Hace nueve meses la Universidad decidió declarar que al interior de su campus no se fume. La implementación de la medida, aunque popular entre la comunidad uniandina, denota que asegurar su cumplimiento, con las herramientas actuales, no es tarea fácil y depende, en gran medida, de un margen de sanción meramente social. 

Por: Redacción Facultad Al Derecho. 

El semestre pasado fue el primero en el que el campus principal de la Universidad de los Andes estuvo “libre de humo”. Con la expedición de un comunicado por el entonces rector, Pablo Navas, y abundante publicidad en redes sociales, a finales de abril de 2019 la Universidad anunció su decisión de que al interior de su planta física nadie respire aire contaminado con el humo de cigarrillos, vapeadores o sus similares. El proceso de implementación de la medida fue ágil, por lo que en pocos días toda la universidad fue cubierta de avisos que indican la nueva regla.

La medida, no obstante, no resultaba del todo sorpresiva, pues desde 2018 los Andes había propuesto como una de las ‘metas’ de sus programas de Bienestar “declarar la Universidad como Campus Libre de Humo” e “inculcar en la comunidad uniandina ambientes sanos dentro del Campus, reduciendo la exposición a compuestos tóxicos”. 

A pesar de la drasticidad de la decisión –teniendo en cuenta sus efectos para la población fumadora–, esta no suscitó mayor debate, más allá de contadas expresiones de inconformidad en redes sociales. Esto, en cierta medida, puede ser explicado desde la amplia aceptación que, como pudo constatar Al Derecho, tiene la disposición entre la comunidad uniandina.

La medida, a grandes rasgos, fue asumida con relativa normalidad. Los hábitos cambiaron y, ahora, quienes incluyen en su rutina un “par de cigarros” deben caminar unos metros más para hacerlo fuera del campus. 

Sin embargo, la medida, aunque loable para muchos, corre el riesgo de terminar como un “saludo a la bandera”; el hecho de ser una declaratoria y no una prohibición, pone a prueba, como nos dijeron todas las fuentes consultadas por Al Derecho, la “introspección” y “responsabilidad social” (en su sentido genuino) de los uniandinos. 

La declaratoria no deja de ser un hito para la historia del Campus; no deja de ser sorprendente que hace apenas un par de décadas lo usual era que al interior de los salones se permitiera fumar con total libertad y en las cafeterías de la Universidad se vendieran paquetes de cigarrillos. 

El Periódico pudo corroborar que la medida actual está en constante evaluación y que depende, como política, de varias dependencias de la Universidad. Por su parte, la población universitaria, de forma general, la aprueba; pero también cree que no se está cumpliendo como debería ser. 

Con apoyo pero sin fuerza: una medida ‘sin dientes’

A casi nueve meses de la implementación de la medida, han surgido percepciones diversas entre quienes concurren el campus. Sin embargo, las mediciones institucionales de opinión, aun si se han realizado, no han sido difundidas y el debate se ha reducido a sensaciones aisladas.

Un sondeo realizado por Al Derecho*, en el que participaron estudiantes de todas las facultades de la Universidad, profesores, personal administrativo y otros miembros de la comunidad uniandina, revela que el 74% ellos aprueba, en alguna medida, la decisión de declarar el campus libre de humo. Sin embargo, esa misma indagación muestra que la mayoría de la comunidad (58%) considera que, desde su implementación, la medida no se está cumpliendo eficazmente. 

Según el doctor Germán Otálora, Jefe del Departamento Médico de la Universidad, la popularidad de la declaratoria es tangible y “la implementación de la medida no tuvo mayor resistencia”. A su juicio, esto se debe a que “las nuevas generaciones son más conscientes del daño que producen estas prácticas en la salud y el medio ambiente”. Aseguró que la decisión se tomó no solo para generar conciencia y prevención en los fumadores sino también para “salvaguardar la salud de los fumadores de segunda y tercera ‘mano’, que son aquellos que reciben el humo y las partículas del cigarrillo que contienen miles de tóxicos nocivos”.

Otálora añade que, sorpresivamente, al consultar percepciones sobre la medida en la universidad, es el tema del daño ambiental producido por los residuos del cigarrillo el que genera más conciencia sobre la importancia de aplicar medidas como la declaratoria del campus libre de humo; incluso, más que los efectos de estos productos en la salud humana.

Ante los resultados del sondeo realizado por Al Derecho, Otálora dice que aunque cree que de forma general la medida sí se está cumpliendo, no le sorprende que existan episodios constantes de incumplimiento, teniendo en cuenta que en la actualidad la medida no tiene consecuencias disciplinarias y está planteada solamente como una regulación social. “Ese es el sentido de que sea una declaratoria y no una norma”, nos dijo Otálora, quien al respecto afirmó que “a la medida hay que ponerle dientes” y que ya se están planteando fórmulas para crear una normativa institucional al respecto.

Así pues, en la actualidad, la eficacia de la medida recae sobre una obligatoriedad ‘relativa’, que carece de fundamento prohibitorio. Sin embargo, una persona que conoce de cerca la actualidad de las discusiones frente a la medida y que pidió no ser citada, le aseguró a Al Derecho que los comités encargados de hacer seguimiento a la declaratoria ya estarían preparando propuestas para su regulación disciplinaria y que, además, son optimistas frente a la recepción que el nuevo rector, Alejandro Gaviria (quien no ha anunciado ninguna modificación en su aplicación), tendría frente a estas. Según nos dijo, confían en que, “por el conocimiento que el Rector tiene de la normatividad antitabaco”, especialmente teniendo en cuenta su paso por el Ministerio de Salud, la medida “se robustezca, en lugar de ser modificada para flexibilizarla”.

Adicionalmente, la misma fuente nos explicó que, frente a esta nueva propuesta, uno de los objetivos divisados es generar claridad en que la eventual prohibición incluye a los vapeadores. Esta circunstancia, dice, ha sido ignorada y es uno de los principales factores de ineficacia de la declaratoria, teniendo en cuenta que “la evidencia científica muestra que su humo es igual de dañino al del cigarrillo y, por eso, también debe ser eliminado del campus”.

“No es un capricho de la universidad”

Detrás de la promoción, vigilancia y ejecución de la declaratoria hay varios órganos de la Universidad. Además de la Gerencia del Campus y el Departamento Médico, que están en cabeza de esta esta estrategia, hay varios comités con funciones de vigilancia y seguimiento frente a la medida:  Seguridad y Salud en el Trabajo, Sostenibilidad y Buenas Prácticas. Otras dependencias, como la Facultad de Medicina, han sido importantes actores en la promoción del veto al cigarrillo en el Campus.

Ana Carolina Álvarez, Coordinadora de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Gerencia del Campus, nos aseguró que la decisión de erradicar el humo del cigarrillo del Campus se basa en las consecuencias nocivas que este genera, no solo en quienes fuman sino también en todas las personas que comparten entorno con esas personas. Así mismo, explicó que esta medida “no es un capricho de la universidad” y, en concordancia con el doctor Otálora, aclaró que la declaratoria se produce en respuesta a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y a la normatividad vigente en materia de gestión en seguridad y salud en el trabajo. A juicio de ambos, la aplicación de la medida nos convierte en “referentes en prevención”.

Finalmente, también asegura que la medida, además de basarse en temas de salud, tuvo alta consideración en el impacto de los residuos sólidos producidos por estos productos, específicamente las colillas de los cigarrillos que, según explica, “tienen un alto impacto en el deterioro del campus”. Estos desechos, desde la declaratoria, han sido, según cuenta Álvarez, uno de los factores de medición de su cumplimiento, arrojando que existen niveles de disminución tajantemente considerables. 

La medida, por ahora, continuará operando con una obligatoriedad débil y poniendo a prueba la “sanción social” de los uniandinos. Sin embargo, la apuesta por la implementación de una reglamentación más estricta podría suscitar escenarios distintos; especialmente, en la era de Alejandro Gaviria como rector, cuya postura frente a determinaciones de esta magnitud ha sido presentada como más participativa y propensa al debate. 

* El sondeo fue realizado por los miembros del Consejo Editorial del Periódico. Las respuestas fueron obtenidas, principalmente (55%), mediante encuestas realizadas de forma personal y aleatoria. Así mismo, un porcentaje menor (45%) de respuestas fue obtenido por medio de encuestas enviadas a grupos interdisciplinarios de estudiantes y profesores, recolectando una muestra total de 170 personas de la comunidad uniandina.