Juez Atlas: El peso de los medios en la decisión judicial

Por: Pedro Chaves. Estudiante de Derecho y miembro del Consejo Editorial del Periódico Al Derecho

El arbitrio judicial constituye ese margen de discrecionalidad con el que cuenta un juez para resolver un caso que se le presenta, si bien es cierto que cada funcionario cuenta con su propia apreciación y que cada caso tiene distintos matices. No obstante, hay quienes escudriñan curiosamente la manera en que se configura esa apreciación judicial y les gusta estudiar ese paradigma aparentemente estático de una forma dinámica, sabiendo que como parte de la naturaleza humana somos seres influenciables y que vale la pena preguntarse si el enrutamiento de este arbitrio puede variar más de lo usual cuando llega al despacho del juez un expediente de impacto mediático.

Un litigio de alto impacto se constituye a partir de una problemática jurídica de gran notoriedad, la cual surge a su vez de intereses que riñen en lo fáctico, y en un valor agregado que se lo brinda la opinión pública. Así, a un caso en derecho que indefectiblemente debe tener resolución por parte de un fallador se le adiciona una presión adicional que viene de la sociedad en general y que muchas veces es amparada por los medios de comunicación y las redes sociales. Estos, con la intención de informar pero con el efecto de atraer aún mayor notoriedad al proceso, muchas veces terminan despertando sensacionalismos o incluso prejuzgamientos en el público, cosas que poco deberían afectar el fallo en derecho pero que terminan incidiendo en la tranquilidad necesaria para el razonamiento de quien está detrás de la decisión. Ahora, si han existido casos icónicos desde que la Rama Judicial existe, y muchas de las decisiones que los han resuelto han moldeado nuestra sociedad para que sea como es hoy día, ¿qué ha hecho que hoy más que nunca el juez entre en una encrucijada -adicional- por anticiparse al asedio que pueda tener su decisión?

¿Será la certeza que tiene de saber que será criticado, sea cual sea el sentido de su pronunciamiento? ¿O quizás el nivel de escarnio que pueda recibir sobre sí mismo o sobre su entidad, de parte de los opinadores masivos o de los haters? Saldrá un sector de la opinión a defender el trabajo del humilde servidor, ¿aunque sea debido a que su decisión favorece sus intereses particulares? Estas suenan como preguntas que, de ser uno el juez que tomara la decisión, no lo dejarían dormir tranquilo desde el día mismo en que le reparten el caso y debe comenzar a sustanciarlo.

Y es que vale la pena aclarar que el juez en ningún momento dejará de ser un individuo de carne y hueso mientras que toma su decisión sobre ese caso mediático, y además se ocupa de todos sus deberes ordinarios como funcionario. Es decir, que quien decide el caso sigue teniendo sentimientos y problemas cotidianos como cualquier otro individuo, así como inclinaciones propias y quizá incluso dudas relacionadas con la decisión que debe tomar. Asimismo, quien decide el caso sabe que puede equivocarse -a pesar de orientarse por una postura jurídica que considere adecuada después de mucho estudio-, pero que esta vez el riesgo social de hacerlo (e incluso la definición de lo que es “equivocarse”) es mucho más sensible. Y quizá lo es en un estándar que no conocía anteriormente, debido a que miles de opinadores fijarán sus ojos en él -a través de la prensa- y lo juzgarán por ese único caso, personas que él nunca conocerá, pero ellas a él sí.

Desde la otra orilla del asunto, resulta interesante examinar la forma en que un ente tan abstracto, y muchas veces poco entendido en la materia de la jurisdicción que tomará el fallo, tiene la capacidad de incidir en la configuración del arbitrio del juez. Pues bien, es sano que en una democracia los diferentes sectores de la sociedad opinen libremente sobre los temas de actualidad (bien sea a favor o en contra de determinada postura), dándole cobertura a los asuntos de interés nacional. Pero malo sería que, bajo una presunta veeduría ciudadana sobre una de las ramas del poder público, se sobrepase el fino margen de la deliberación a la intromisión, y en lugar de opinar comedidamente sobre un contexto jurídico pendiente de fallo, se influencie la esfera política que rodea la decisión a tomar y esto haga más espeso el entorno en el cual el juez tiene que decidir.

Vale la pena aclarar que la razón por la que es un peligro latente que el “independiente” poder judicial se vea arremetido por internet y los medios de comunicación como nuevas manifestaciones del poder público, es porque las opiniones que desde allí se atrincheran en el populismo y la desinformación, terminan generando un ruido ensordecedor y opaco que se replica masiva e inevitablemente hasta los oídos del fallador, y allí presionan su consciencia. Lo presionan asimismo las conversaciones de cafetería sobre el tema, los titulares de prensa pagados por las partes, las intervenciones de alegados expertos, los lobbistas, y hasta sus propios familiares y amigos, haciendo que el tema tenga una omnipresencia hostigante (como si no fuera suficiente ya la presión que tiene internamente el juez en su cabeza, sumado a la infinidad de complicaciones que se presentan en un despacho judicial). Y es todo eso lo que termina abriendo una ventana por donde el juez percibe esta coacción y se ve susceptible a que la opinión pública lo vulnere, o cuando menos lo ablande, en formas en las que con cualquier otro caso “normal” no pasaría.

Ahora, si bien se sabe que el juez debe mantenerse inalterable en su deber jurídico, cuando puede percatarse de que un caso está ante tanta presión social, que los medios acosan por su decisión o que incluso le llegan amenazas personales e institucionales debido al expediente que tiene en sus manos -frente al cual no puede abstenerse de fallar-, el asunto se enquista como uno mucho más difícil. Incluso, puede ser que el juez dilate la decisión, o busque mayores conocimientos sobre la materia (oficiando a entidades, practicando pruebas de oficio, investigando sobre la doctrina en la materia, entre otros), pero se trata en todo caso de un tiempo en el que el funcionario deja abierta la ventana por donde se mantienen incesantes las mismas herramientas de presión, conflictuando su convencimiento al punto de convertirse en un dilema más.

Por supuesto que, como parte de la conducta judicial y el activismo de nuestro sistema procesal, un juez debe tener carácter en su dirección del proceso, entereza en sus decisiones, y un criterio jurídico imparcial a la altura de sus conocimientos frente a cualquier expediente que se le ponga en frente (seguro que parte de la formación judicial está enfocada en ello). Y de nuevo, todos sabemos nominalmente que un juez está obligado a emitir pronunciamiento de fondo en función de su llamamiento constitucional de administrar justicia. Pero ello no termina de contraponerse a que las vicisitudes de la sociedad tengan una relación directa el derecho, y que su interpretación no es nunca una labor unívoca o estática, transformándose todos los días en un molde tan nuevo como lo es cada caso o cada togado, y eso es lo que lo hace viviente. Asimismo, los jueces son actores sociales determinantes, y como tal forjan a la sociedad y son forjados por esta misma.

Todos estos elementos pasan por la cabeza del juez, quien para el momento en que se hace público el caso, se esperaría que tuviera claro su planteamiento jurídico frente al mismo. No obstante, su preocupación ante la manera en que el público percibirá su decisión, de que invente prejuicios sobre ella, de que la tache de ilegítima o de que incluso surjan mayores desprestigios hacia su trabajo sigue latente, tomando con su decisión un peso político que va más allá de las actuaciones e interacciones de las partes directamente confrontadas. A pesar de lo anterior, el juez tiene la desafiante labor de mantenerse infranqueable contra viento y marea en esta ruta que lo ha convencido hacia lo acertado, hacia su deber ser como funcionario y como individuo social.

Así, se hace una luz que permite ver con mayor claridad los potenciales sesgos que se basan en las percepciones de la autoridad judicial y que se acrecientan por la sensación de ansiedad que le brinda la anticipación al impacto mediático. Todo ello se acumula y sigue variando el arbitrio judicial.