El sistema judicial guerrillero

Por: Juliana Rojas Bohórquez. Estudiante de séptimo semestre de Derecho y miembro del Consejo Editorial. j.rojasb@uniandes.edu.

“Más de 60 años en guerra”… Dentro de la realidad colombiana del siglo XXI, los jóvenes hemos oído esta frase repetidamente y hemos caído en la tentación de repetirla día a día sin entender realmente que fue lo que sucedió. Sí, entendimos que las guerrillas se expandieron en el territorio y que poco a poco fueron creciendo sin proceso de paz que funcionara ni tregua que aguantara. Sin embargo, al convertirme en una estudiante de Derecho entendí que la situación iba más allá de las balas. Dentro de los múltiples análisis que he oído a lo largo de mis clases de derecho público respecto al conflicto colombiano, me encontré con un libro que me hizo entender una de las explicaciones de por qué llevamos más de 60 años en guerra. Se trata de una publicación titulada Sistema de justicia territorial para la paz, escrita por dos académicos, Carolina Villadiego y Sebastián Lalinde, quienes están vinculados al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia). Si bien es un libro que recopila gran parte del funcionamiento actual del sistema judicial colombiano, lo más llamativo de este libro es que introduce el tema de la justicia armada.

Este término, que leí por primera vez en esta publicación, busca exponer un lado nuevo del conflicto ilustrando cómo los grupos armados ilegales no sólo ocuparon gran parte del territorio en muestra de rebeldía, y algunos casos narcotráfico, sino que crearon un sistema judicial territorial al cual la gran mayoría de habitantes acudían, dejando de lado la justicia estatal. Se trata de un sistema articulado en gran medida por reglas procesales nacionales, pero con mayor eficacia, eficiencia y menores costos. Aun así, fue un sistema implementado a través del terror y de ciertos parámetros de conducta que convirtieron a los habitantes de esos territorios de violencia en ciudadanos de este nuevo régimen.

Así mismo, durante la narrativa del texto se ve cómo en muchos municipios los jueces debían convivir junto con la justicia armada, no sólo por la falta de fuerza pública y de presencia estatal en el territorio, sino por la misma ineficacia y acumulación del sistema que impedía que el juez pudiese cumplir eficazmente sus múltiples labores. Esto se ve reflejado en las historias de muchos campesinos que preferían acercarse a los centros de justicia que prestaban estos grupos ilegales, ya que su única opción hubiera sido trasladarse a municipios donde sí existieran jueces que pudiesen atender sus casos. Ante esto, comprendí que el conflicto armado no sólo acabó con la vida de cientos de personas, sino que el mismo sistema que vemos funcionar con tanta naturalidad en los territorios centrales no existía en absoluto en muchas zonas rurales del país y, que en mi percepción, esto permitió la prolongación de la violencia.

Siguiendo esta línea e intentando entender cómo esta guerra se había extendido hasta este punto, surgió una reflexión que me llevó a comprender que la labor judicial va más allá de destapar grandes casos de corrupción; la tarea de los jueces comprende una necesidad básica de los ciudadanos que vivimos en un Estado social de derecho, ya que es a través de un sistema articulado e integral que se logra que los territorios encuentren respuestas en mecanismos pacíficos. Fue hasta este momento que comprendí que acudir a un juez especializado es un privilegio del cual sólo gozamos algunos pocos en el país, los demás se conforman con un sistema de justicia ilegal o con un mismo juez que debe cumplir muchas labores.

No obstante, ¿por qué esto no es un tema de todos los días?¿Por qué el acceso a la justicia es sólo un derecho dispositivo sin aplicación? Y aún peor, ¿por qué el Acuerdo de Paz que busca acabar con todo el conflicto no concibe a cabalidad este problema?

Buscando respuestas a estos interrogantes, el texto base de este artículo me hizo entender que la labor de implementar el Acuerdo de Paz va a convertirse en una tarea monumental, ya que las soluciones que se van a utilizar no reflejan la realidad social de las zonas rurales. Si bien considero, al igual que el documento de Villadiego y Lalinde, que el sistema judicial creado por los grupos armados ilegales es totalmente inconstitucional y no puede ser la solución para estas zonas, comparto que éste logró plasmar un sistema que comprendió en mejor medida las necesidades reales de dichos territorios.

Por esto, sigue siendo un gran reto intentar reorganizar los territorios que por más de 60 años no han visto más que guerra e injusticias. Por lo que concuerdo en gran medida con el texto por el cual escribí este artículo, por tres razones principales: primero, el Acuerdo al igual que una gran cantidad de leyes de éste país están pensadas bajo una mirada totalmente centralista, donde las soluciones surgen del centro para ser acogidas en municipios que ni siquiera tienen carretera para llegar; segundo, el Estado tendrá que realizar una labor monumental para restablecer su posición judicial dentro de estos territorios, no sólo por la falta de cobertura, sino por intentar ocupar un puesto de un grupo ilegal que conocía, en la mayoría de casos, a la perfección el territorio; tercero, se debe buscar articular e integrar los distintos órganos que administran justicia para facilitar la distribución judicial a los territorios donde no hay presencia actualmente.

Por último, este gran libro me abrió los ojos para entender que el conflicto armado no sólo se trata de grandes enfrentamientos, sino que desestabilizó la nación hasta el punto en el que uno de los derechos más apreciados para un Estado social de Derecho se vio truncado. Por esto, considero que el gobierno de turno que tenga que implementar el Acuerdo tiene que partir de la base de que esta situación existe, y debe buscar realizar políticas duraderas y efectivas que permitan que los millones de ciudadanos que tuvieron que vivir esta realidad vuelvan a confiar, acercándose a una administración de justicia legítima.