El incierto futuro de Venezuela
Por: Daniel Felipe Enríquez Cubides. Estudiante de tercer semestre de Derecho, opciones en Gestión Pública y en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo, y miembro del Consejo Editorial. df.enriquez@uniandes.edu.co.
Se viven días agitados en el vecino país de Venezuela. Desde el pasado 10 de enero, con la segunda juramentación de Nicolás Maduro como presidente para un período de seis años, la comunidad internacional —a excepción de países como Bolivia, China, Cuba, Irán, México, Nicaragua y Rusia— ha enviado un contundente mensaje de rechazo y desconocimiento de su régimen. En América Latina, un conjunto de países denominados “el grupo de Lima” —puntualmente Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Perú— también lo desestimó. Este grupo argumenta que el segundo mandato de Maduro representa una ruptura en el orden constitucional, debido a “la ausencia de garantías para unas elecciones libres y democráticas”. Así, múltiples organismos multilaterales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea han llamado al restablecimiento de la voluntad popular, a través de una salida pacífica a la crisis interna.
Tras una serie de fuertes protestas en todo el país, que coincidieron con las manifestaciones en conmemoración del golpe de Estado de 1958 (aquel derrocó al dictador Marcos Pérez Jiménez), la Asamblea Nacional de Venezuela tomó una decisión trascendental de cara al futuro. Fundamentándose en los artículos 333 y 350 de su Constitución, proclamó a la cabeza superior de su cuerpo legislativo, el ingeniero y diputado de la oposición Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela.
Según establece su Carta Superior, “el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”. Así, si bien la Constitución bolivariana no reconoce ninguna figura jurídica concreta para la designación de un presidente interino en cabeza de la rama legislativa, es muy clara en establecer que no se reconocerá a ningún gobierno que violase las garantías democráticas o los derechos humanos.
Frente a la debilitación del sistema democrático, se ha denunciado que el oficialismo influyó en los comicios en los que Nicolás Maduro salió electo. Esto ocurrió, de forma indirecta, al ofrecer alimentos a quienes votaran por la reelección (constatando los votos con el “carnet de la patria”), y de forma directa, con la alegada manipulación de los resultados. Por otro lado, los principales partidos de oposición decidieron no presentar candidatos, al considerar que las elecciones estaban viciadas y eran ilegítimas. Ello explica la abstención del 54 % de la población habilitada para votar. En un país como Colombia, dicha cifra podría no parecer tan alarmante, ya que tenemos un nivel similar de abstencionismo. Sin embargo, Venezuela se ha caracterizado en las últimas décadas por la multitudinaria participación popular en las elecciones; en 1999 la abstención fue del 44 %, en el 2006 de 24 % y en 2012 tan sólo del 20 %.
Claramente, la tendencia cambió radicalmente este año cuando el abstencionismo ganó 34 puntos porcentuales, los que se explican, en cierta forma, por la masiva ausencia de participación de la población joven. Lo anterior es una clara muestra del debilitamiento del sistema democrático venezolano, empeorado a través de múltiples censuras a medios de comunicación, persecución judicial a los opositores y violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Así, el artículo 333 de la Constitución bolivariana hace un llamado al pueblo para que se desconozca la instauración de un régimen, lo que en principio justificaría un golpe de Estado. Aquí, es importante aclarar que es impreciso decir, como fundamento jurídico para el nombramiento de un presidente interino, que Nicolás Maduro es un usurpador del poder. En cambio, de acuerdo con la Constitución venezolana, lo pertinente es justificarlo en que el Gobierno ha abusado de los poderes que se le confieren para instaurar un régimen antidemocrático y que no respeta los derechos humanos, cuestión comprobada formalmente con la salida de Venezuela de la Convención Interamericana.
Ahora bien, en el vecino país se constituyó un auténtico paralelismo. Dos gobiernos alternos se encuentran en busca de la legitimidad para dirigir al Estado y, con ello, el futuro de la nación venezolana. Por un lado, Nicolás Maduro cuenta con la Asamblea Nacional Constituyente (ampliamente criticada por su accidentada conformación) como su poder legislativo, junto con el Tribunal Supremo de Justicia (órgano constitucional, cooptado por fuerzas oficialistas) como poder judicial. Por su parte, Juan Guaidó cuenta con la Asamblea Nacional (órgano constitucional) como poder legislativo y con el Tribunal Supremo en el Exterior, que es un organismo judicial no constitucional, compuesto por exmagistrados y reconocidos juristas exiliados por el régimen. Este último grupo fue el que, hace unos meses, “condenó” a Nicolás Maduro por recibir sobornos de la multinacional brasilera Odebrecht.
Las palabras del juramento de Guaidó se erigen como un discurso aparentemente esperanzador para Venezuela: “Asumo el deber impuesto por la Constitución y el art. 333 que obliga a todos los venezolanos, investidos o no de autoridad, a luchar para la restitución del orden constitucional”. Inmediatamente varios países —como Argentina, Canadá, Estados Unidos, Paraguay, Ecuador y Colombia— reconocieron al gobierno interino como legítimo en Venezuela (actualmente toda América Latina, con excepción de Bolivia y México, ha reconocido el gobierno de Juan Guaidó).
En este contexto, la situación de Venezuela parece ser una oportunidad irrepetible, pero a la vez peligrosa, para terminar con el régimen de Nicolás Maduro. Peligrosa, porque los altos mandos militares, en representación del Ejército Nacional Bolivariano de Venezuela, se han manifestado en apoyo al Gobierno. Algunos disidentes, incluyendo al General de Divisiones de Infantería, se han manifestado “en apoyo a la voluntad del pueblo”. Frente a esto, un detonante para aumentar la posibilidad de una confrontación por parte de insurrecciones al interior del ejército son las amnistías que se prometen desde la oposición (con una ley aprobada en la Asamblea Nacional) para exculpar a cualquier militar en ejercicio que se alce en armas “para derrocar a la dictadura y reestablecer la democracia”.
Con todo, sin implicar que este “gobierno de transición” sea una mala salida para la crisis de Venezuela, se abre la puerta para que se instaure otro régimen igual de autoritario en su lugar. Ante la aparente polarización al interior del ejército de Venezuela, se iniciaría un auténtico conflicto interno que dejaría más devastado al país y se sugiere que sería susceptible de apoyos internacionales en materia bélica, cuestión que es poco deseable para la estabilidad de América Latina. Así, la única premisa que debe mantenerse para poder salir de la opresión es que el pueblo mantenga el ímpetu y la esperanza, para recuperar su soberanía. Por lo demás, es mejor que no se ejecute una salida violenta, ya que podría agudizar la crisis de la región, donde Colombia sería el primer país afectado.
En conclusión, deberíamos procurar trabajar, en lo que nos sea posible, para facilitar la salida que propuso la Unión Europea: lograr un diálogo entre las partes y una salida pacífica de la crisis, a través de unas elecciones libres (con verificación internacional). Ello, con el propósito de causar los menores daños colaterales posibles para Venezuela y para la región. De todas formas, sin importar lo que depare el futuro en los próximos días, siempre estaremos del lado de la democracia, enviando un mensaje de fortaleza y admiración para el pueblo venezolano; siempre deseando que puedan seguir en la lucha por el futuro de su nación y que, de una vez por todas, llegue la justicia a sus destinos.
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