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Aborto, inseguridad jurídica y doble estándar

*Las posturas y afirmaciones de los columnistas externos no comprometen ni reflejan posiciones editoriales de Al Derecho.

Más allá de los debates de fondo sobre la despenalización del aborto y las controversias sobre la competencia de la Corte para abordar esa discusión, el tribunal constitucional debe tener en cuenta varios elementos frente al control abstracto de constitucionalidad, para evitar vulnerar criterios de igualdad y seguridad jurídica.

Por: David Felipe Ramírez Pabón, estudiante de noveno semestre de Derecho en la Universidad de La Sabana. Integrante de la Clínica Jurídica de Interés Público y Derechos Humanos de la misma Universidad, y partícipe de intervenciones ante la Corte Constitucional  y el Consejo de Estado en procesos relacionados con la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Posiciones encontradas frente al tema de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) han esgrimido múltiples argumentos y, lastimosamente, diatribas, pero ninguna de ellas ha visibilizado una problemática que, a mi juicio, es indispensable para analizar la situación. 

Como es sabido, la Corte Constitucional [CC], entre otras decisiones, profiere sentencias de exequibilidad condicionada, en virtud de las cuales permite la subsistencia de una disposición legal bajo una interpretación ajustada a la Constitución, esta es, la que la Corte misma determine. Tal fue el caso de la C-355/2006, mediante la cual se permitió la permanencia del delito de aborto, siempre que se interpretara en el sentido de no acarrear pena bajo tres causales. Sin embargo, actualmente existe un proceso de inconstitucionalidad cuya demanda busca revertir tal interpretación y prohibir totalmente la IVE. 

Siendo así, me permito adelantar que, si la CC falla de fondo la demanda en cuestión, por ejemplo, despenalizando absolutamente el aborto hasta las dieciséis semanas, el impacto negativo sobre la seguridad jurídica y el principio de igualdad sería inevitable. A continuación, pretendo explicar mis razones de la forma más comprensible posible, de suerte que nadie se sienta excluido del debate. 

La Corte ha sido consistente, especialmente desde la sentencia C-1052/2001, en que quien pretenda mediante demanda de inconstitucionalidad reprochar una norma del ordenamiento jurídico, debe exponer las razones por las cuales considera que tal norma viola la Carta Política, cumpliendo con los siguientes requisitos: (i) claridad; (ii) certeza; (iii) especificidad; (iv) pertinencia, y; (v) suficiencia. La omisión de estos criterios haría que la demanda fuese inepta para ser tramitada mediante el control abstracto de constitucionalidad hasta sus últimas consecuencias, y conllevaría una inhibición de la CC.

Sin ir más lejos, el requisito de certeza consiste, sintéticamente, en que la demanda de inconstitucionalidad reproche una “proposición jurídica real y existente”, verificable a partir de la interpretación del propio texto de la norma legal

En este sentido, una demanda que ataque la interpretación hecha por la CC en relación con una norma legal (ej. La interpretación hecha mediante sentencia C-355/2006) sería inepta. Lo anterior pues, primero que todo, no se dirigiría contra una interpretación que surja del propio texto de la disposición legal en tela de juicio (en este caso, el tipo penal de aborto), sino contra lo dicho por una sentencia de la CC en relación con la disposición legal.

Consecuentemente, una demanda de tal naturaleza cuestionaría la validez de una decisión emitida por una autoridad jurisdiccional como la CC, desnaturalizando la filosofía del control abstracto de constitucionalidad en virtud del cual se pretende juzgar si una norma legal se ajusta o no a la Constitución. 

Este criterio fue utilizado como razón de decisión por la CC en 2017, cuando afirmó haberse inhibido “de emitir un pronunciamiento de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda, en cuanto el ciudadano incumplió el requisito de certeza, ya que el problema jurídico planteado no surge del texto de la disposición legal acusada, sino del sentido de la Sentencia C-355 de 2006. De tal suerte que el demandante realmente cuestiona la validez de un fallo emitido en sede de control abstracto de constitucionalidad, antes que el contenido de una norma de rango legal.” (C-341/2017)

Con base en lo anterior, sólo quisiera dejar los siguientes cuestionamientos presentes: (i) si ejercer demandas contra una sentencia de constitucionalidad estuvo vedado hasta este momento, ¿no atentaría la CC contra el principio de igualdad al cambiar de repente el estándar, no inhibirse y fallar de fondo la demanda que busca revertir la interpretación hecha en sentencia C-355/2006? Y, siendo así: (ii) ¿no generaría un ambiente de inseguridad jurídica el que, de forma inédita, todos los fallos en los que la Corte ha condicionado la interpretación de una disposición legal sean ahora susceptibles de nuevos e indefinidos análisis por parte de, nuevamente, la CC?

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