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La regulación sobre la gratuidad de servicios financieros, un fracaso más de la economía naranja

Juan Manuel Correa Muñoz, Abogado y profesional en ciencias administrativas y económicas de la Universidad CES. Actualmente, es abogado a cargo de liderar el equipo jurídico In-House de Acciones & Valores S.A. Comisionista de Bolsa – Western Union. j.corream@uniandes.edu.co 

La ley 2009 de 2019 que obliga a las entidades financieras a otorgar servicios financieros gratuitos a sus usuarios, tales como, cuotas de manejo, consulta de saldos o retiros en ATM, tiene un efecto meramente simbólico como producto del populismo legislativo de la economía naranja.

Uno de los principios de una economía neoliberal o por lo menos de libre mercado, como es la colombiana se funda en la formación de precios derivados de la oferta y demanda; pero además de un mercado de libre competencia donde las empresas, entendidas como el principal ente dinamizador de la economía, toda vez que cumplen con una condición tripartita de remuneración de la mano de obra, el consumo y la producción de productos y servicios que permiten una economía competitiva que ofrece mejores precios o atributos, lo anterior mirado desde la teoría  denominada de circuito económico que termina siendo el ideal de la sostenibilidad empresarial desde la los objetivos de la integración vertical y horizontal. 

La ley 2009 de 2019, tiene un nacimiento populista apegado al lema presidencial de la economía naranja, como la promulgación de los 3 días sin IVA, son medidas que no sirven a la hora de dar soluciones reales a la situación actual del país y que en el caso específico de la 2009, ya se venía dando y no había necesidad de regularse. 

Desde la carta del 91, en su Art. 335 se eleva a la calidad de servicios públicos los prestados por las instituciones financieras, una situación que orienta los aspectos subjetivos (estructura) y objetivos (servicios) bajo la premisa de la protección del ahorro del público y la confianza en el sector financiero; lo anterior lo convierte en un sector de la economía híper regulado y que por su crecimiento es foco de iniciativas populistas. La ley 2009 de 2019, por ejemplo, obliga a los a los establecimientos de crédito a prestar de manera gratuita al menos 3 de los servicios que esta individualiza, como cuotas de manejo, consulta de saldos o retiros en ATM y demás; con el fin de  otorgar beneficios a los particulares, una cuestión que está limitando la libre competencia pues en el marco de estos servicios los establecimientos podían atraer clientes con el otorgamiento de servicios gratuitos los cuales ley está atando como obligatorios. 

Otro de los errores de la ley es que deja al libre albedrío que los establecimientos de crédito elijan cuáles van a ser los 3 servicios gratuitos. Por lo cual, a pesar de tener una banca universal como la introdujo la misión Kemmerer, los bancos tiene segmentos en los cuales se especializan, esto genera que de la lista sean elegidos aquellos servicios en los cuales no tienen casi transacciones y por ende no se está protegiendo o dando privilegios a los particulares. 

Por último, varios de los servicios que están en la lista están en desuso, por lo que es fácil para los bancos elegir cualquiera de ellos y tampoco se puede dar el privilegio. 

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