Mi (casi) primera multa

Por: Daniel Caycedo Velosa. Estudiante de Derecho. d.caycedo@uniandes.edu.co.

En este artículo, bajo el relato de su experiencia, un estudiante analiza la implementación y los impactos del nuevo Decreto que establece el decomiso de la dosis mínima.

Un sábado, alrededor de las 11:30 de la noche (a esa hora ya no hay niños rondando por ahí), salí del bar en el que estaba para fumarme un porro en la calle. Junto con dos amigas emprendimos la búsqueda de un lugar para prenderlo. El dilema del marihuanero es encontrar un spot en el cual no lo coja la Policía pero que tampoco lo cojan los ladrones (este es el gran problema de la ilegalidad: una vez se está en ella se van desvaneciendo las garantías que el sistema jurídico otorga). Debido a que todo toca hacerlo en el menor tiempo posible, fui haciendo el porro a la vez que caminábamos. En este proceso nos paró una moto de la Policía: nos iban a estrenar el nuevo Decreto.

La escena ya ha sido actuada mil veces: “papeles por favor”, “no intente esconderse eso que ya lo vi”, sacan el talonario de multas, pero —oh sorpresa— no proceden a hacerme una multa inmediata. La primera jugada es crear miedo: “me lo voy a llevar para el CAI”. A la vez que voy respondiendo que no pueden hacerlo, ellos van diciendo que tienen el derecho a retenerme hasta 6 horas, supongo que fundamentados en el muy común ‘alto grado de excitación’. Una vez no funciona el derecho para defenderme y el agente se escuda en su discrecionalidad, comienzo a sentir temor.

En este punto lanzan el segundo dardo: “¿dónde vive?”, “¿dónde estudia?”, mientras lo miran a uno de pies a cabeza. Este es su método sistematizado para calcular cuánto tengo en la billetera. Acá el policía parece haciendo sociología: dos preguntas indirectas que sugieren de manera inmediata la clase social a la que pertenece el individuo, el sueño de toda metodología. Si las respuestas son acertadas y reflejan plata, resulta que —como bien lo sugirió Gabriel Santos— la multa no aplica. “Usted se ve como un chino de bien. No me lo voy a llevar. Más bien arreglemos de otra forma”. Lo que el Decreto no dice es que el precio de la multa depende de la categoría social donde uno esté metido. Para un pelado que vive en Santa Barbara y estudia en Los Andes hay un descuento de un poco menos del 50 %: “páseme 150, dejamos así y le devuelvo sus vainas”. La reacción casi intuitiva de una persona asustada que se ve amenazada con penas más altas es aceptar el descuento: “No me llevan, me devuelven mis cosas, gasto menos tiempo que yendo a pagar la multa y me sale más barato”.

Yo estuve de buenas y me fui sin pagar un peso y sin multa, pero sin marihuana. Resulta que en el momento en que había aceptado pagar el dinero e iba a ir a un banco a sacarlo llegó una pareja diciendo que una persona les acababa de robar el coche de su bebé. En ese momento los dos policías se vieron atacados por 5 miradas que les decían de manera conjunta:

“¿De verdad van a dejar de perseguir a un ladrón que acaba de cometer un delito por sacarle plata a un consumidor?”. El señor agente me dijo que iba a coger al ladrón y que nos viéramos a una cuadra del cajero en 20 minutos para que le diera la plata y él me devolviera mis cosas, pero cometió el error de quedarse sólo con mi marihuana y devolverme mi cédula. De inmediato salí volando en un taxi (de nuevo, el gran problema de la ilegalidad es que allí no existen las garantías que el sistema jurídico otorga).

En el taxi, mis amigas me resaltaron lo bien que me había ido. A ellas las habían parado hacía un poco más de una semana y les pidieron $350.000, bajo la amenaza de que las iban a judicializar por cargar más de la dosis mínima. Después, cuando volví a contarles la experiencia a mis amigos, me percaté de 13 a quienes habían parado en la vigencia del nuevo Decreto, solo a 2 les habían puesto la multa.

Lo que los autores del Decreto ignoraron —como lo hacen los autores de la mayor parte de la legislación colombiana— es que este se iba a insertar en una serie de prácticas preexistentes de informalidad. Todo aquello que el derecho no regule, todo aquello que deje a la libertad de los particulares o de los agentes del Estado, va a dar el espacio para que dichas prácticas se cristalicen mediante el derecho. Las estructuras existentes de desigualdad y de abuso, así como las prácticas de terror que realizan los agentes de la Policía en su contacto con los consumidores, se cuelan en las palabras de un Decreto que no prevé cómo contrarrestarlas. Al ignorarlas las legitima: hace que se hagan en nombre de la ley.

Si quisiéramos, podríamos hacer un diagrama de los costos que tiene para un individuo ser atrapado por la Policía consumiendo en la calle. Esta última ha desarrollado un sistema:

$150.000 para alguien como yo; $350.000 en caso de que lleve más de la dosis mínima. Hace falta hacer el estudio puntual, pero por los resultados de estudios previos podemos afirmar que el precio dependerá del factor de clase. Lemaitre y Albarracín encontraron que la reacción de la Policía depende del perfil del consumidor: el peso es mayor para los pobres, indigentes y otros grupos considerados marginales (tatuados, punks, skaters, etc.), y menor para consumidores de estratos altos, que se ven como “gente de bien”1 . Siguiendo estos hallazgos, podemos sugerir que quizá el precio de la multa oscile entre $100.000 para alguien de clase media y $250.000 si llevan más de la dosis. ¿Y quiénes pagan las más de 3000 multas que han sido reportadas hasta el momento?2 Si mis especulaciones van bien, las pagan los más pobres, que no tienen cómo pagarlas, ni cómo pagarle al policía.

He aquí el absurdo del Decreto: i) genera una penalización informal para todos los consumidores, que se ven sometidos a prácticas de intimidación y abuso policial; ii) da las herramientas para que se genere un nicho de corrupción; iii) el grueso de las multas que se imponen en su nombre va a quienes no pueden pagarlas. Acá lo que hay es una medida Mi (casi) primera… Viene de la pág. 3 Sigue en la pág. 5 que abre las puertas a una legítima persecución de consumidores. De nuevo —y por última vez—, el gran problema de la ilegalidad es que allí se desvanecen las garantías que da el sistema jurídico. Los autores del derecho son conscientes de cómo marcan sus propios límites, y de a quién quieren dejar afuera. Este Decreto no es otra cosa que una patada que pone afuera a los consumidores: una manera sofisticada de someterlos a la ilegalidad en nombre de la ley.

Solo me queda una duda: ¿a dónde habrá ido a parar mi dosis, y las del resto de consumidores en mi misma situación? Se necesita de una multa, y no de un soborno, para formalizar su destrucción…


Referencias

Imagen: La Fm

1. Ver Albarracín, M. & Lemaitre, L. (2011) Patrullando la dosis personal: la represión cotidiana y los debates sobre políticas públicas sobre el consumo de drogas ilícitas en Colombia. En: A. Gaviria y D. Mejía (ed.) “Políticas antidroga en Colombia: éxitos, fracasos y extravíos”. Bogotá: Ediciones Uniandes. Ver pp. 259 y 260.

2. Ver Caracol (2018) Más de 3000 sancionados van por portar dosis mínima de droga. Disponible en: http://caracol.com.co/radio/2018/10/06/judicial /1538782241_699979.html.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s