¿En qué va la Facultad de Derecho respecto a la reforma académica?

Redacción Al Derecho

Después de que la Universidad anunciara la reforma al régimen de CBUs (que va a empezar a funcionar desde el 2018-2) y que el Comité Académico del Consejo Estudiantil Uniandino (CEU) difundiera a través de sus redes sociales las infografías que explican en qué consiste la propuesta de la reforma académica adelantada por la vicerrectoría académica de la Universidad, los estudiantes empezaron a manifestarse y a exigir de sus respectivas facultades y departamentos información y respuestas acerca de cómo esta reforma impactaría a los diversos programas que tiene la Universidad. Por su parte, en la Facultad de Derecho el recién creado Consejo Interno de Estudiantes de Derecho (CIED) ha abierto espacios para discutir estos temas y acercar a los estudiantes con las directivas. En la reunión del 2 de mayo estuvo la decana Catalina Botero y respondió a los estudiantes en qué va la reforma en la Facultad y cómo cree que esta va a impactar a los estudiantes.

En primer lugar, la decana esbozó cuál ha sido el contexto en el que se ha presentado y desarrollado la propuesta de la reforma académica. Según ella, la Universidad empezó identificando los fenómenos que considera que son contrarios a una buena pedagogía. Por ejemplo, identificaron que el tiempo que los estudiantes dedican en las clases y por fuera de ella como consecuencia de la carga académica que asumen no es razonable y en muchos casos puede resultar excesivo. En línea con eso, se quiere que los estudiantes puedan diversificar su tiempo libre y ocuparlo en actividades diferentes a las académicas. Por eso, se debe evaluar la concentración de las materias y su impacto en la carga académica de los estudiantes. Además, la Universidad también se empezó a plantear si hay otras formas de concentración diferentes a las 16 semanas de duración del semestre que puedan adaptarse y producir mejores resultados. Otro de los problemas identificados es que hay muchos programas que no están alineados por completo, que no tienen claro qué perfil de estudiante y egresado quieren y cuáles son los objetivos que quieren lograr: transmitir conocimientos o desarrollar competencias.

Así las cosas, primero se planteó la propuesta de la trimestralización, luego esta mutó a la bimestralización y se llegó al punto en el que se está ahora. Entonces, con el propósito de empezar a evaluar la viabilidad de esta propuesta y para responder a las reacciones y preguntas de las facultades, departamentos y unidades académicas, la Universidad creó varios grupos de trabajo, compuestos por profesores de todos los programas, estudiantes y personal administrativo para discutir algunos temas relevantes de cara a la propuesta: carga del estudiante, carga del profesor, modelos de distribución de tiempo, evaluaciones, prácticas, consejería, etc., y para que dieran un concepto al respecto. Hasta el momento, varios grupos ya han expedido algunos documentos.

Entonces, en este punto la labor que deben realizar las facultades de la Universidad, incluida la de Derecho, es revisar esos documentos junto con la propuesta y empezar a evaluar si la flexibilización es una posibilidad idónea para desarrollar el programa de Derecho y si esta es una oportunidad o no para mejorar y fortalecer el perfil de abogado al que apunta la Facultad. En resumidas cuentas, el interrogante principal que tienen que plantearse tanto la Facultad como los profesores y los estudiantes es si esta propuesta ayuda a mejorar lo que se quiere hacer y a alcanzar lo que quiere lograr la Facultad.

Por otro lado, la decana considera que esta propuesta de flexibilización les permite a los estudiantes tener creatividad académica pues se puede jugar con los créditos, con la distribución de materias en 8 y 16 semanas, pues la existencia de cursos de 8 semanas no necesariamente implica que no se van a desarrollar las competencias requeridas. También considera que puede haber un componente del programa de Derecho para el cual esa propuesta puede ser buena, por ejemplo, en el ciclo de contextualización (ciclo I) y el ciclo de concentración (ciclo III), pues las materias del ciclo de formación jurídica básica (ciclo II) pueden ser más difíciles de reformar pues hay cursos en los que se necesitan las 16 semanas en el aula para que los estudiantes adquieran los conocimientos necesarios y desarrollen ciertas competencias. Sin embargo, esto no significa que la propuesta se va a implementar de esa manera pues, como se dijo, debe evaluarse antes si esta efectivamente sirve para alcanzar los objetivos del programa. Ahora bien, una de las preocupaciones de la decana es el régimen de transición que debe haber entre el sistema actual y el nuevo sistema que plantea la respuesta. Respecto a esto, señaló que ante todo debe primar la autonomía del estudiante; esta no se puede afectar.

Después de esta explicación general surgieron muchos interrogantes e inquietudes por parte de los estudiantes que, para ser respondidos con profundidad, requieren más tiempo e información. Por eso, se espera que en una próxima reunión estas preguntas se puedan responder puntualmente.

Puede encontrar la transmisión de la reunión informativa en este link: https://www.facebook.com/CIEDUniandes/videos/2059438087662047/ o en la página de Facebook del Consejo Interno de Estudiantes de Derecho (CIED).

Imagen obtenida de: http://www.losreplicantes.com