La salud en Colombia: ¿un derecho o un privilegio?
En este reportaje, la autora nos explica cómo el sistema de salud en Colombia ha sido ineficiente y poco diligente para atender las necesidades de los usuarios. Ello, contándonos la historia de Elisa Castro y su esposo, dos víctimas de las fallas del sistema.
Por: Juliana Rubiano-Groot Carrillo, estudiante de séptimo semestre de Derecho y miembro del Consejo Editorial. Correo: j.rubiano-groot10@uniandes.edu.co
Para pocos colombianos ir al médico no representa mayor dificultad, además de las usuales pinchadas y el tiempo perdido en la sala de espera. No obstante, para más de la mitad de la población acceder al sistema de salud pública representa una odisea llena de retos y obstáculos procedimentales que, en muchas ocasiones, terminan teniendo un costo mortal.
Elisa Castro, una mujer de 69 años de edad, es vivo testimonio del impacto que las deficiencias del sistema de salud tiene en la vida de los colombianos. Durante dos años, su vida se basó en peleas constantes con la Entidad Promotora de Salud (EPS) Cafésalud: colas interminables para autorizar medicamentos y largas llamadas presionando y amenazando con interponer acciones de tutela. Elisa no tenía opción, su esposo estaba muriendo de una enfermedad que le causaba coagulación sanguínea y por un problema en el cerebro.
Antes de adentrarnos en la narración de Elisa, debemos reconocer que el lograr entender a cabalidad el funcionamiento del sistema de salud en Colombia es cuestión de valientes. La complejidad del mismo ayuda a concebir el porqué Elisa tuvo tal cantidad de dificultades procedimentales para poder acceder a prestaciones básicas que el sistema debía ofrecerle, como medicamentos esenciales para el cuidado de su esposo. “Todo comenzó en los años 90, cuando el Estado busca delegar su función de prestadora de servicios sociales directos a entidades privadas, conocidas como las Entidades Promotoras de Salud”, explica Jaime Ramírez, exdirector técnico-científico de un programa de apoyo a la reforma de salud, hoy en día director de los postgrados del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana. “El Estado logra entonces quitarse la responsabilidad directa y convertirse en el regulador por excelencia. Con la Ley 100 de 1993, se crea el régimen de salud que se conoce hoy en día. Creado bajo el principio de la solidaridad, se divide en dos regímenes, el contributivo y el subsidiado. El primero está compuesto por todos aquellos que, en virtud de un contrato laboral —sin excluir a los trabajadores independientes, los pensionados y sus familias—, se encuentran bajo la obligación de cotizar una cuota del 12,5% de sus ingresos mensuales. El subsidiario, son aquellos individuos que debido a su calidad socioeconómica reciben un servicio gratuito subsidiado por los intereses recolectados por el Estado”.
El esposo de Elisa, Benito Cruz, hacía parte del régimen contributivo y mensualmente le descontaban 90 mil pesos de su pensión para cubrir la cuota obligatoria de salud. No obstante, a medida que sus complicaciones de salud se empeoraban y la EPS no tenía una respuesta efectiva y oportuna Elisa se empezó a preguntar a dónde se iba ese dinero que cotizaban todos los meses.
Benito, el esposo de Elisa, se accidentó un 14 de diciembre del año 2014 mientras visitaban a su familia en Viota (Cundinamarca). Alrededor de las 8 de la noche, se cayó por unas escaleras y se golpeó fuertemente la cabeza. Aunque la emergencia era urgente, Cafésalud respondió a la llamada de Elisa diciéndole que esas horas de la noche, y en el sitio donde se encontraban, no había servicio. Así, se vieron en la necesidad de cargar a Benito, quien se encontraba inconsciente, hasta la vía principal en donde tomaron un taxi que los llevara a la clínica. Pero esto solo fue el inicio. Ese mismo día, en urgencias, le dijeron a Benito que de ahí en adelante le tocaba inyectarse un anticoagulante llamado Enoxaparina, un medicamento de alto costo que no se encontraba incluido en el Plan Obligatorio de Salud (POS), hoy en día Plan de Beneficios en Salud. Según Jaime Ramírez, este plan dos grandes deficiencias: (I) que el Estado ha fallado en cuanto a la actualización progresiva del programa, desconociendo las nuevas enfermedades a las que se ven enfrentados los ciudadanos y (ii) que el POS fue utilizado, y sigue siendo utilizado, de manera discrecional por las EPS para su lucro individual.
Así, el procedimiento que debía seguir Elisa para conseguir el medicamento de su esposo se veía muy simple a primera vista: tocaba ir mensualmente a donde un médico de medicina general que se los recetara, después debía esperar a que la EPS Cafésalud lo autorizara, y al final solo faltaba ir a la farmacia de la 95 con Autopista a recogerlos. No obstante, este proceso era todo menos fácil. A Elisa le tocaba esperar alrededor de dos horas en la fila para conseguir la autorización de Cafésalud, y luego debía hacer otra fila de más o menos tres horas para recoger los medicamentos. Inclusive, muchas veces después de la interminable espera, en la ventanilla les negaban el medicamento pues no lo tenían en el inventario ese mes.
Elisa explica cómo un 25 de junio, por la falta del medicamento, su esposo se desplomó en el baño y empezó a convulsionar. Aunque lo llevaron a una clínica que lo había atendido antes, en la recepción le negaron la entrada a Benito pues se había acabado el convenio con Cafésalud. Dos horas después de llamadas a la mencionada EPS, después de no tener respuesta sobre cuál era el paso a seguir, un doctor de la clínica obligó a que se atendiera a Benito. Una vez internado, esperaron a que la EPS autorizara el traslado a una clínica con la que tuviera convenio. Sin embargo, nunca hubo una respuesta por parte de Cafésalud, por lo cual la clínica asumió los gastos. Asimismo el instituto empezó a comunicarle a Elisa sobre los gastos que debía sufragar ella una vez Benito saliera de la clínica, pues necesitaría cuidados adicionales como una enfermera y cama hospitalaria.
El 24 de julio murió Benito. A los 15 días después de fallecido, llamó Cafésalud autorizando un traslado a otra clínica. A esto, Elisa respondió que él había fallecido esperando su amable llamada.
Esta mujer relata su historia con un resentimiento profundo, pero con la esperanza de que, en un futuro, la salud en Colombia sea realmente un derecho y no un privilegio. No obstante, su historia es un testimonio del impacto que la negligencia por parte de las EPS ha tenido en Colombia. Lo que único que se puede esperar es que el Estado entre a jugar de manera eficaz su papel de regulador y logre reformar la figura de las EPS. Adicionalmente, debe descongestionar el sistema y asignarle más recursos para financiar la salud. ¿Cómo podrá hacer esto? Es una pregunta que hasta el día de hoy se mantiene pendiente.
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