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Con el enemigo en casa: denunciando al agresor en cuarentena

“Desde hace mucho se sabe que los hogares no son lugares seguros para las mujeres, por el contrario son el lugar más peligroso para una mujer, y es porque el agresor está en casa”: esa es la primera apreciación de Adriana Rincón, directora del área de Mujeres del consultorio jurídico de La Universidad de los Andes, al ser consultada por el aumento de denuncias por maltrato intrafamiliar durante la Cuarentena. 

El Consultorio ha recibido más casos, pero además, resalta con preocupación Rincón, muchos de ellos son procesos que tenían un historial previo e, incluso, sobre los cuales ya se habían decretado medidas, y que ahora se han reactivado.

Según cifras de la Secretaría de la Mujer de Bogotá, las llamadas para reportar casos de violencia de género han aumentado un 230% durante el aislamiento social obligatorio, que inició en Colombia el pasado 24 de marzo por la Pandemia del Covid-19. 

Sin embargo, a pesar de lo que se pueda percibir frente a la contundencia de esa cifra, la Cuarentena no es que “haya exacerbado” la violencia contra la mujer sino que ha “destapado esa olla”, dice Rincón y con ella coincide Beatriz Quintero, coordinadora de la Red Nacional de Mujeres

Según Quintero, las condiciones actuales están demostrando lo que “ya las feministas han dicho: la casa es el lugar más peligroso para las mujeres”. La Pandemia, asegura, ha hecho que un fenómeno que “la sociedad fue normalizando” se “concentre” y, por eso, sea más visible la crudeza de su realidad. “El domingo es el día con más denuncias, cuando la familia está reunida en la casa; ahora todos los días son domingos”, explica.

El fenómeno era previsible. En muchos países que entraron en cuarentena antes que Colombia las cifras de denuncias por violencia doméstica han venido aumentando dramáticamente. Los medios de comunicación regionales e internacionales han ido llenando en estos meses sus páginas no solo con cifras sino también con relatos del infierno en que se ha convertido esta cuarentena para las víctimas, que ahora están encerradas con sus agresores.

Toda esta coyuntura de aislamiento social no solo las encierra con su verdugo sino que, naturalmente, también complica la posibilidad de denunciarlo. Los procedimientos para denunciar siguen siendo los mismos con obstáculos formales y materiales, afirma María Camila Correa, abogada y profesora de la Universidad del Rosario, quien asegura que, además, a pesar del esfuerzo por virtualizar los mecanismos de denuncia, esta posibilidad sigue siendo muy remota para algunas víctimas que habitan en zonas rurales o no tienen acceso a servicios de teléfono e internet.

Teniendo a las mujeres aisladas de todo, menos de su agresor, los mecanismos institucionales no han sido suficientes para protegerlas. Las líneas de atención provistas por el Gobierno para recibir denuncias durante el Confinamiento están saturadas y han recibido hasta el triple de las llamadas que recibían normalmente, reportando todo tipo de violencias con móviles de género en varias ciudades del país, lideradas, en número de casos, por Bogotá. Hasta abril, ya se habían reportado al menos 19 feminicidios en Colombia durante la cuarentena.

Ante este panorama, el gobierno nacional y los gobiernos locales han anunciado medidas para reforzar sus capacidades de atención y reacción. Sin embargo, ante la dimensión de este fenómeno, organizaciones sociales, además de expresar su preocupación y exigir al estado priorizar esta situación, han abierto canales alternos a los institucionales para dotar a las mujeres víctimas, o en riesgo de ser maltratadas, de herramientas para protegerse, acceder a la justicia y asesorarse jurídica, psicológica y emocionalmente. 

Información, acompañamiento y denuncia: institucionalidad y sociedad civil se refuerzan en alternativas

Ante el desbordado aumento de casos de violencia doméstica durante la Cuarentena, los mecanismos de atención, orientación y denuncia existentes se han desbordado.

Por eso, no solo la institucionalidad se ha reforzado en el plano nacional y local, sino que ante la dimensión del desbordamiento, varias organizaciones de la sociedad civil han dispuesto mecanismos para prestar estos servicios a las víctimas, también de forma totalmente gratuita.

Las víctimas, hay que aclarar, pueden salir de sus casas a denunciar las agresiones, aun estando vigente el aislamiento social preventivo. Así lo contempla, en varias excepciones a esta medida, el decreto 460 de 2020. Este mismo acto administrativo ha dispuesto que, durante este periodo de cuarentena, las comisarías de familia sigan prestando sus servicios ininterrumpidamente.

Sin embargo, ante los riesgos de contagio por cuenta de la Pandemia, se han dispuesto nuevos mecanismos institucionales y no-institucionales para que las mujeres víctimas o en riesgo de violencia doméstica puedan asesorarse para denunciar y protegerse, a la distancia.

Los consultorios jurídicos de varias universidades del país también tienen áreas especializadas, con enfoque de género, para atender casos de violencia doméstica y asesorar en materia jurídica a las víctimas.

Es el caso, por ejemplo, del Consultorio Jurídico de la Universidad de los Andes, quien recientemente inauguró su área de Mujeres, y a pesar del aislamiento social preventivo decretado, sigue atendiendo al público desde la virtualidad. Para conocer acerca de los medios de atención virtuales y telefónicos, haga click aquí.

Organizaciones sociales, como la Red Nacional de Mujeres, han lanzado herramientas innovadoras para que las víctimas puedan, no solo denunciar y orientarse, sino también encontrar herramientas útiles para protegerse de su agresor, como la aplicación Ellas.

Así mismo, la Red Solidaria de Mujeres ha dispuesto de una línea de atención telefónica para brindar asesoría psico-jurídica a las víctimas de violencia de género en esta época.

Soluciones ante la Crisis pero políticas con enfoque de género para el futuro

Todas estas herramientas de denuncia y de orientación psicológica, emocional y jurídica son esenciales para sobreponerse a barreras estructurales y culturales del sistema de denuncia. 

Los mecanismos institucionales han sido reforzados para dar abasto con la demanda en esta crisis, y los no-institucionales surgen como una respuesta contundente y útil de la sociedad civil, especialmente en lo que respecta a orientación a las víctimas para la búsqueda de ‘salidas’ y rutas para protegerse o denunciar.

De acuerdo Sonia Téllez, procuradora delegada de adolescencia, infancia, mujer y familia, quien no solamente ha tenido conocimiento sobre casos de violencia intrafamiliar sino que también ha hecho seguimiento a la eficacia de estos procesos, al momento de denunciar, las mujeres se encuentran con barreras culturales y estereotipos que les impiden o las censuran su libertad de hacerlo. 

Por eso, el fortalecimiento de la orientación, mediante todas las rutas y mecanismos actuales, permite no únicamente una denuncia efectiva, sino un acceso más integral a la justicia. De igual manera, las herramientas actuales surgen para incentivar y facilitar la denuncia ante las circunstancias extraordinarias, y procurar, desde espacios no institucionales, solventar (así sea temporalmente) problemas estructurales, como el desbordamiento de las capacidades de atención y asesoramiento a víctimas.

Por otra parte, Quintero, fundadora de la Red que desde los ‘90 trabaja por la realización integral de derechos humanos con enfoque feminista, afirma que, ante la magnitud de los índices de violencia contra las mujeres en cuarentena, la sociedad “se ha sensibilizado”. Sin embargo, afirma, esa empatía social debe estar enfocada en evitar que “después del Confinamiento volvamos a lo mismo” y que, más allá de las soluciones inmediatas necesarias, esta coyuntura debe servir para impulsar soluciones estructurales contra la violencia de género.

Estas reformas al sistema no dan espera. Según la procuradora Téllez, el desbordamiento de las capacidades de las Comisarías de Familia, principales entidades encargadas de la atención integral a las víctimas de violencia intrafamiliar, denota graves  deficiencias presupuestales y de capacitación. Hay, entonces, un déficit de comisarios y, en general, en el personal que conoce y atiende no solo hechos relacionados con violencia contra la mujer sino también de violencia intrafamiliar contra niños, niñas y adolescentes, contra adultos mayores y hombres. Según la procuradora, la educación está llamada a ser el factor diferenciador para eliminar estereotipos y buscar soluciones materiales para la protección y aplicación de los derechos de las mujeres.

Con lo anterior coincide Correa, quien hace énfasis en la necesidad de la capacitación de los funcionarios para cambiar la cultura, resignificando y empoderando el rol de la mujer en la sociedad. La catedrática y penalista asegura que cualquier impacto real sobre este fenómeno debe necesariamente, en el mediano plazo, considerar un componente de consciencia y pedagogía para erradicar la “normalización de la violencia contra la mujer”, dirigido no solamente a operadores estatales sino con miras a lograr un impacto generalizado en la sociedad.

“No hemos entendido que la violencia es discriminación y mientras no eliminemos estas medidas de discriminación, la violencia se va a seguir presentando”, dice Rincón, quien hoy dirige la recién inaugurada área de Mujeres del Consultorio Jurídico. El Estado, agrega, más que aplicar una medida particular tiene obligaciones de prevenir, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres. Esta transformación, dice, solamente se podrá lograr con políticas que incluyan, de forma integral, un enfoque de género. 

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