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Las Clínicas Jurídicas: estudiantes construyendo derechos

El Consultorio Jurídico se compone de siete áreas jurídicas de justicia individual y cuatro Clínicas Jurídicas, los cuales operan conjuntamente con un mismo fin: “ayudar a personas reales”. Al Derecho tuvo la oportunidad de hablar con los directores de las Clínicas y discutir sobre su propósito, sus diferencias y similitudes.

Todos los estudiantes de Derecho en Colombia deben prestar, por al menos un año y cuando han cursado buena parte de sus estudios de pregrado, un servicio social que busca promover el acceso a la Justicia de la población más vulnerable socioeconómicamente: el Consultorio Jurídico. Su práctica en Consultorio es un espacio para que los estudiantes adquieran experiencia llevando, la mayoría por primera vez, casos reales y  contribuyan con sus conocimientos a solucionar, de forma gratuita, las necesidades jurídicas de esta población.

Todas las facultades de Derecho del país deben establecer un espacio abierto al público para atender a los usuarios.El de la Universidad de los Andes está ubicado en pleno centro de Bogotá (Cra. 7 #22-86) . 

Allí, los estudiantes de la Facultad, una vez hayan cursado las materias de la Carrera que son requisito para cursar Consultorio Jurídico, que se divide en dos materias semestrales (CJ I y CJ II), encontrarán, además de los puestos de atención que en algún momento atenderán, a sus asesores y todo el personal que los apoyará en su acercamiento a la práctica jurídica desde uno de sus enfoques con más impacto social.

El Consultorio, que funciona desde un enfoque integral y diferenciado en las principales ramas del Derecho, aunque promoviendo desde la naturaleza de los casos –para su solución integral– un trabajo conjunto entre ellas, está compuesto por siete áreas de justicia individual y cuatro clínicas, que tienen un enfoque más acentuado en la justicia colectiva con ejercicios, por ejemplo, de litigio estratégico.  Las primeras se dividen en: Conciliación, Familia, Laboral, Patrimonial, Penal, Publico y Mujeres. Las Clínicas, por su parte, se han ido consolidando frente a fenómenos socio jurídicos diversos, existiendo hoy: la de Medio Ambiente y Salud Pública, el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social, el Grupo de Prisiones y la Clínica Jurídica para Migrantes

¿Qué hay detrás de estas iniciativas? Con el ánimo de entender cómo funcionan estos últimos cuatro programas, cuya labor implica un enfoque diferente al litigio individual, Al Derecho indagó sobre su creación y actualidad con sus directores y algunos de sus miembros. Recogimos sus percepciones y ambiciones frente a su labor e impacto.

El Derecho como móvil de igualdad e inclusión

Tras una experiencia con un estudiante con discapacidad, la profesora de la Facultad, Natalia Ángel Cabo, creó el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (PAIIS). Así, fundó la que en su momento fue la primera clínica jurídica sobre temas de discapacidad que se creó en Colombia, y la segunda clínica del Consultorio Jurídico de la Universidad de los Andes.

Su creación, en 2007, coincidió con el proceso de aprobación de la Convención de las ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Así, la Clínica inició labores dando apoyo académico para la ratificación del Tratado. Además, empezó a promover acciones para implementar su contenido, siendo uno de los primeros logros la expedición, por parte de la Corte Constitucional, del Auto 06 de 2009, que refuerza los postulados diferenciales en la estructuración de las políticas públicas para personas con discapacidad, reconociendo condiciones de especial protección constitucional. Esto último, dentro del el marco del seguimiento a la sentencia T-025 de 2004 sobre acciones para abordar el desplazamiento forzado, en este caso, de personas con discapacidad. 

Desde entonces, PAIIS ha seguido incidiendo en materia de derechos de poblaciones vulnerables, con especial énfasis en personas con discapacidad y personas con orientación sexual e identidad de género diversa. Su labor ha ido construyendo una influencia sólida, promoviendo cambios en la legislación y la jurisprudencia, así como en la implementación concreta de acciones en materia de garantía de derechos fundamentales. 

En desarrollo de su gestión de litigio estratégico, la Clínica selecciona casos con el propósito de, en palabras de su Directora, Juliana Bustamante, “utilizar el derecho como mecanismo de transformación social”. Es decir: PAIIS busca producir cambios a “gran escala”, a partir de casos significativos que lleven a los jueces a tomar decisiones en favor de la garantía efectiva de derechos para poblaciones históricamente vulneradas. Un ejemplo de ello son los fallos que reconocen el derecho al cambio de nombre identitario en personas trans para documentos de identidad. 

Asimismo, en desarrollo de su labor técnica y de incidencia en los derechos de las comunidades por las que trabaja, la labor PAIIS, junto a la de otras organizaciones y entidades, produjo recientemente la aprobación de la Ley 1996 de 2019, que reconoce la capacidad legal plena de las personas con discapacidad mayores de edad. Esta norma es un gran avance en materia de derechos de las personas con discapacidad pues les permite gozar y ejercer sus derechos directamente, en condiciones de igualdad, y no a través de un tutor como ocurría con la figura de la interdicción, lo cual era “increíblemente inconstitucional” según Bustamante. 

Finalmente, respecto a la relación entre el trabajo del Consultorio Jurídico y las clínicas, Juliana Bustamante señala que las clínicas pueden llegar a ser consideradas “como un plus al consultorio”, dada su nivel de especialidad. Asimismo, la Directora afirma que, si bien se diferencian por su enfoque y su alcance, ambos programas tienen el mismo fin: “utilizar el derecho para ayudar a personas reales”. 

Consultorio frente al fenómeno de la migración

Siendo aún directora del Consultorio Jurídico, a mediados de 2018, Carolina Moreno se percató de la necesidad de prestar una atención jurídica de calidad a los migrantes.  Esta labor requería una tarea de acompañamiento y pedagogía para esta población altamente vulnerable. A partir de esta idea nace la Clínica Jurídica para Migrantes. Se crea con base en una pregunta esencial: ¿Qué hará el Consultorio Jurídico por una problemática de la cual hay tanto desconocimiento?, cuenta Moreno. 

Inició con una brigada jurídica en estaciones de Transmilenio, la cual se realizó con el fin de lograr entender las principales problemáticas que la población migrante enfrenta en su cotidianidad. Los miembros de la Clínica, en esa ocasión, fueron acompañados y apoyados por los estudiantes del Semillero de Investigación Derecho y Migración en Colombia, iniciativa académica que los estudiantes de la Facultad han ido consolidado frente a este fenómeno social. Tras esa primera experiencia, construyeron conclusiones que les permitieron divisar la urgencia de una atención focalizada en estas personas. 

Así, se decidió abrir, como prueba piloto, el Consultorio Jurídico durante una semana completa para atender específicamente a los migrantes, momento desde el cual estas personas, no han dejado de acudir, según Moreno. 

Poco después, se crea formalmente la Clínica, a finales del primer semestre del año 2019, y junto con cinco estudiantes se inicia el proyecto bajo la dirección de Carolina Moreno y con el acompañamiento de las profesora Gracy Pelacani y de Laura Dib, asesora legal de la Clínica.

Actualmente, en la Clínica se seleccionan casos de migrantes en situación de vulnerabilidad, la mayoría de ellos con estatus migratorio irregular en Colombia. Luego se aplican criterios más específicos para determinar si es un caso que se deba analizar en las áreas del Consultorio Jurídico, si pasa a la Clínica o se lleva de forma compartida entre los dos. Este proceso se justifica, en palabras de Moreno, en que “la migración es un fenómeno que atraviesa la vida de la persona”. 

Ahora bien, respecto a las particularidades en sus labores, en palabras de su directora, “la Clínica no rompe las relaciones directas con el Consultorio”. Por el contrario, “sabe articularse con los distintos equipos que lo componen”. De este modo, Moreno afirma que “la Clínica opera en equipo con el Consultorio, aprovechando  los conocimientos y la experiencia específicos de cada área jurídica y así brindar una mejor atención a los migrantes”. 

La Clínica Jurídica para Migrantes lleva casos de justicia individual y de litigio estratégico, realizando intervenciones ante la Corte Constitucional, el Congreso, autoridades administrativas y haciendo pedagogía de derechos. El litigio de la Clínica se enfoca, principalmente, en temas de acceso a salud, educación y asuntos relacionados con la formalización de la nacionalidad y el estatus migratorio, así como del reconocimiento de la condición de refugiado a personas que requieren protección internacional. De igual modo, en los últimos meses, la Clínica ha tenido un protagonismo especial frente a los casos de violaciones del debido proceso de los migrantes destinatarios de decisiones de expulsión, adoptadas por Migración Colombia. 

Entre las labores que adelanta la Clínica Jurídica para Migrantes se encuentran las brigadas jurídicas en donde, más allá de asesorías, se hace pedagogía de derechos para esta población. La imagen corresponde a la brigada adelantada por la Clínica en la parroquia de San Bernardo, en Bogotá (2019). Imagen: https://derecho.uniandes.edu.co/es/noticia/facultad-de-derecho/atenci%C3%B3n-poblaci%C3%B3n-migrante-venezolana

Sobre la posibilidad de los estudiantes de pertenecer a las Clínicas para realizar su Consultorio, Moreno afirma  que independiente a que existan criterios de selección de estudiantes para las estas, en la de Migrantes jamás se han rechazado a estudiantes en las dos convocatorias que han realizado y “sólo se busca energía, ganas y capacidad de trabajo”. 

Según Moreno, teniendo en cuenta su experiencia como directora del Consultorio, y ahora siendo directora de la Clínica, no hay razón para realizar una diferenciación entre el Consultorio (justicia individual) y las Clínicas. Por el contrario, considera que esta división es “clasista, artificial y causa un efecto perverso en los estudiantes, brindándoles la falsa creencia de estar en una élite”. 

El medio ambiente y la salud: derechos en riesgo permanente

“En medio de una crisis socioecológica que permea la salud pública”, a finales de 2015 se aprueba la creación de la Clínica de Medio Ambiente y Salud Pública, según su director Mauricio Madrigal. Ahora bien, en Colombia estas necesidades se materializan en una violación sistemática y estructural al derecho a la salud, junto con las crecientes amenazas y problemáticas socioecológicas. 

De este modo, en 2016 la Clínica MASP comenzó labores con una meta muy clara: “defender los derechos al medio ambiente sano y la salud pública, y la visión de tener una incidencia real y efectiva en la defensa de estos derechos”. Desde entonces se ha involucrado en la creación de políticas públicas, litigio estratégico y pedagogía en relación con su área de acción. 

La Clínica está formada por cuatro grupos enfocados con distintas líneas de trabajo: Salud Pública, Salud Ambiental, Medio Ambiente y Territorios. Asimismo, la Clínica integra a estudiantes de otras carreras como asistentes de investigación y así consolidar un proceso de aprendizaje multidisciplinario e incluyente. 

Según Madrigal, “trabajamos con y para las comunidades […]. Recibimos casos en los que veamos esencialmente que hay un grupo de personas que están en situación de vulnerabilidad y falta de acceso, que tienen una necesidad de acceder a la justicia real y efectiva”.  

MASP se encuentra involucrada en procesos de: I. Fracking, ante el Consejo de Estado, II. Páramos, ante la Corte Constitucional, III. sobre la calidad del aire y justicia ambiental, IV. contaminación de mercurio por minería ilegal en el Amazonas, entre otros. Además, la Clínica hace seguimiento posterior a casos en los que han tenido incidencia, para que procurar la efectividad de las decisiones y la construcción de políticas públicas y su reglamentación eficaz y eficiente, como sucedió con con la prohibición del asbesto.

Finalmente, aun cuando las Clínicas son otro componente del Consultorio Jurídico, en palabras de su Madrigal, cabe resaltar que “[…] no [existe] diferencia de rigurosidad, formalidad o nivel académico entre las Clínicas y las otras áreas de consultorio, sólo que los procesos en materia de justicia colectiva requieren de metodologías distintas, como lo es la enseñanza Clínica del derecho”, le contó el director a Al Derecho. 

Aún así, asegura, “la MASP crea un ambiente incluyente y multidisciplinario, en donde el estudiante es el eje central del aprendizaje y el trabajo colaborativo proporcionan una gran cohesión e identidad, somos un espacio de diálogo y aprendizaje solidario”. 

Por los derechos de quienes están tras las rejas

El Grupo de Prisiones nació en 2012 a través del proyecto de investigación profesoral, “La Relatoría de Prisiones”, de los profesores Libardo Ariza y Manuel A. Iturralde. A partir de una extensa investigación sobre la situación carcelaria en Colombia desde una perspectiva socio-jurídica, notaron la necesidad de realizar talleres para las personas privadas de la libertad y los guardias, sobre derechos humanos. De mismo modo, surgió la necesidad de crear una “plataforma institucional” que pudiera ayudar a estos grupos específicos que demandan apoyo jurídico”, según afirma Ariza. 

Con el enfoque en la garantía de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, “buscamos la transformación del sistema penitenciario”, dijo Ariza a Al Derecho. Esto es necesario, según el codirector, ya que el sistema penitenciario actual “es un sistema que produce más daño del que trata solucionar; no restaura el tejido social y se vuelve una máquina de vulneración de derechos”

De este modo, mediante litigio estratégico y la radicación de tutelas, la Clínica ha logrado a través de su trabajo, por ejemplo, que se declarara el Estado de Cosas Inconstitucional de las personas privadas de la libertad, en las sentencias T-388/2013 y T-762/2015. Además, la Clínica trabaja en diferentes áreas dentro del estudio de prisiones, que van más allá del acceso a la justicia, como lo es la salud de las personas privadas de la libertad. 

El Grupo de Prisiones, adicionalmente, ha trabajado en conjunto con el grupo de teatro “Abracadabra” de la cárcel Modelo, para crear instrumentos pedagógicos, visibilizar las problemáticas penitenciarias y trazar puentes para relacionar la sociedad con aquellos privados de la libertad. “Este fue uno de los procesos más lindos y que tuvo más impacto, pues a veces las sentencias no tiene la misma visibilización o efecto social”, en palabras de Ariza.

Imagen: https://facartes.uniandes.edu.co/evento/abrakadabra-en-uniandes/

“Ayudamos a personas reales”

Las Clínicas jurídicas del Consultorio buscan implementar el estudio “clínico” del Derecho: parten del litigio estratégico, el diseño, análisis y propuesta de políticas públicas y la pedagogía de derechos, para poder incidir notoriamente en la realidad social de distintas poblaciones con necesidades jurídicas específicas. 

Estos centros se enfocan, desde distintas líneas de acción, en promover garantías de justicia colectiva, partiendo, muchas veces, de casos individuales que adaptan como casos icónicos. Sin embargo, las Clínicas y las Áreas de tienen un mismo fin: ayudar a quienes, por diferentes motivos, no cuentan con las posibilidades de llevar sus necesidades jurídicas a la Justicia y hacer efectivos sus derechos.

El trabajo mancomunado entre ambas ramas del Consultorio ha resultado clave en el éxito de la atención integral a los usuarios y la consecución de logros de justicia colectiva, logrando avances significativos en materia de derechos en nuestra sociedad. Además, constituyen, con las particularidades de cada una de ellas, una experiencia óptima para que los futuros abogados profundicen en sus intereses profesionales, conozcan de primera mano las implicaciones jurídicas de fenómenos sociales y aporten con su formación a garantizar los derechos de las poblaciones más vulnerables del país.

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