejes que justificaban el proyecto académico de la Facultad, los aspectos que debían caracterizar al jurista de Los Andes y la base metodológica que sustentaba el proyecto educativo. Por ejemplo, la contratación de profesores de tiempo completo, la preparación de lecturas previas a la clase basada en el sistema norteamericano de readings and materials y la cátedra activa.

Así pues, una vez se concretaron los temas acerca de la contratación de profesores, la fecha de apertura del programa, los requisitos para la titulación de los egresados y la conformación de una biblioteca jurídica, el Consejo Académico de la Universidad aprobó definitivamente la propuesta, tal como lo consagra el acta del 15 de julio de 1968.  En el segundo semestre de ese año, el programa de Derecho se había abierto al público y a su vez, las deficiencias de la recién creada Facultad fueron superadas gracias al apoyo de la Fundación Ford. Un año después de la fundación de la Facultad, el Ministerio de Educación Nacional reconoció la personería jurídica a la Asociación para la Reforma de la Enseñanza (ARED) a la cual estaba vinculada la Universidad a través de la resolución 4169 del 2 de agosto de 1969.

Desde el primer plan de estudios, la Facultad de Derecho de la Universidad se caracterizó por ser pionera en la implementación de propuestas curriculares y metodológicas surgidas de los debates acerca de la reforma de la enseñanza del derecho. Por ejemplo, en 1971 (antes de que el Gobierno decretara su fundación obligatoria) se materializó el proyecto de fundación de una clínica jurídica con la inauguración del Consultorio Jurídico. Estas propuestas se extendieron a otras facultades en el país y fueron objeto de regulación oficial durante los setentas a través de decretos como el 970 o el 971 de 1970. Fueron los decanos Fernando Umaña Pavolini (1971-1973) y Jaime Vidal Perdomo (1973-1977) los encargados de la articulación de las disposiciones expedidas por el Ministerio de Educación al proyecto educativo de la Facultad. No obstante, la adecuación no fue laboriosa dado que en el plan de estudios, desde 1968, ya estaban consagrados aspectos fundamentales de la reforma de la educación jurídica. En esa misma década, la planta profesoral empezó a crecer. A esta se sumaron “José Enrique Gaviria Liévano, como profesor de tiempo completo y Jaime Giraldo Ángel, Hernando Gómez Otálora, Ricardo Medina Moyano, José Ignacio Perdomo Escobar, Thomas Heller y Lloyd Weinreb” (de la Fundación Ford) (Otero y Jiménez, 2010, p. 39).

A inicios de la década de los setentas hubo protestas estudiantiles que permearon la universidad privada. Como consecuencia de esto y de los desacuerdos y diferencias entre directivos de la Facultad y la Universidad, en 1973 el Consejo Directivo destituyó a Fernando Umaña Pavolini y nombró decano a Jaime Vidal Perdomo. Con él se empezaron a establecer las bases para el futuro de la Facultad. Durante la década de los ochenta, la Facultad amplió la oferta de cursos y programas académicos e impulsaron la investigación. Esto último se materializó por medio de la creación del Centro de Investigaciones Sociojurídicas (CIJUS) en 1981. También la primera mitad de esta década estuvo marcada por la consolidación de las especializaciones y la creación de la Dirección de Posgrados en 1983, lo que contribuyó al posicionamiento de la Facultad tanto en el ámbito académico como jurídico. Los años noventa fueron años de renovación y reflexión debido a la gran influencia de los estudiantes en el proceso de la creación de la Constitución de 1991 y por los cambios jurídicos, filosóficos, sociales y políticos significativos que implicó su promulgación.

Desde esa década hasta el día de hoy, la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes se ha caracterizado por promover la investigación, la internacionalización de los programas académicos, por fomentar las publicaciones académicas, por la creación de diversas clínicas jurídicas, y por las iniciativas y proyectos sociales, entre muchas actividades más que, tras 50 años desde su fundación, la han posicionado como una de las mejores facultades de Derecho en Colombia.

Bibliografía

Otero, A.M & Jiménez, A. (2010). Los orígenes de la Facultad de Derecho. En Cuarenta años innovando el derecho: una mirada a la Facultad de Derecho de la Universidad de Derecho de la Universidad de los Andes (1968-2008) (pp. 13-43). Bogotá: Universidad de Los Andes, Facultad de Derecho, Ediciones Uniandes.