La unificación de las Bibliotecas Satélite y la creación de más de dos mil puestos de estudio son algunos de los cambios que vendrán con la construcción del Centro Cívico Universitario de Los Andes. ¿Cuáles serán las implicaciones para los uniandinos? 

Por: Santiago García Correa. Estudiante de cuarto semestre de Derecho y miembro del Consejo Editorial de Al Derecho. s.garciac@uniandes.edu.co

Más allá del ruido y el polvo, la construcción del nuevo Centro Cívico Universitario tiene la vocación de renovar y reestructurar el campus uniandino. Además de plazoletas, salones y auditorios, en el proyecto se ubicarán tanto la nueva Biblioteca General de la Universidad como la nueva sede de la Facultad de Derecho. Sin embargo es poca la información que se ha hecho pública respecto al imponente proyecto; los pocos datos que pueden encontrarse son muy generales y datan de hace más de tres años, es decir, de la administración de Pablo Navas. 

Así, es poco lo que realmente se sabe acerca de la dimensión de la reestructuración del Campus y, particularmente, frente a las consecuencias de la construcción de la nueva Biblioteca General (cuya sede se trasladará del edificio ML al Centro Cívico); entre otras, la desaparición de las Bibliotecas Satélite. Al Derecho  habló con varias fuentes que conocen al detalle los pormenores del proyecto, con miras a buscar respuestas sobre qué implicaciones tendrá la integración del Sistema de Bibliotecas, cómo será la reubicación de la Facultad de Derecho y si, en efecto, la Biblioteca de Derecho perderá su autonomía.

Adiós a las Bibliotecas Satélite: ¿avance o retroceso?

La nueva construcción propone una inédita articulación y centralización de todo el Sistema de Bibliotecas. La apertura de la nueva Biblioteca General anticipa, como pudimos constatar, la extinción de las tradicionales Bibliotecas Satélite de la universidad, incluída la de Derecho. A pesar de ello, esta medida no entraña, de acuerdo con el Director de Gerencia del Campus, Maurix Suárez, un cambio negativo para la universidad “si se tienen en cuenta las más de 60 salas de estudio y 2.200 puestos con los que contará la nueva Biblioteca”. 

Para el desarrollo del proyecto, la Universidad ha estructurado un comité conformado por el Director de Gerencia del Campus, la firma encargada de ejecutar el proyecto: arquitectos Cristián Undurraga y Konrad Brunner y —en el caso particular de Derecho— la Decana, el Secretario General y tres profesores. Dicho comité tiene la tarea de acompañar y revisar las propuestas sobre las transformaciones específicas de la Biblioteca Satélite y la Facultad de Derecho.

No obstante, algo en lo que no ha existido consenso dentro del comité es las implicaciones de la desaparición de la Biblioteca Satélite de Derecho.

El caso de la Satélite de Derecho, al igual que el de las otras disciplinas que tienen Biblioteca Satélite (Administración, Arquitectura y Diseño, Economía y Medicina), es complejo: más allá del factor tradicional, la especialización, autonomía y crecimiento de la misma podrían verse afectados en el nuevo proyecto. No obstante, las perspectivas del comité encargado de asesorar el futuro de la construcción son diversas.

“A pesar del sentido de pertenencia que los estudiantes pueden tener por la biblioteca satélite, lo realmente importante es tener un espacio idóneo al que habrá que adaptarse.”

Diana Durán, profesora de la Facultad de Derecho

De acuerdo con los profesores de planta de la Facultad, Henrik López y Diana Durán (miembros del comité), y el Secretario General de la Facultad, Carlos Alfonso, desde el interior de la facultad se está dando “la pelea” por la autonomía de la biblioteca de Derecho. Respecto a la importancia de la autonomía, López afirmó que la colección de la Biblioteca Satélite de Derecho “está creciendo [constantemente], es una de las más diversas de Colombia y se está completando a pasos agigantados”. Por esto, según él, llega a preocupar que su crecimiento e importancia quede supeditada a las necesidades de la Biblioteca General. 

Por otra parte, en opinión de Durán: “a pesar del sentido de pertenencia que los estudiantes pueden tener por la Biblioteca Satélite, lo realmente importante es tener un espacio idóneo al que habrá que adaptarse”. En este sentido, Durán explicó que no es la primera vez que la Biblioteca de Derecho es trasladada: “cuando yo estudiaba aquí [en la Universidad], en el Rgc estaba la Facultad de Administración; la Facultad de Derecho y su biblioteca se trasladó aquí [al Rgc] luego de que Administración fuera ubicada en el edificio Santo Domingo”.

Respecto a la solicitud concreta de autonomía, realizada por los miembros del comité pertenecientes a la Facultad de Derecho, Alfonso afirmó que la Universidad ha estado dispuesta a escuchar las peticiones de la Facultad de Derecho, aunque no ha confirmado ni desestimado nada. Con todo, pareciera que la idea de integrar todo el Sistema de Bibliotecas en una sola es ya definitiva.

Sobre el tema, Maurix Suárez, gerente del Campus, le reveló a Al Derecho que la integración obedece, en parte, a problemas logísticos en las Bibliotecas Satélite. Además, dejó claro que el rol de Gerencia del Campus es materializar las necesidades de la Universidad. Respecto a la situación particular de la Biblioteca Satélite de Derecho, Suárez afirmó que debería verse al proyecto “no como un riesgo, sino como una oportunidad para crecer”. 

En cuanto a la reticencia de algunos profesores y estudiantes de la Facultad frente a la desaparición de la Biblioteca Satélite, Suárez expresó que “es normal encontrar resistencia al cambio”. Sin embargo, insistió en que la integración traería grandes beneficios para la Facultad de Derecho como pasar de la relativamente pequeña Biblioteca Satélite a una “gigantesca Biblioteca General” en la cual habrá una sala destinada a Derecho (Sala Eduardo Álvarez-Correa) y de la cual los estudiantes de Derecho serían los “usuarios principales”. 

“Es una (la colección de la Bib. satélite de Derecho) de las más diversas de Colombia y se está completando a pasos agigantados”. Por esto, según él, llega a preocupar que su crecimiento e importancia quede supeditada a las necesidades de la Biblioteca General.” 

Henrik López, profesor de la Facultad de Derecho

Además de integrada, otra de las novedades traídas por la nueva biblioteca es, según Suárez, una biblioteca central “con todo”, abierta 24 horas y que “permita una articulación de la universidad y su entorno”; es decir, una biblioteca abierta a todo el público. Tal novedad fue confirmada en los últimos días por la recién nombrada Directora del Sistema de Bibliotecas, Karina Ricaurte. Esta concepción de un campus social y una biblioteca abierta al público se asocia —como contamos— con la idea de un “campus más abierto a la comunidad” que ha propuesto el Rector Alejandro Gaviria.

Se calcula, de acuerdo con Suárez, que la totalidad de la construcción esté lista para 2023.

La nueva Facultad: transición con incertidumbre

Terminado el desarrollo de la biblioteca (fase 1 del proyecto) se comenzará con el desarrollo de la segunda fase del Centro Cívico Universitario. Dicha etapa consta, en primer lugar, de la demolición de los bloques Z, Rgb y Rgc y; como segundo punto, de la construcción de la parte restante del edificio donde, además de auditorios, salones, cafeterías y terrazas, estará ubicada la Facultad de Derecho. Así las cosas, surge la pregunta: ¿qué pasará con la Facultad durante los más de dos años que durará la construcción de la segunda fase del Centro Cívico Universitario? 

En respuesta a esta pregunta, Henrik López comentó que no se sabe a dónde será trasladada la Facultad durante el tiempo que dure proyecto. Igual lo confirmó la Gerencia del Campus: según Maurix Suárez, si bien aún no se sabe a dónde serán trasladadas las dependencias administrativas de la Facultad durante el tiempo que dure la construcción, tal decisión se tomará en el transcurso de este año.

Sin embargo, según el profesor López, los miembros de la Facultad de Derecho sí han intervenido —a través de sus miembros en el comité— en la forma como se ha estructurado el proyecto y han hecho sus propias solicitudes respecto a lo que debería incluir la nueva Facultad. En efecto, de acuerdo con Carlos Alfonso, las referidas solicitudes llegaron hasta el punto de pasar un “checklist de peticiones” que se viene analizando desde abril de 2019 y que llevó a un ajuste en los diseños preliminares de la construcción en octubre del mismo año. Las solicitudes incluyeron: espacio suficiente para el personal administrativo, oficinas individuales y cerradas para los profesores, luz suficiente y oficinas particulares para consejerías estudiantiles. 

De cualquier manera, es claro que la discusión no está cerrada y, teniendo en cuenta todo el tiempo faltante para la finalización total del proyecto, subsiste, por cómo se han llevado las discusiones internas sobre el proyecto, un amplio margen para que los planes y diseños iniciales eventualmente cambien. Lo que sí está claro es que la reestructuración acarreará cambios drásticos en la cotidianidad de los estudiantes de derecho uniandinos y que estos cambios no estarán exentos de polémica en su discusión e implementación.