¿Privatización carcelaria en Colombia?

Por: Paula Andrea Guevara Mera. Estudiante de Derecho de la Universidad Externado de Colombia. paula.guevara@est.uexternado.edu.co

El sistema penal colombiano presenta una infinidad de problemas, pero para efectos prácticos nos centraremos en el hacinamiento carcelario, que en muchos casos hace imposible enviar a la cárcel a cumplir su condena a los delincuentes que cometen delitos menores, además de las precarias condiciones en las que deben permanecer los reos mientras cumplen su sanción.

Hay varias tesis, algunas mejores que otras, que desvirtúan el hecho de que la privatización del sistema carcelario puede traer soluciones a la problemática. La mayoría de los argumentos en contra consisten en convicciones morales, que encuentran inconcebible el hecho de que haya terceros y entidades privadas dispuestas a lucrarse con uno de los hechos más crueles en la historia: la privación de la libertad. Lo cierto es que muchas de ellas desconocen no solo el crecimiento poblacional y el incremento de la comisión de delitos en Colombia, sino también que la viabilidad económica del sistema carcelario sin la privatización es prácticamente utópica.

¿Por qué la solución a este conflicto sería la privatización de las cárceles?

Formular una política pública es un ejercicio complejo, pero un análisis de costo-beneficio es útil para encontrar que esta problemática se puede solucionar de la misma forma como se vienen solucionado otros problemas de servicios públicos en casi todos los países del mundo: privatizándolos. En efecto, hay amplía evidencia de exitosos resultados en varios lugares del mundo. Por ejemplo, el caso chileno, que por su contexto socio cultural y sus problemáticas similares en términos de hacinamiento y precarias condiciones de infraestructura, suponen un importante precedente a evaluar en Colombia.

Según Bravo y Jiménez (2011), la privatización carcelaria en Chile no solamente contribuyó a la solución de problemas propios del sistema, como el hacinamiento, sino que ha tenido efectos positivos en relación directa con los presos y sus condiciones de vida, que ahora se ajustan materialmente con los derechos que les otorga la Constitución de su país. De igual modo, los autores hacen notar que también los funcionarios de la cárcel se ven beneficiados con la medida, pues su trabajo se dignificó, hay condiciones aptas para ejercerlo y hay un aumento significativo en su bienestar y calidad de vida[1].

La transformación en el sistema ha funcionado, y es una solución viable para resolver el conflicto que se vive actualmente en Colombia. Sin embargo, hoy difícilmente se lograrán superar los altos costos de transacción —si se quiere ver en estos términos— de un sistema carcelario esencialmente público, pues las convicciones morales que están presentes en el debate lo impiden. Mientras tanto, los presos en Colombia tendrán que aferrarse a la idea de que una acción de tutela, por ejemplo, logre atravesar un océano de distancia para poder acceder a sus derechos, y los Altos Tribunales seguirán profiriendo sentencias bellísimas, pero que carecen de cualquier efecto real en un universo carcelario que contraviene la dignidad humana y que es económicamente insostenible.

[1] Bravo-Yáñez, C., & Jiménez-Figueroa, A. (2011). Bienestar psicológico, apoyo organizacional percibido y satisfacción laboral en funcionarios penitenciarios de Chile. Revista Española de Sanidad Penitenciaria, //35//

Imagen: Carcel Modelo de Bucaramanga. recuperada de: https://www.youtube.com/watch?v=9DkJdTlk8a8