La desinformación engorda

Las enfermedades asociadas al exceso de peso y la mala nutrición les están cobrando factura a los colombianos de forma alarmante. ¿Qué está haciendo la institucionalidad colombiana para contrarrestar esta problemática de salud pública? ¿Están los ciudadanos suficientemente informados sobre las propiedades de su alimentación?

Por: Estudiante de cuarto semestre de Nutrición y Dietética de la Universidad Nacional de Colombia.

La situación nutricional en Colombia es preocupante. La última Encuesta Nacional de la Situación Nutricional realizada en el 2015 muestra la manera en que han aumentado los niveles de sobrepeso, obesidad e inactividad física en toda la población colombiana.

Uno de los grupos etáreos más preocupantes es el de los escolares y adolescentes debido a los riesgos tempranos que pueden aparecer en su salud. El 25% de los menores presentan un exceso de peso, representado ya sea en forma de obesidad o sobrepeso. Pero es aún más preocupante la cifra de exceso de peso en adultos; el 56,4% de la población adulta colombiana sufre de exceso de peso y posiblemente esté desarrollando, o ya tenga, enfermedades derivadas de esta condición. Estas enfermedades son también conocidas como Enfermedades No Transmisibles (ENT) y dentro de ellas se pueden encontrar la diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer y dificultades respiratorias.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (2018), las ENT son causa del 71% de las muertes que se producen en el mundo y pueden verse potenciadas por factores como la hipertensión, el sobrepeso y la obesidad, la hiperglucemia (niveles elevados de glucosa en la sangre) y la hiperlipidemia (niveles elevados de grasas en la sangre), todos potenciados por una mala alimentación y por la inactividad física. Debe tenerse muy presente que las ENT se encuentran directamente relacionadas con los niveles de pobreza de un país, principalmente por el alto gasto que implica el tratamiento de estas enfermedades para el Estado.

Ahora a un nivel más local, según la organización Red PaPaz (2016), en Colombia el 75% del total de muertes fueron resultado de las ENT. 2,7 millones de personas padecen diabetes y 4 de cada 10 adultos sufre de hipertensión por el alto consumo de sodio. Este aumento en el porcentaje de exceso de peso y de enfermedades crónicas no transmisibles no viene solo. La disponibilidad y el consumo de alimentos procesados y ultraprocesados ricos en sodio, azúcar y grasas también han venido aumentando de manera significativa.

Vale la pena preguntarse si estas cifras tan alarmantes de exceso de peso han llevado al gobierno a tomar medidas que disminuyan y controlen este dicho aumento en la población colombiana. La respuesta es que sí. Existen leyes y decretos como la Ley 1355 de 2009 (Ley de la obesidad) o el Decreto 975 del 2014 (Decreto de Publicidad dirigida a niños y adolescentes) o la Resolución 333 de 2011 (Resolución que regula el etiquetado o el rotulado nutricional) que buscan proteger al consumidor, darle información clara sobre lo que consume y así disminuir la tasa de obesidad en el país.

Sin embargo, si estas normatividades fueran eficientes no se observaría un aumento en el exceso de peso en la población colombiana actualmente. El incremento en las cifras de exceso de peso puede ser atribuido al alto consumo de alimentos y bebidas ultraprocesados, altamente disponibles en el mercado, que no hacen parte de una alimentación saludable y cuya información nutricional es poco clara. Sumado a esto, el consumidor puede verse engañado por la publicidad que le es presentada, pues la mayoría de comerciales o propagandas publicitarias hacen referencia a los beneficios falaces que acarrea consumir su producto y no a su aporte nutricional, lo cual es ignorado por los consumidores, especialmente por los niños. El consumidor no tiene la educación y no recibe las herramientas para tomar decisiones informadas sobre qué consumir.

Entonces, ¿debería la industria brindar información nutricional más clara en la etiqueta en vez de que nosotros los consumidores comencemos a leer, o sigamos leyendo, ese cuadrito blanco que aparece detrás de cada alimento? La respuesta a esta pregunta es muy sencilla. La industria debería brindar información clara y comprensible sobre lo que contienen los alimentos porque entender ese cuadro es muy complicado, la información que brindan es confusa, poco útil y en algunos casos resulta incluso no ser completamente cierta, como lo mostró el estudio realizado por la Asociación Colombiana de Educación al Consumidor. En este estudio, se realizó una comparación entre el rótulo nutricional y el contenido que realmente tienen algunas bebidas azucaradas, demostrando así que de 62 bebidas azucaradas que fueron estudiadas, 20 contenían más del 20% de azúcar del que reportaban en el rótulo y 13 contenían glutamato monosódico no reportado en el rótulo nutricional (Educar Consumidores, 2018).

Los derechos de los consumidores están siendo vulnerados porque no tienen herramientas que les facilite el proceso de elegir qué comprar. Al momento de adquirir los alimentos, el tiempo dedicado a escogerlos es muy bajo y son pocos los que compran basados en el aporte nutricional de la etiqueta porque otros factores como el precio, el aspecto físico o los agregados como los juguetes que vienen en el interior de ellos, tienen un mayor peso sobre su elección.

Frente a esta situación, se decidió crear el Proyecto de Ley 019 de 2017, cuyo objetivo era establecer medidas para el control de la obesidad y otras ENT por medio de mejorar la información brindada al consumidor por parte de la industria. Para esto, contaba con ciertas bases. La primera de ellas es el uso de la comunicación para la salud. Segundo, la regulación a productos comestibles y bebibles de alto contenido calórico y/o bajo valor nutricional, que es donde se encontraba la propuesta más importante e interesante de toda la ley. Por ejemplo, se propuso incluir en el etiquetado frontal advertencias sanitarias con mensajes de alto impacto preventivo, visibles, fáciles de identificar, cuyo fin era promover el consumo adecuado e informado de alimentos procesados. Y tercero, acciones públicas en favor de hábitos de vida saludable como la promoción de una alimentación saludable en instituciones educativas.

Si el fin de esta ley era cuidar al consumidor, ¿por qué el Congreso decidió “modificar” artículos clave de este Proyecto de Ley? En el debate, algunos de los argumentos en contra de la ley fueron que esta “…desconoce, por un lado, el papel que tienen estos alimentos dentro de la nutrición de la población…” o que “… son los colombianos, quienes deben ser conscientes de su propia responsabilidad de cuidar su salud a través de información nutricional en los alimentos y bebidas” (ANDI, 2018).

En conclusión, los consumidores no deberían estar pendientes de que la industria los está engañando, puesto que la información que esta brinda debería ser confiable y fácilmente comprensible. El Estado debería promover la aprobación de herramientas que buscan beneficiar al consumidor y facilitarles la toma de mejores decisiones. Si no llega a ser aprobada la integración de un etiquetado frontal con advertencias sanitarias, la industria no debe preocuparse por tomar medidas importantes en el diseño de sus productos y los consumidores seguirán tratando de entender e identificar qué es bueno o no para su salud. Aunque es responsabilidad de los consumidores elegir qué compran, también es deber de la industria brindarles información clara y verídica.

Fuente de la imagen:
http://triatletasenred.sport.es/triatlon-salud/nutricion/comenzar-entrenar-sobrepeso/