El caso Odebrecht: Más allá de la ética de Néstor Humberto Martínez
Por: Daniel Felipe Enríquez Cubides. Estudiante de segundo semestre de Derecho y miembro del Consejo Editorial. df.enriquez@uniandes.edu.co.
En Colombia, la polémica del caso Odebrecht se ha reactivado en la opinión pública desde hace unos días. Esto ha ocurrido por la publicación de unos audios en los cuales el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, sostenía una conversación informal con el entonces controller (auditor fiscal interno) de la institución financiera Corficolombiana. Claramente, al tratarse de una controversia alrededor de una figura pública, los medios de comunicación tienen plena libertad para hacer las preguntas que consideren necesarias. No obstante, la discusión pública se ve distorsionada cuando, en lugar de ser esta de carácter jurídico y ético, se esgrimen opiniones precipitadas y convenientes para obtener un provecho político de la trascendencia que tiene este caso para el interés general del país. Así que, a continuación, se expondrá a grandes rasgos lo que hasta el momento se sabe del caso, teniendo en cuenta que es mucha información para abarcarla en su totalidad. Además, sin tomar una postura de carácter “partidista”, se realizará una reflexión concluyente y abierta sobre la ética del fiscal. Además, se hace un llamado a que evitemos desviar la atención exclusivamente hacia el mismo, ignorando a múltiples responsables del caso cuyos procesos hoy en día continúan en incógnito.
Para empezar, es necesario conocer el papel que jugaron cada una de las personalidades e instituciones relevantes para el controvertido papel de Néstor Humberto Martínez. El primer actor relevante es la institución financiera Corficolombiana, propiedad del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo. Dicha institución que firmó un contrato de financiación con la concesionaria Ruta del Sol para que le adjudicara el tramo de la obra Ruta del Sol II. Este concesionario estaba compuesto por la Constructora Norberto Odebrecht S.A. (Brasil), Odebrecht Participações e Investimentos S.A., Estudios y Proyectos del Sol S.A.S. (Colombia) y CSS Constructores S.A. (Colombia). Estas últimas dos son vehículos de inversión del Grupo Aval y del grupo económico Solarte & Solarte, respectivamente.
En relación con lo anterior, Paola Solarte, hija de Carlos Solarte —dueño de CSS Constructores S.A. —, ha sido acusada por haber sobornado al ingeniero Jorge Enrique Pizano Callejas. Este reconoció, según dijo la fiscal del caso en contra de Solarte, haber recibido coimas por más de $240 millones para favorecer a CSS Constructores S.A. desde la dirección de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB). Lo anterior es relevante porque Jorge Enrique Pizano fue quien grabó sus conversaciones con el entonces asesor del Grupo Aval, Néstor Humberto Martínez Neira, comentándole de actos de corrupción, en el año 2015. Según parecen revelar los audios, Jorge Enrique Pizano se sentía afanado por poner en conocimiento de Luis Carlos Sarmiento el pago de unas coimas por parte de la multinacional brasilera Odebrecht, para adjudicarle la obra Ocaña-Gamarra al concesionario Ruta del Sol. Para ello buscaba a Martínez Neira, ya que supuestamente desde Corficolombiana le impedían que estos documentos llegaran a las manos de Sarmiento.
En este punto es donde se escucha a Néstor Humberto Martínez asegurar que haría llegar estos documentos a las manos del mismo. Promesa que, según le dijo a El Espectador, cumplió. Corficolombiana, quien era socia minoritaria del concesionario Ruta del Sol II (con su filial Estudios y Proyectos del Sol S.A.S.) habría reclamado a Odebrecht por la malversación de los fondos, lo que habría obligado a la multinacional brasilera a restituir el dinero usado en las coimas. Para esto, Corficolombiana se asesoró de la firma de abogados de Martínez Neira, quien diseñó un contrato (con cláusula de confidencialidad) para obligar a la multinacional a restituir el dinero y a que cualquier decisión del concesionario, en el futuro, se sometiera a la aprobación definitiva de los socios minoritarios de Estudios y Proyectos del Sol S.A.S.
Anteriormente, en el año 2012, Néstor Humberto Martínez Neira había asesorado al Grupo Aval sobre la posibilidad de hacer legalmente una adición a la concesión de la Ruta del Sol II, refiriéndose al tramo de Ocaña-Gamarra. Así, diseñó un modelo de contrato de adición para que el concesionario Ruta del Sol pudiera adjudicarse obras adicionales en el futuro. Lo anterior, exclusivamente si era a través de una licitación en condiciones de libre concurrencia. Sin embargo, meses después, el Instituto Nacional de Concesiones (que el presidente Juan Manuel Santos convirtió en la ANI en el 2011) habría adjudicado, en una licitación controvertida, una adición al contrato del concesionario Ruta del Sol, para la construcción del tramo Ocaña-Gamarra. El fiscal negó públicamente cualquier relación de su firma de abogados en la participación de dicha licitación. Esta hizo parte de una cadena de licitaciones presuntamente fraudulentas, que hoy tienen en detención domiciliaria e investigado al exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade.
Posteriormente, hacia el año 2014, el entonces presidente Juan Manuel Santos creó el Ministerio de la Presidencia (que tan sólo duró 2 años), en medio de la controversia por su falta de competencias constitucionales para hacerlo sin autorización expresa del legislativo. Allí, nombró ministro a Néstor Humberto Martínez, quien fue su principal apoyo en las gestiones del Gobierno con los distintos sectores de la sociedad, incluido el sector privado. En ese punto, Néstor Humberto Martínez Neira, conociendo los múltiples problemas detrás de la adición del contrato Ruta del Sol años atrás, participó en la elaboración del Conpes, que le dio su estructura a la llamada “revolución de las rutas 4G” en Colombia. Al preguntarle sobre por qué no se declaró impedido, el fiscal le respondió a El Espectador que: “Según la ley, uno se declara impedido cuando se trata del mismo objeto sobre el cual uno ha conceptuado. En el año 2012 yo había conceptuado sobre si se podía o no hacer la obra adicional. En el Conpes eso ya no se discutía, porque ya habían hecho la adición del contrato y ya lo había adjudicado la ANI, sin mi intervención”. Luego, en la elaboración del Conpes como ministro, tenía conocimiento de que la adición había sido fraudulenta, pero todo salvaguardado por el secreto profesional y la confidencialidad.
Finalmente, en una reunión que sostuvo con Jorge Enrique Pizano en el año 2015 —cuando Néstor Humberto Martínez había dejado de ser ministro y aspiraba a la Fiscalía General de la Nación–, sostuvo que en la adición de Ocaña-Gamarra se habían cometido múltiples delitos. “Soborno, lavado de activos, falsedad en documento privado, administración desleal, abuso de confianza, estafa, hurto, agravado y peculado por apropiación” son algunos de los que, según El Heraldo, Néstor Humberto Martínez tenía conocimiento. Contrario a lo que había sostenido públicamente, negó tener conocimiento sobre los delitos cometidos en el caso Odebrecht. Cuando se le preguntó por qué no se declaró impedido para el caso desde su primer día como fiscal, le respondió a El Espectador que: “la Corte Suprema de Justicia ha dicho una y cien veces que el fiscal se declara impedido sobre los negocios que lleguen a su despacho y ese negocio, en ese momento, no había llegado a mi despacho.”
Tras ver todo lo anterior, es claro que los múltiples cuestionamientos en contra de Néstor Humberto Martínez atentan contra la confianza de la ciudadanía frente a las labores de la Fiscalía. Si bien en el entorno puramente jurídico no se encontraba impedido para ser fiscal, éticamente sus actuaciones son muy cuestionables. Si desde el principio tenía claro, como se lo dijo a El Espectador, que: “cuando uno es abogado tiene un secreto profesional y no puede llegar con los secretos de la profesión a empezar a hacer investigaciones penales”, nunca debió aspirar a dicho cargo. Así él no sea el fiscal que lleva el caso, no deja de ser problemático que un funcionario público no pueda desplegar sus funciones, con todo el rigor posible, por sus actuaciones en la vida privada. Además, es problemático que desde el principio negara ante la opinión pública que tenía conocimiento sobre los mismos.
Sin embargo, eso no es lo más preocupante, sino que desvía la atención de verdaderos interrogantes que son trascendentales para esclarecer el caso Odebrecht en Colombia. Estos son: ¿Cómo está involucrada Corficolombiana en todos los delitos en la adición del contrato Ocaña-Gamarra? ¿Quién o quiénes impedían, presuntamente, que la información hallada por el controller Jorge Enrique Pizano llegara a conocimiento de Sarmiento? ¿Quién está detrás de la muerte del hijo de Jorge Enrique Pizano, quien era pieza clave de la investigación sobre las coimas de la multinacional brasilera? Detrás de la conformación de la ANI, y del Ministerio de la Presidencia, ¿puede hallarse una incidencia directa del entonces presidente Juan Manuel Santos en la adición del contrato Ocaña-Gamarra en el Conpes del año 2014, como lo dijo el exdirector de esta entidad, Luis Fernando Andrade? Pues bien, todo esto son conjeturas, pero es deber de la Fiscalía y de los demás organismos de control esclarecer cómo fueron los hechos, brindando todas las garantías de imparcialidad en las investigaciones. El fiscal debería considerar seriamente apartarse de su cargo, no porque tenga obligación de hacerlo, sino debido a que su participación indirecta en uno de los casos de corrupción más mediáticos para el país le hace un enorme daño a la confianza de la ciudadanía en la institucionalidad.
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