Intervenir o no intervenir: el dilema del Gobierno colombiano
Por: Juliana Rubiano-Groot. Estudiante de séptimo semestre de Derecho y miembro del Consejo Editorial. j.rubiano-groot10@uniandes.edu.co.
Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), visitó la frontera de Colombia con Venezuela el pasado 14 de septiembre. Dicho acercamiento se realizó debido a la decisión del Consejo Permanente de la OEA de conformar un equipo técnico que visitará las fronteras de los países en donde existe una evidente migración del pueblo venezolano. Mediante estas visitas, dicho Comité realizará un reporte con el fin de consolidar mecanismos de cooperación para atender a la crisis migratoria.
Durante su visita, Almagro evidenció algunas condiciones deficientes que atentan contra la integridad del pueblo venezolano, entre estas: la falta de comida, medicinas, trabajo y seguridad. Consecuentemente, aseguró que: “no se descarta ninguna opción para sacar a Venezuela de la crisis que atraviesa, más allá de las acciones diplomáticas. En cuanto a la intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción”.
Lo anterior, fue sustentado bajo el entendido de que la situación en Venezuela se resolvería si cayera Maduro, lo cual se traduciría en el restablecimiento de la democracia, la velación por los derechos humanos, mayores oportunidades de trabajo, libertad y elecciones transparentes. Ahora bien, es necesario plantear que el secretario recalcó que, con estas afirmaciones, no estaba llamando a que se efectúe un ataque militar sobre el territorio venezolano, como algunos medios lo interpretaron. Enfatizó en que se debían agotar las acciones diplomáticas y, en tal caso, dejar todas las opciones abiertas.
Así las cosas, tanto Colombia como el resto del mundo se encuentra ante un dilema sobre si la intervención militar en Venezuela es la mejor solución para superar la profunda crisis que se vive en el país, cuyos efectos ya han permeado la economía del continente, de acuerdo con lo planteado por la Revista Dinero. Entonces, el panorama internacional es inconcluso: varios países rechazan profundamente la intervención militar argumentando que esta implicaría una ruptura del orden democrático en Venezuela y una intromisión negligente en las decisiones de la Asamblea Nacional democráticamente electa.
Por otro lado, hay países que no descartan esta opción, afirmando que podría ser la única salida lo suficientemente expedita para poder ponerle un alto a la violación sistemática de derechos humanos evidenciada bajo el Gobierno de Nicolás Maduro. Si bien Colombia parece pertenecer al segundo grupo, aún persiste la incertidumbre.
La anterior suposición se sustenta en que Colombia no firmó la declaración conjunta expedida por el Grupo de Lima el pasado 16 de septiembre, en la cual se expresaba la preocupación y el rechazo ante cualquier curso de acción o declaración que implicase una intervención militar, el ejercicio de la violencia, la amenaza o el uso de la fuerza en Venezuela. Dicho grupo está conformado por los gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía. Fue creado como una iniciativa del Gobierno peruano para denunciar el quiebre del orden democrático en Venezuela, debido al no reconocimiento de la legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente.
Sin perjuicio de lo anterior, en su declaración, el Grupo de Lima mostró su inconformidad con la violación de derechos humanos efectuada por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro. En resumidas cuentas, se evidencia que en América Latina el rechazo hacia la intervención militar es generalizado.
Paralelamente a las declaraciones de Luis Almagro, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, coincidió con que la intervención militar no podía ser descartada. “Todas las opciones deben ser consideradas en la crisis venezolana”, afirmó durante un foro en Washington el pasado 11 de septiembre.
Debido a la incertidumbre desatada por la declaración del embajador, el presidente Iván Duque recalcó que Colombia no es un país belicista. No obstante, la no firma de la declaración del Grupo de Lima puede dar a entender que la posición de Colombia está más alineada con los planteamientos del embajador Santos. Ante el inconcluso y contradictorio discurso del Gobierno colombiano, existen un sin número de cuestionamientos que quedan por responder sobre la posible intervención: ¿qué países participarían?, ¿cuál sería el papel de la OEA?, ¿qué pasaría con los refugiados?, ¿cuál es el mecanismo de conciliación cuando no hay una unanimidad entre los países sobre la decisión que se debe tomar?, ¿ha evaluado Colombia las consecuencias que esto podría traer?
Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido claro en su apoyo a la intervención militar en Venezuela. Es necesario recalcar que esta posición no puede ser tomada a la ligera, más teniendo en cuenta que Estados Unidos ha liderado alrededor de 50 intervenciones en varios países, justificando sus acciones en su deber de restablecer la democracia.
La comunidad internacional ha reprochado en varias ocasiones las decisiones tomadas por la Casa Blanca, pues, en casos como el de Irak, la crisis resultó ser devastadora. Si bien podría decirse que esta es una más de las declaraciones espontáneas y efímeras del presidente norteamericano, el New York Times expuso una serie de reuniones que fueron llevadas a cabo entre exmilitares venezolanos y el Gobierno estadounidense para gestionar estrategias con el fin de derrocar a Maduro. No obstante, el mismo medio caracteriza a la operación como poco probable por razones diplomáticas y de presión internacional.
Así las cosas, la posición ambigua de Colombia frente a la intervención resulta controvertida. Si bien Duque ha afirmado que la intervención militar no es el camino preferente, su rechazo ante la firma de la declaración genera cuestionamientos acerca de si la posición de Colombia seguirá los lineamientos de su aliado norteamericano, o los del Grupo de Lima.
Por otro lado, es fundamental tener en cuenta que ni Almagro ni Francisco Santos son voces oficiales de Estados, por lo cual, no tienen la real capacidad decisoria para tomar algún curso de acción. La OEA no es un organismo que pueda hacer intervenciones militares, y Santos es sólo un representante diplomático. Además, el no firmar la declaración no implica necesariamente que se esté 100% a favor de la intervención, como afirma el ministro de Asuntos Exteriores colombiano Carlos Holmes Trujillo.
No obstante, se debe tener en cuenta el impacto que estas afirmaciones puedan traer consigo, especialmente para Maduro, quien puede tomarlo como una amenaza internacional y puede utilizarlo para justificar su poderío como el único medio para mantener seguro al pueblo venezolano.
Se evidencia, entonces, que la intervención militar resulta ser un tema complejo y, al parecer, lejano. Sin el apoyo unánime de los países latinoamericanos, podría tener un impacto internacional devastador, sin contar con el impacto económico que se podría generar. Adicionalmente, cabe cuestionarse si la economía colombiana soportaría una intervención militar de este talante, más si se tiene en cuenta que la capacidad de las Fuerzas Armadas está destinada, en su mayor parte, a afrontar conflictos internos. Además, conforme con las cifras presentadas por Migración Colombia, ante una operación militar podría quintuplicarse la suma de inmigrantes que llegarían a suelo colombiano, lo que generaría una crisis aún más grande en el país. Por esta razón, resultaría más útil en este momento que el Estado se centre en diseñar políticas públicas a largo plazo para manejar la entrada de inmigrantes a territorio colombiano, en vez de darle vueltas a la idea de una intervención militar.
Referencias
https://www.nytimes.com/2018/09/08/world/americas/donald-trump-venezuela-military-coup.html
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