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Un 2021 sin un Buen Comienzo

Por: Pablo Ortega, estudiante de segundo semestre de Derecho, con opción en Economía. Miembro del Consejo Editorial, Sección Opinión.

En noviembre de 2004 se creó el programa Buen Comienzo, el cual, según la Secretaría de Educación de Medellín, es “el Programa de la Alcaldía de Medellín que brinda educación inicial y promueve el desarrollo integral, diverso, incluyente y autónomo de los niños, las niñas y sus familias durante sus primeros cinco años de vida, mediante diferentes modalidades de atención que responden a las necesidades de las familias”. Considero que la abstracta descripción expuesta en la página de la Secretaría no representa en absoluto lo que hasta ahora ha sido el programa en la práctica. El proyecto no se limita a ello. 

En realidad, Buen Comienzo se puede definir como el programa que, en sus cortos años de existencia, ha atendido aproximadamente 220.000 niños y niñas entre los cero y cinco años, así como cerca de 12.000 madres gestantes. Es el programa que disminuye la probabilidad de deserción escolar y de embarazo adolescente; que brinda el 70% del requerimiento alimentario diario y una línea pedagógica para potenciar habilidades como las motrices y de lectura a decenas de miles de niños; que causó -en conjunto con otros dos programas- que ONU Hábitat hiciera un reconocimiento público a la ciudad por su trabajo hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Esta resumida definición de Buen Comienzo permite, tan solo desde la lejanía de la experiencia, imaginarse lo esencial que es para alrededor del 80% de los niños medellinenses de cero a cinco años.  

Estas cifras se han logrado por medio del trabajo arduo y dedicado de ciertos oferentes durante años. Dichos operadores han sido calificados y filtrados mediante unos requisitos propios de la alcaldía y, a lo largo de todos los años que han trabajado en el programa, no han sido objeto de críticas ni polémicas. Según Yolanda Gómez Delgado, directora de Jardín Salascuna Gota de Leche -antigua operadora de Buen Comienzo- el cinco de enero de este año los oferentes recibieron unos requisitos técnicos, jurídicos y financieros para hacer parte del programa, como de costumbre. No obstante, tan solo 15 días después, el 20 del mismo mes, se enteraron del cambio de estos requisitos. Desde ese día, para prestar el servicio al programa era indispensable hacer parte del Banco Nacional de Oferentes de Primera Infancia del ICBF. Solo 12 operadores cumplieron con estos requisitos -que se insiste, antes no se exigían-. La versión de la alcaldía es que con ello pretende aumentar los estándares de calidad en el servicio. Daniel Quintero -alcalde de Medellín- trinó que la medida busca que los políticos no sigan contratando a dedo y mencionó que aquellos operadores que no cumplen los requisitos tendrán la oportunidad de hacerlo. 

Sin embargo, en una carta que enviaron los operadores a Vivian Puerta, directora de Buen Comienzo, se le reclama que no les haya sido informado de este requerimiento con anticipación, pues el proceso para ingresar al Banco de Oferentes cerró en diciembre de 2020. La pregunta que surge es: ¿en qué momento, entonces, pueden volver a hacer parte de Buen Comienzo aquellos operadores que no cumplieron con los requisitos que se cambiaron de forma repentina? En la carta afirmaron que “[los operadores] hubiéramos tenido tiempo de cumplir este trámite de haber conocido por parte del programa la información. Hoy estamos lejos de continuar acompañando a la niñez de nuestra ciudad en su desarrollo integral”. Además, sobre el aumento en la calidad, algunos concejales de Medellín han resaltado que “los estándares de calidad que tiene Buen Comienzo son muchísimo más altos que los del Banco de Oferentes del ICBF”.  

Creo firmemente que los cambios completamente inesperados se hicieron, no con intención de aumentar la calidad del Programa, sino buscando alcanzar intereses corruptos del alcalde. Este rechazo a las acciones de Quintero abunda en los medios de comunicación de Medellín. Por ejemplo, el periódico El Colombiano dijo que los oferentes “padecen desde el año pasado una incomunicación, inexplicable e inexplicada, con la actual administración municipal de Medellín. De una interlocución permanente para un trabajo conjunto, articulado, eficiente y objeto de permanente auditoría se pasó al cierre de puertas”. Y es que no podemos esperar menos, sería absurdo quedarse con los brazos cruzados mientras que la politiquería acaba con una de las mayores fuentes de bienestar para los niños de cero a cinco años de la ciudad de Medellín. 

Si todavía no he dejado claro el porqué de mi postura, miremos los hechos de nuevo. El alcalde contrató a estos mismos operadores en el 2020 sin ningún reproche y, paulatinamente, los incomunicó con la alcaldía para después, de manera inusual y sin precedentes, cambiar los requisitos necesarios para operar en Buen Comienzo, aun cuando ya habían solicitado otros requerimientos quince días antes. Y lo extraño no termina aquí. De acuerdo con El Tiempo, la Corporación Colombia Avanza solicitó ingresar al Banco de Oferentes en septiembre de 2019. Esta Corporación ya había sido investigada por los millonarios contratos que ha tenido con la alcaldía de Daniel Quintero, aunque el resultado reveló que no hubo sobrecostos en dichos contratos. A pesar de ello, el representante legal de la misma es Henry Paulison Gómez, quien, según la W Radio, fue uno de los empresarios que apoyaron a Quintero en la campaña política para la alcaldía. El concejal Daniel Duque, en una entrevista con Caracol Radio dijo que “[a algunos concejales] nos preocupa mucho que la Corporación Colombia Avanza, cercana al clan político Suárez-Mira de Bello, se pueda quedar a dedo con la contratación de Buen Comienzo.” 

Me resulta bastante sospechoso e indignante, pues parece necesario recordar el impacto del programa en la ciudad de Medellín y a nivel nacional como ejemplo a seguir. Parece que al alcalde se le olvida que lo que hay en juego no son tan solo papeles impresos por el Banco de la República. Es indispensable entender que los verdaderos perjudicados por esta lamentable situación son 11.000 familias beneficiarias. Son niños y niñas -probablemente los más vulnerables de la ciudad- que están dejando de recibir el 70% de su requerimiento alimentario día a día. Son 11.000 familias que no reciben esas ayudas para que sus hijos tengan un mejor futuro. Es una sociedad a la cual están privando de tener un mejor futuro. En palabras de Daniel Duque: “quiero que nos pongamos la mano en el corazón y que entendamos de una vez por todas que esto no debería seguir siendo una pelea politiquera como la que el alcalde pretende inventarse. Se trata de los derechos de los niños y las niñas, la población más vulnerable de Medellín”.

Yo, Pablo Ortega, soy de Medellín. He visitado algunos jardines de los antiguos operadores -cuando aún hacían parte del programa- y he compartido con los niños y niñas que son apoyados en dichos jardines. Soy testigo del buen trabajo y de la dedicación de los oferentes para que esos niños puedan escapar, cada día, de la dura realidad que se vive en sus hogares, en donde muchas veces tienen que aguantar hambre, son víctimas de maltrato y les toca vivir un ambiente de violencia y agresión entre los padres. He visto la cara de felicidad de los niños cuando llegan a los jardines y, por fin, pueden jugar con sus amigos, recibir alimentación, aprender cosas nuevas y vivir, por unas horas, en un entorno sano, completamente alejado del que les espera en sus hogares. Probablemente para muchos de nosotros esas experiencias sean totalmente ajenas a lo que vivimos en nuestro día a día. Quizá nosotros, por el contrario, no veamos la hora de llegar a nuestras casas. Y, aunque desconozco su situación, ese parece ser el caso del alcalde de Medellín. Invito a Daniel Quintero a que, por unos minutos, se ponga en los zapatos de estos niños; que imagine lo que sintieron cuando su mamá les dijo que el jardín al que asistían estaba cerrado porque el alcalde había sacado del programa a los operadores que habían hecho tanto por ellos. Lo invito a que deje de pensar, por un momento, en los favores políticos que debe y considere la posición de los más vulnerables de la ciudad. Tal vez así podamos devolverle esa sonrisa a las 11.000 familias que hoy inician su año sin un Buen Comienzo.

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