La miserable representación estudiantil en nuestra Facultad ¿Momento de pasar la página?

«La responsabilidad de los actores que aplican el derecho, sean o no abogados, surge ante la decisión de quedarse con los brazos cruzados ante el desentendimiento social, el desprecio sistemático y la la ilegitimidad. «

Por: Daniel Felipe Enríquez Cubides. Estudiante de tercer semestre de Derecho, opción en Gestión Pública y miembro del Consejo Editorial. df.enriquez@uniandes.edu.co.

El reconocido periodista Héctor Abad Faciolince escribió hace unos días una columna para El Espectador, titulada Mil años de cocaína, donde se mostró bastante crítico frente a la política de drogas adoptada por Colombia. Esto se debe a que, en su opinión, es una cuestión de salud pública y no de represión. A lo largo de su escrito, entre otras cosas, redactó varias afirmaciones ignominiosas sobre los abogados, que se hacen muy relevantes dada la situación actual de nuestra Facultad. Cuando el lector empieza con el texto, es recibido con la idea de que “Colombia es el país con más abogados del mundo. Aquí los abogados (más de 400.000) son una plaga, una maleza, una manigua. Se levanta una piedra y salen abogados como hormigas”. Características tales afirmaciones, como casi toda la columna, de un estilo periodístico dado al amarillismo y a la polémica.

No obstante, en nuestro país los medios de comunicación se ven absorbidos por los mórbidos deseos de información caótica. Por lo tanto, es una noble e importante labor el tratar de interpretar las distintas situaciones y opiniones, por más estrepitosas que sean, con un lente de mesura, asertividad y autocrítica. Dichas actitudes le hacen falta a Colombia para construir una sociedad deliberativa y respetuosa de las diferencias. Asimismo, les hacen falta a nuestra Facultad para no ceder ante la polarización, ya que muchas veces se hace evidente la decadencia política de sus integrantes: desde graves acusaciones que vienen y van, pasando por campañas al CEU manchadas por el manto de la duda, hasta representantes estudiantiles inmersos en actitudes que no son dignas de representación. Del mismo modo, hacen falta dichas virtudes cuando (en una suerte de mea culpa) recurrimos a la independencia periodística para, con ausencia total de criterio, entrar en el juego de la confusión y el prejuzgamiento.

Es entonces que, en línea con lo anterior, la columna de Abad puede ser interpretada para comprender que, más allá de la ofensa a la profesión, contiene un fuerte sentimiento de aversión social hacia los abogados. Como puede identificar cualquiera que la lea con la paciencia del que se sienta a pescar, la crítica de Abad no va dirigida hacia los abogados en general, sino que va dirigida hacia el derecho como tal, reflejado este en algunas prácticas de quienes lo ejercen. Para empezar, Abad reprocha la exagerada producción conceptual en el campo jurídico. Para una persona con su opinión —así como quien escribe estas palabras—, los abogados que se sienten tan orgullosos y cultos por poder hablar en un lenguaje extremadamente técnico, al punto que nadie es capaz de entenderlo más que ellos, causan que las personas del común se enreden y no sean capaces de comprender discusiones de tanta relevancia social como las objeciones a la JEP o la renuncia del Fiscal General de la Nación. Así lo reflejó cuando redactó lo siguiente:

El otro día hubo aquí un lío de abogados jalándose las mechas. Tres magistrados de la JEP (contra dos magistradas que salvaron su voto) sentenciaron que no se sabía si Santrich había ofrecido o no “mercancía” (léase cocaína), y que tampoco se sabía cuándo. Fuera de eso dijeron que los tipos de la DEA le habían tendido la trampa al ciego sin orden judicial, o alguna minucia legal así. Que lo soltaran y no lo extraditaran, mientras la Corte o la Fiscalía investigaban más a fondo los hechos.

El anterior fragmento nos muestra la inmensa relevancia de nuestras acciones para la sociedad. Las cuestiones que podrían parecer meramente jurídicas, como las decisiones de los jueces, tienen un efecto innegable sobre la noción que las personas del común, ajenas a nuestros tecnicismos, construyen sobre los abogados. Por eso mismo, la utilización de un criterio judicial y político exclusivamente basado en las minucias de la ley, pierde cada vez más su legitimidad. De allí, surge la importancia de que el derecho responda a partir de la apertura, y no del cierre, a las consideraciones sobre la moral.

Por ejemplo, nadie que conozca el fondo y la importancia constitucional de la presunción de inocencia va a discutir sobre su necesidad. No obstante, su aplicación directa muchas veces asume la aceptación general de tal premisa. Ello, permite la noción de que es un simple refugio jurídico y técnico, sin ningún sustento en valores iusfundamentales como la libertad y la justicia. De lo anterior, podemos inferir la importancia de que los tecnicismos jurídicos se conviertan en una herramienta de explicación, mas no en un elemento definitivo en la toma de decisiones.

Ahora bien, ¿realmente el problema es del derecho y no de los abogados? Para sustentar esa apreciación, podemos tomar como ejemplo la última decisión del Comité Administrativo del CEU sobre el proceso Beltrán-Castro, en la cual los anteriores fueron exonerados de las acusaciones imputadas a su campaña. Con esa esa sentencia, realizada por estudiantes que no hacen parte de la Facultad de Derecho (y que evidentemente no tienen mayores conocimientos jurídicos), quedaron inmensos vacíos en la parte motiva. Debido a lo anterior, se dio lugar a que la comunidad infiriera que la decisión se tomó con base, exclusivamente, en la no comparecencia de los denunciantes a la audiencia del caso. Empero, el expediente de dicho proceso contiene mucha más información sobre todas las partes del mismo. Al no ser expresada correctamente tal información, independientemente del fondo del asunto, la decisión perdió su legitimidad. El problema, nuevamente, radica en la ritualidad cerrada de este tipo de decisiones, que en una sociedad cada vez más mediática es equiparada con la deshonestidad o la incompetencia. Por ello, la responsabilidad de los actores que aplican el derecho, sean o no abogados, surge ante la decisión de quedarse con los brazos cruzados ante el desentendimiento social, el desprecio sistemático y la la ilegitimidad.

Siguiendo lo anterior, la ausencia de explicación y voluntad de diálogo, como medio para facilitar la comprensión de los problemas (esa misma actitud que se reprocha de los abogados frente a la sociedad), ha sido el mayor de los males cometidos por nuestros representantes. Sin embargo, otro elemento de gran importancia es la poca voluntad de escuchar que tenemos los estudiantes, quienes creamos juicios de valor sobre las personas, sin permitir por lo menos un ápice de explicación. Entonces, la solución para los problemas de nuestra Facultad, que de igual forma deberían adoptar los abogados, es dejar de lado el orgullo característico de los reflectores de nuestra profesión, cambiándolo por una vocación de pedagogía, diálogo y construcción.

Al respecto, tenemos una meta de largo plazo para abrir el derecho y las decisiones de liderazgo, de manera que los representados realmente las comprendan y puedan formarse un criterio suficientemente informado sobre ellas. Así, sólo acogiendo fervorosamente a quienes se han formado un sentimiento de aversión por sentirse excluidos del debate, es que podemos construir una comunidad jurídica asertiva y más cercana a los sentimientos de su sociedad. De igual manera, una Facultad con representación legitima y dispuesta al cambio. Para lograr esos fines, cada uno de nosotros, como parte fundamental del problema, debe tomar actitudes convencidas y dar un primer paso hacia la motivación ética y autocrítica de nuestras acciones.

En tal sentido, las renuncias de los representantes Gómez- Gómez y Cardona-Hernández fueron un esbozo de motivación. Como un acto de gallardía, abren la oportunidad para que tengamos un diálogo en la Facultad, una verdadera reflexión sobre lo que nos pasó y sobre lo que nos espera, sin señalamientos individuales y rencorosos, de forma constructiva. Se hace importante, entonces, que los representantes restantes analicen seriamente la posibilidad de hacer lo mismo, en un acto de confianza que nos permita mirar hacia al futuro. A pesar de lo que suceda, el verdadero compromiso con la Facultad —y con el país— debe ser dejar atrás los mensajes de odio, para reorientar las discusiones, atacar los verdaderos problemas, convivir en un contexto de tolerancia y escuchar todas las ideas sin importar su proveniencia. Luego, si por fin se decide convocar a elecciones extraordinarias para cubrir las vacantes del CEU, estaremos ante el primer gran reto en la tarea de construir una verdadera comunidad y de formarnos para nuestra futura inmersión en la realidad del país: aprender a pasar la página.