Saltar al contenido

El Congreso virtual: democracia más allá de lo formal

El Congreso de la República debía comenzar la nueva legislatura el 16 de marzo y continuar con los debates y trámites de los proyectos de ley que se encontraban en proceso de deliberación y votación. Sin embargo, ante la declaratoria de Estado de Emergencia Económica y Social anunciada por el Presidente de la República, sumada al Decreto 457 de 2020 y al resto de medidas complementarias, los congresistas debieron cesar su actividad legislativa y abstenerse de retornar al Capitolio.

Sin embargo, el 28 de marzo, dada la contingencia de salud a la que está expuesto el país por el COVID-19, el Gobierno Nacional emitió el Decreto 491 de 2020, a través del cual daba vía libre a los cuerpos colegiados nacionales y territoriales de las ramas del poder público para sesionar de forma no presencial. La solución a la que llegó el Gobierno de Iván Duque se dio luego de semanas de presión política de varios congresistas de diversos partidos. El objetivo de estos congresistas era, por un lado, lograr que se les permitiera continuar con el debate democrático de los proyectos de ley que se encontraban en trámite legislativo; por el otro, adelantar los controles políticos que fueren pertinentes dado el Estado de Emergencia Económica y Social que decretó el Gobierno.

Antes del anuncio del Decreto 491 de 2020, el debate entre congresistas ya cuestionaba la facultad legal que tendría el Presidente de decirle al Congreso, por medio de un decreto con fuerza de ley y no a través de una ley orgánica, cómo continuar con su actividad legislativa. En Colombia, las leyes orgánicas, por disposición constitucional, regulan el procedimiento legislativo. Siendo así, la pregunta legal es pertinente pues, como bien lo resalta el artículo 215 de la Constitución, ante un estado de emergencia “estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el estado de emergencia”.

Uno de los argumentos que se desglosa del artículo 215, haciendo una lectura exclusivamente literal de la Constitución, es que el Presidente no está facultado para decretar disposiciones que no traten directamente sobre las razones por las cuales se decretó el estado de emergencia. Así pues, partiendo de que el proceso legislativo (la forma en que los congresistas deliberan y votan) no está directamente relacionado con la emergencia sanitaria que enfrenta el país, el Presidente estaría excediendo sus facultades al emitir tal decreto.

A la lectura expuesta se sumaron congresistas de la talla de Jorge Robledo, Carlos Fernando Motoa y el constitucionalista Alfredo Beltrán. Los tres argumentaban que la ley que regula el proceso legislativo es de carácter orgánico, y por tal motivo, ni la jurisprudencia ni la Constitución han dicho explícitamente que un presidente pueda decirle al Congreso cómo deliberar y cómo votar durante un estado de emergencia.

Sin Congreso no hay democracia

La Constitución Política consagra la democracia como uno de los ejes esenciales de su identidad, y por tal motivo, incluso ante un estado de excepción, el parlamento debe seguir funcionando. De hecho, muchos constitucionalistas contemporáneos afirman que es, justamente, ante un estado de excepción donde más deben manifestarse los cuerpos colegiados para controlar las decisiones políticas del Presidente.

Por supuesto, la razón del porqué un Presidente no debería poder cambiar las cuestiones técnicas del debate político en el Congreso es porque, incluso ante un estado de excepción, todas las ramas del poder público deben continuar funcionando regularmente y haciendo estricto control de la actividad política del Presidente, como lo resalta el tercer inciso del artículo 214 de la Constitución Política. Bajo esta misma lógica, la jurisprudencia constitucional ha precisado que los estados de excepción son: reglados, excepcionales y limitados, por lo cual los decretos que de allí emita el Presidente deben ser legalmente controlados de forma automática por la Corte Constitucional. El control político de tales decretos, por excelencia, le corresponde al Congreso.

El Decreto 491, en vez de “rediseñar” el proceso legislativo, busca proteger un eje esencial de la Constitución: la democracia. Así, aunque ni la Constitución ni la jurisprudencia ni la ley señalen de forma explícita que el Presidente puede tomarse esta atribución (darle la opción al Congreso de trabajar virtualmente), el principio democrático debe prevalecer sobre distinciones legislativas formales. Con el Decreto 491, el Presidente pretende proteger el mantenimiento del debate democrático del Congreso de forma general y sin querer en alterar las reglas del procedimiento legislativo.

¿Qué le espera al Congreso?

Aunque al Congreso nada le impide continuar legislando sobre los temas que desee, durante el estado de emergencia solo podrá hacer control político de los decretos que adopte el presidente. En ese orden, el Congreso tiene la potestad de citar a los ministros a que rindan cuentas sobre los decretos y sobre su gestión ante la contingencia, los congresistas podrán realizar reuniones por derecho propio, demandar informes al gabinete presidencial, y derogar, modificar o adicionar los decretos emitidos con exclusividad del estado de emergencia.

En segundo lugar, es importante resaltar que, como lo especifica el artículo 12 del Decreto 491, ahora que los congresistas podrán sesionar virtualmente, los principios propios del procedimiento legislativo deben respetarse y cumplirse de conformidad con la Ley 5 de 1992 y con la Constitución Política, así como guardar congruencia con la jurisprudencia aplicable en la materia. Siendo así, uno de los retos de la modalidad de trabajo virtual para los congresistas será respetar los principios del proceso legislativo y evitar los vicios de procedimiento.

Finalmente, aunque la decisión sobre la constitucionalidad del Decreto está exclusivamente en manos de la Corte Constitucional, es imperativo que los partidos políticos, además de pedir informes y hacer control, tomen posiciones claras sobre las medidas económicas y sociales que se deben tomar a mediano y largo plazo. Para hallar solución a los graves problemas de desempleo y crisis económica que vivirá Colombia con la emergencia, la adopción de determinadas medidas económicas amerita un programa económico claro, que cada partido debe definir según su ideología política. La proposición de agendas políticas económicas que solventen la crisis a mediano y largo plazo debe ser una de las prioridades del Congreso al comenzar a legislar.

*Para conocer más acerca del Programa Congreso Visible, puede dar click en el siguiente enlace: https://congresovisibleuniandes.wordpress.com/

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: