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Salvavidas al Sector Financiero (y a los particulares) ante la crisis del COVID-19

*Las posturas y afirmaciones de los columnistas externos no comprometen ni reflejan posiciones editoriales de Al Derecho.

La emergencia producida por el Covid-19 sin duda ha impactado al Sector Financiero, siendo este un pilar fundamental para la economía colombiana. Ante esto, se han implementado medidas de política fiscal contracíclicas, es decir, que eviten que se genere una caída de todo el Sector. El mismo Estado ha determinado la inviabilidad de acudir al mercado de deuda, pues el ideal es la optimización de recursos. Por esta razón, se tomó la decisión de efectuar operaciones de apoyo de liquidez transitorio a través de transferencia temporal de valores o depósitos a plazo. 

El sistema financiero funciona por medio de una “gran bolsa”, en la cual están sus recursos, los de su vecino y los de la empresa para la que usted trabaja. Estos recursos pueden ser depósitos (cuentas de ahorro o CDT´s) o inversiones (Fondos de Inversión Colectiva como la fiducuenta o el accival vista). De esta forma, cada sub-bolsa (depósitos o inversiones) invierte sus recursos con el fin de dinamizar el mercado. 

Los recursos de su cuenta de ahorro, por ejemplo, pueden ser prestados a su vecino a cambio de una tasa de interés. Pero como usted en algún momento necesitará retirar dinero, a pesar de que su capital fue prestado a otra persona por parte de la entidad financiera, en la sub-bolsa siempre habrá recursos disponibles para cuando usted lo requiera. De igual manera funciona la fiducuenta, salvo que esta bolsa no presta dinero, sino que los invierte en títulos (ya sean acciones, CDT´s o ETF´s) que, en todo caso, son papeles y no efectivo. En definitiva, en la sub-bolsa siempre habrá dinero, no propiamente el suyo, para cuando usted desee retirarlo.

Decreto 444/20: mitigando el impacto del COVID-19 sobre el Sector Financiero

El COVID-19 ha generado la reducción de la prestación de productos y servicios alrededor del mundo, pero además el pánico hace que las personas en manada, así como compran papel higiénico, retiren el dinero de entidades financieras. Al mismo tiempo, el precio del petróleo está bajando a niveles históricos y, como consecuencia, ha generado la caída del valor de todos los títulos de los que hemos hablado.

Derivado del retiro masivo de recursos de las entidades financieras y la pérdida de valor de los títulos en los que invierten, se produce una una crisis de liquidez. En términos sencillos: como tantas personas han sacado dinero en efectivo y el resto del capital se encuentra prestado o invertido, se ha afectado la liquidez de los bancos. 

Para hacerle frente a la situación, el Gobierno ha procurado implementar mecanismos para brindarle liquidez a las entidades bancarias y que así usted pueda, con tranquilidad, retirar su dinero cuando quiera. En efecto, el Artículo 4 del Decreto 444 de 2020, en consonancia con el Artículo 8 de la norma citada, refiere a operaciones transitorias de liquidez, las cuales pueden ser repos, simultáneas o de transferencia temporal de valores. En su sentido más simple, en aras de explicar lo que intenta hacer el Decreto, se trata de una operación en donde la entidad financiera le entrega títulos al Estado (un CDT, por ejemplo) a cambio de dinero que saldrá del Fondo de Mitigación de la Emergencia (Fome). Tal dinero, para que el Estado le devuelva el título, la entidad financiera tendrá que devolverlo, más con un coste adicional por la operación, una vez transcurridos 30 días. En este sentido, el Estado se está favoreciendo, puesto que está ganando un spread a 30 días por dotar liquidez al mercado.

¿Se abrió la puerta al próximo 4×1000?

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), más conocido como el 4×1000, tiene su origen en Colombia dos días después que se declarara un estado de emergencia económica, según las disposiciones del Decreto 2330 del 16 de noviembre de 1998. Pero las medidas adoptadas en el Decreto 444, antes de ser “el próximo 4×1000”, respaldan los intereses del particular. 

El GMF, entre otras ventajas que prometió por el flujo continuo de sus recargos, incluye bajos riesgo de evasión, de costos administrativos y la facilidad de control a los retenedores. Por estos motivos, se vio como una alternativa a las preocupaciones financieras que agobiaban al país en esta época. La Corte Constitucional, no obstante, en cumplimiento de su función de control de constitucionalidad de los decretos de la emergencia económica, declaró la exequibilidad parcial del GMF al no permitir la financiación de la banca privada. En el fondo,  el argumento se basa en que el sector financiero ha obtenido en el pasado jugosas ganancias que no percibía, ni siquiera en mínima parte, la ciudadanía en general. Así las cosas, carecía de sentido que, ahora que tienen dificultades, esperaran compartir las pérdidas con los usuarios. 

Definitivamente no estamos en el escenario del próximo 4×1000. No estamos ante una nueva forma de salvaguardar a las entidades financieras. No estamos ante una inyección de capital por parte del Estado. La medida, por el contrario, está brindando mecanismos para garantizar a cada cliente, potencial cliente o usuario del sector financiero, la disponibilidad absoluta del dinero. 

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