Del origami, los tarjetones y la democracia

Por: Javier Felipe Pachón Velasco. Estudiante de sexto semestre de Derecho y Gobierno y Asuntos públicos. Miembro del Consejo Editorial. Jf.pachon@uniandes.edu.co
Mauricio Toro es un congresista a quien le tengo un gran afecto. Me parece una persona joven, crítica y optimista, varias cualidades que son difíciles de encontrar en los políticos que conforman el recién electo Congreso. Con todo y el aprecio que le guardo, el representante Toro es uno de los tantos políticos que vociferan y defienden el voto electrónico –ahora en su faceta play conocida como BlockChain– como una alternativa suficiente y necesaria para mitigar la corrupción de las contiendas electorales en el país, una tesis que no solamente me parece ingenua, y más aún viniendo del politólogo y representante Toro, sino una política pública que en la práctica ha sido increíblemente perniciosa. En Colombia, puedo asegurarlo con franqueza, no sería la excepción.
Grosso modo, la premisa que comparten los defensores del voto electrónico, sin perjuicio de los matices que cada uno pudiera introducirle, es básicamente la siguiente: las elecciones en Colombia son alteradas y defraudadas porque el conteo está a cargo jurados de votación. Por ende, los resultados son susceptibles de los actos de corrupción que puedan ejercer este grupo de ciudadanos. En vista de lo anterior, lo que proponen es remplazar el tradicional sufragio en papel (total o parcialmente) por urnas electrónicas, que prescinden de la “intromisión” de los jurados en el conteo de los votos. ¡Maravilloso! ¿Por qué no se nos ocurrió antes?
Para empezar, aunque la prensa y cientos de candidatos políticos han hecho una fantástica labor al empeorar la generalizada desconfianza en el sistema electoral –con mayor contundencia en los jurados de votación–, la realidad es otra muy distinta. Los jurados de votación no son designados por partidos políticos, ni son miembros de la campaña de ciertos candidatos, ni son siquiera empleados del Estado. Por el contrario, los jurados de votación son designados aleatoriamente por la Registraduría Nacional, cuya base de datos se nutre con los datos que le presentan entidades públicas, instituciones educativas y empresas del sector privado. Esto para dejar claro que el problema no es su designación, pues aunque ciertos sectores políticos no lo reconozcan en público, el sorteo es vigilado no solo por funcionarios de la Procuraduría General, sino también por los representantes de los partidos y movimientos políticos.
Ahora bien, es irrefutable el hecho de que ha habido, los hay y habrán casos de jueces electorales que se prestan para manipular el escrutinio de votos en su mesa. Sin embargo, la labor de estos ciudadanos en términos generales no solo es buena, sino necesaria. Por un lado, para las elecciones presidenciales de este año, la Registraduría designó 550.000 personas para ser jueces electorales en las 96.657 mesas de votación del país, que se traducen en más de cinco ciudadanos, como usted y como yo, por mesa de votación. En suma, la contienda y escrutinio electoral es supervisada por los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, la Registraduría Nacional y los testigos electorales que voluntariamente se lo propongan. Es decir, aunque parezca mentira, el modelo del voto en tarjetón físico propende, funciona y permite la veeduría de un gran número de ciudadanos y funcionarios.
Por su parte, el voto electrónico, me permito decirlo con franqueza, es totalmente lo opuesto. En efecto, aunque se escuda en una supuesta precisión y seguridad en el conteo de las votaciones, lo cierto es que los ciudadanos que poco comprenden de los sistemas informáticos y software de las elecciones quedan completamente excluidos al momento de velar por la transparencia de los encuentros. No hay duda: el voto electrónico supedita a los ciudadanos a confiar total y ciegamente en los pocos, porque hay que decirlo, son apenas unos cuantos, los que dominan y verdaderamente comprenden el funcionamiento de la tecnología utilizada; pero más preocupante es que son aún menos los que estarían en posición de administrar las plataformas y velar por la transparencia del encuentro electoral. Ahora, la “infranqueable, infalible, invulnerable” armazón que supuestamente rodea todo estos temas informáticos del BlockChain y voto electrónico ha dado un sinnúmero de discusiones, a las que cualquier conocedor medianamente sensato responde: todos los sistemas son infranqueables, hasta cuando un tercero los vulnera, o sus propios administradores los traiciona. No es cierto que exista una plataforma con una seguridad 100% inquebrantable, siempre existirá el riesgo y la incertidumbre de un ataque cibernético y/o manipulación de sus propios administradores.
Por otro lado, uno de los elementos más importantes en una democracia es la confidencialidad del voto, aquella garantía que tiene el sufragante de marcar el candidato de su preferencia sin que nadie más deba enterarse de su decisión. Este pilar ha sido satisfecho por el voto en tarjetón de papel, pues al depositarlo en las urnas no existe por naturaleza un mecanismo que permita a quien haga de juez electoral (bien sea el ciudadano o las autoridades competentes) descubrir cuál fue la elección concreta que tomó cada elector. Por el contrario, el voto no es secreto en los sistemas electrónicos, ni siquiera en los potentes software de los que se jactan sus creadores. Absolutamente todos los actos realizados en un dispositivo conectado a la web dejan una huella que en un 99.9% de los casos será imposible de borrar. Aunque no sea abiertamente reconocido, las autoridades competentes y los terceros que dispongan del suficiente capital y experticia, pueden rastrear quién ha marcado cada uno de los candidatos. No hay que irse lejos, el sistema electoral venezolano es de vanguardia, según refieren las autoridades del vecino país, pero es evidente para el mundo entero la manipulación de los resultados y las consecuencias extrajudiciales que trae para los votantes el emitir un voto por un candidato que sea de oposición al gobierno de turno.
Para finalizar, el representante Toro y los cientos de hacedores de política pública que, con las mejores intenciones, defienden este tipo de soluciones con base en experiencias tan superficiales como las de Kenia, parecen desconocer la realidad histórica de dicha política en el mundo. El Gobierno español, igual que muchos otros, ha descartado enfáticamente la implementación del voto electrónico, pues la experiencia de los países supuestamente desarrollados como Alemania, Holanda, Noruega, Irlanda, Reino Unido y Finlandia, reflejó un mar de problemas que en nada contribuyeron al fortalecimiento de la transparencia en sus democracias. Todos estos países experimentaron el voto electrónico, y todos lo han prohibido para retomar el voto en papel. En Perú ya se están presentando iniciativas legislativas que buscan derogar la implementación del voto electrónico, y lo mismo ocurre en Argentina.
La solución a la corrupción no está en un sofisticado computador, para ellos habrá siempre sofisticados malhechores. No es momento de tirar por la borda el voto en papel para adoptar un sistema electrónico que en el mundo ha sido catastrófico en términos de garantías democráticas. La solución, aunque sea menos atractiva, requiere de una alta y extensa inversión en educación ética y ciudadana, supone el empoderamiento de la sociedad civil y el robustecimiento de las instituciones que velan por la transparencia de las elecciones. No botemos el tarjetón de papel a la caneca para empezar de cero (o menos que cero); al voto en papel hay que defenderlo, vigorizarlo y, si se quiere, embellecerlo en la forma de un origami que encaje perfectamente en las urnas colombianas y se entrelace –hasta nuevo aviso– con la palabra democracia. Deposite el tarjetón cuidadosamente en una urna, como si fuera una vigorizada obra de arte, pues en realidad lo es y la democracia se lo agradecerá.
Fuente imagen: https://www.youtube.com/watch?v=ZSiAEKtCsGE
Tuit disponible en: https://twitter.com/maurotoroo/status/1032301233766379521?s=21
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