El cerdo que pudo votar…

Taurinos, antitaurinos, animalistas, oso Chucho, humanos… El debate sobre los derechos de los animales no humanos está creciendo cada día. No sólo la regulación en torno a este tema es ambigua, sino que el mismo debate nos cuestiona sobre el rol que juega el humano en el mundo contemporáneo y nuestra manera de relacionarnos con los animales y nuestro entorno.

Por: Lucía Yepes Bonilla. Estudiante de quinto semestre de derecho e historia. l.yepes@uniandes.edu.co

El 2017 fue un año de grandes disputas sobre los “derechos” de los animales no humanos en Bogotá y en Colombia. El año inició con la polémica de la reapertura de “la Plaza de Toros de Santa María como escenario permanente para la realización de espectáculos taurinos” que tuvo lugar entre el domingo 22 de enero y el lunes 19 de febrero de 2017. El proceso de adecuación de la Plaza fue llevado a cabo por la administración del, en ese entonces recién posicionado, alcalde Enrique Peñalosa acatando el fallo de la Corte Constitucional que, en la sentencia T-296 de 20132, ratificó los derechos fundamentales de la Corporación Taurina de Bogotá (CTB) “ al debido proceso administrativo y a la libre expresión artística (…) dejando sin efectos la Resolución 280 de 2012, “por medio de la cual se revoca el Contrato No. 411 de 1999” y, además, se ordenó la restitución de la Plaza como sitio permanente “para la realización de espectáculos taurinos y la preservación de la cultura taurina”. Aunque los derechos reclamados por la comunidad taurina fueron garantizados, las manifestaciones de inconformidad ciudadana ante el proceder de esta administración no fueron pocas. “La Alcaldía de Bogotá, en cabeza de su gerente de Protección Animal, Clara Lucía Sandoval, manifestó su rechazo al fallo”, por otro lado, las manifestaciones ciudadanas que desde el 22 de enero se presentaron en los alrededores de la Plaza de Toros fueron apoyadas por unos mil ciudadanos, según el periódico El Tiempo.

Posterior a esto, en el mes de julio del 2017, Negro “el perro abandonado” interpuso una acción de tutela ante “el juez tercero laboral del circuito de Bucaramanga, Luis Orlando Galeano Hurtado” cuyas pretensiones fueron redactadas por el abogado Ludwing Mantilla y consistían en la búsqueda de la garantía del “derecho a la vida y la construcción de un Hospital Público para los Animales de la Calle”. La garantía de estos derechos fue negada por improcedentes, puesto que el juez consideró que el tutelante, al no ser humano, no era sujeto de derechos fundamentales en 26 de Julio de 2017.

El mismo día que se emitió el fallo que negó la protección a Negro, la Corte Suprema de Justicia concedió la protección invocada por Chucho, el Oso Andino, por vía de habeas corpus. En este caso, el abogado Luis Domingo Maldonado expuso por qué la decisión de trasladar a Chucho de la Reserva Ambiental de Rio Blanco al Zoológico de Barranquilla carecía de razones suficientemente argumentadas y generaba un detrimento en el estado físico y emocional del oso. La argumentación de este mecanismo se caracteriza porque explica que Chucho es acreedor de la protección constitucional a la libertad y al bienestar, basado en la diferenciación, que introdujo la Ley 1774 de 2016, entre las cosas muebles y los seres sintientes. Además, la Ley 84 de 1989 exige protección especial contra el sufrimiento y el dolor de cualquier animal y el respeto por los mismos. Esta ley además busca: “ i) promover la salud y el bienestar de esos seres, asegurándoles higiene, sanidad y condiciones apropiadas de existencia; ii)erradicar y sancionar su maltrato y los actos de crueldad; iii) desarrollar programas educativos a través de medios de comunicación del Estado y de los establecimientos de educación oficiales y privados, promoviendo el respeto y el cuidado de los animales; y iv) desarrollar medidas efectivas para la preservación de la fauna silvestre”.

Después de este no tan breve recuento de las situaciones jurídicas que en el 2017 alzaron la voz por los “derechos” de los animales no humanos, creo pertinente hacer varias observaciones. En primer lugar, estoy muy de acuerdo con el abogado Maldonado en cuanto a la sintiencia como factor determinante del respeto que se merece cualquier animal. Me parece una atrocidad pensar en legitimar la violencia y el dolor infringido a otros solo por ser menos “inteligentes” o “racionales” que uno. Pero más que mi opinión personal, creo que la coyuntura social del año pasado ha demostrado que una parte significativa de los colombianos se opone a la tortura ociosa (como en el caso de los toros) o negligente (como en el caso de Chucho) de los animales. Al fin y al cabo, que algo sea tradición o cultura no lo hace bueno per se, como en el caso de los estereotipos en roles de género. Tampoco creo que simplemente porque implique un esfuerzo económico sea imposible o absurdo proteger un derecho.

Pero a pesar de que considero que las anteriores situaciones son queja legítima racional y socialmente, creo que las grandes contradicciones en las decisiones de los jueces en cuanto a la tutela de los “derechos de los animales no humanos”, hacen evidente un vacío legislativo que ensucia la seguridad jurídica y la calidad del ordenamiento jurídico colombiano. Estoy muy a favor del respeto a la vida y a la individualidad de los seres sintientes, pero creo que es un error otorgar derechos de seres humanos a otros seres que la legislación no ha otorgado. Aunque respeto mucho las decisiones de los jueces y su capacidad de fallar en justicia más allá de lo que diga la legislación, creo que el problema actual es que el legislador no ha querido regular este tema. Estos derechos no regulados claramente están afectando a los colombianos y mucho más a las víctimas no humanas, porque, aunque exista la Ley 84 de 1989 de protección animal, no hay ningún apartado específico que permita otorgarles derechos concretos.

Por último, quisiera recalcar que los derechos que se piden no están en caminado a empezar a ver a los animales de manera antropomorfa, nadie quiere que los cerdos voten, ni que los patos se lancen a la Cámara de Representantes, un mínimo de garantía por el respeto a la vida y a la sintiencia de los animales es lo que yo creo que busca la sociedad colombiana.