Chuzadas a la Corte: ¿realmente volvimos al pasado?

Por:  Daniel Felipe Enríquez Cubides. Estudiante de segundo semestre de Derecho, con opción en Gestión Pública y miembro del Consejo Editorial. df.enriquez@uniandes.edu.co.  

En las últimas semanas, el mayor escándalo de la rama judicial se dio por cuenta de las denuncias del magistrado Alejandro Linares Cantillo, expresidente de la Corte Constitucional, quien desde hace unas semanas sospechaba que estaba siendo intervenido en sus comunicaciones personales. La semana pasada, cuando la Sala Plena de la Corte sesionó en el club El Nogal con motivo de las protestas que tendrían lugar en el centro de la ciudad, el magistrado les notificó a los demás sobre sus sospechas.

Inmediatamente, el sentimiento generalizado dentro de la Corte fue de angustia. Varios miembros de la Corporación, entre ellos Carlos Bernal Pulido y Cristina Pardo, coadyuvaron las denuncias de Linares, asegurando que todos los pormenores que se discuten en las sesiones privadas son objeto de filtraciones. En medio de la incertidumbre, los magistrados enviaron una petición a la Fiscalía General de la Nación, en nombre de la Corporación, para que les informara si se estaba adelantando alguna investigación en contra de los miembros de la Corte, y si con ocasión de ello se estaban interceptando sus comunicaciones. Peticiones similares fueron enviadas a la Policía General de la Nación y a la Dirección Nacional de Inteligencia.

Tras esto, varios magistrados hablaron con los medios de comunicación para hacer públicas sus inquietudes. Para la presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Stella Ortiz, estos se estaban “armando una película” con el tema, y aseguró en su momento que las versiones entregadas a los medios no podían ser corroboradas por basarse en simples especulaciones. No obstante, después sabríamos que la preocupación de los magistrados estaba fundada. En respuesta a la petición de la Corte, el fiscal Néstor Humberto Martínez informó que desde principios del presente año se estaban adelantando investigaciones sobre el tema. Según la Fiscalía, habían logrado intervenir las líneas telefónicas de una organización criminal no identificada, en donde descubrieron la intención de incidir en los procesos de revisión que adelantaba Corte Constitucional.

Desde ese momento, los magistrados han hecho un barrido sobre varios procesos de acción de tutela, seleccionados y no seleccionados para su revisión, para tratar de ver a qué expediente podrían atribuirse las interceptaciones ilegales. En principio, el motivo fue desplazado de las decisiones que tomará la Corte y que son cruciales para el actual gobierno, como la suerte de las objeciones a la ley estatutaria de la JEP, o el dilema de permitir o no el uso de glifosato altamente concentrado para la erradicación de cultivos ilícitos. No obstante, tras todos los escándalos que han desprestigiado al ente investigador, como la relación del Fiscal General de la Nación con el caso Odebrecth, o la captura del fiscal anticorrupción en el marco del llamado “Cartel de la Toga”, ¿Puede confiarse el futuro de la independencia judicial en manos de dicha institución?.

Lo único cierto es que la tranquilidad del órgano de cierre constitucional ha sido mermada. Es muy difícil, como lo han reconocido sus magistrados, tomar decisiones bajo la presión de saberse perseguidos. Las interceptaciones ilegales tienen el objetivo de conocer datos sus vidas privadas y utilizarlos para coaccionar las decisiones judiciales. Ello representa una amenaza para la estabilidad jurídica del país y crea un alto nivel de desconfianza den la ciudadanía. Empero, no es la primera vez que en Colombia se ve un fenómeno de dicha naturaleza.

Entre las reacciones de los magistrados que más llamaron la atención de los medios de comunicación se halla aquella que afirmó tajantemente que “volvieron las chuzadas, volvimos al pasado”. Esto hacía referencia, indudablemente, a las chuzadas perpetradas por el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que espió a la Corte Suprema de Justicia durante la apertura de las investigaciones por parapolítica. Corría el año 2009 y las relaciones entre las Altas Cortes no pasaban por un buen momento. Más aún, la relación entre el Ejecutivo y la Corte Suprema se destacó por darse en un contexto de agresión y de choque de trenes.

Si bien el contexto de las chuzadas del DAS es muy distinto, por ahora, según lo que sabemos de las chuzadas a la Corte Constitucional, el resultado es el mismo del pasado: una justicia intervenida, sin garantías, con miedo. Más allá de la pregunta sobre el origen de las chuzadas, y si estas son coincidentes con los intereses del gobierno de turno, esta situación es equiparable a la vista en el pasado. Incluso, hay razones para pensar que la precariedad de la justicia es peor en la actualidad.

Según conocimos esta semana, el magistrado Alberto Rojas Ríos fue amenazado de muerte. Dos sufragios llegaron a sus familiares, advirtiéndoles del futuro de la decisión sobre el glifosato, que está en manos de su despacho. Por otro lado, el senador Roy Barreras ha denunciado públicamente que la Corte podría sufrir de presiones indebidas, en el marco de las objeciones a la ley estatuaria de la JEP sobre las cuales tiene la última palabra. Es así que chuzadas, amenazas de muerte, presiones indebidas y hasta “brujería” son la muestra de que no volvimos al pasado. Vivimos nuestro fatal presente que, a todas luces, es peor.      

Imagen: Procuraduría General de la Nación