El juicio de los 7 de Chicago: El drama de procesar un inocente y la independencia de la Fiscalía

Sobre el autor: Julián Dueñas, estudiante de 9 semestre de derecho con Opción en Estudios Internacionales. Miembro de la Sección Cultura del Periódico Al Derecho.

En las repúblicas modernas, en las que el poder gravita en torno a un Presidente de rasgos que alcanzan lo cesáreo, la Fiscalía corre un peligro inminente, que amenaza con destruir la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en su propia democracia. Desde Kennedy -y su hermano Fiscal-, pasando por Cristina Kirchner, Lula da Silva y, para ejemplos más locales, Aníbal Gaviria o Sergio Fajardo, el rol de la figura que acusa y persigue en nombre de la gente y el Estado se ha convertido en uno de los elementos electorales y políticos más polémicos y potentes de los últimos tiempos.

Antes de Nixon, el Watergate y el affaire Lewinsky, estaba Lyndon B. Johnson (LBJ) y su guerra contra Vietnam. En este marco se ubica la película del Juicio a los 7 de Chicago, dirigida por Aaron Sorkin y que ha cosechado ya seis nominaciones a los premios de la Academia, entre estos Mejor Película, Mejor Guión y Mejor Actor de Reparto.

La historia de los 7

Para agosto de 1968, Estados Unidos había tenido que lidiar con los asesinatos de Martin Luther King y John F. Kennedy, así como con un sentimiento generalizado de rechazo a la guerra de Vietnam. Un tocado LBJ renuncia a un segundo periodo tras su fracaso en New Hampshire y el Partido Demócrata se avoca a una convención en caos en Chicago, Illinois. La represión de las protestas deriva en enfrentamientos entre la policía y los manifestantes que convierten la ciudad en un campo de batalla.

En consecuencia, la Fiscalía moviliza todo su poder y acusa a ocho personas con los cargos de conspiración, incitación a los disturbios y otros delitos relacionados. La mayoría eran personas de izquierda que se oponían a Vietnam y luchaban con fuerza como oposición contra el gobierno.

El Fiscal General Mitchel designa a dedo a los fiscales del caso y les ordena conseguir la imputación y el procesamiento de los detenidos. Allí se revela uno de los conflictos jurídicos más grandes de la actualidad, que incluso hoy sigue generando polémica: ¿Es realmente independiente la Fiscalía del poder del Ejecutivo? En Estados Unidos, donde el Fiscal General es también el Ministro de Justicia y ha sido nominado directamente por el Presidente, la respuesta -si se toma en cuenta la película- no es clara.

¿Por qué importa la independencia de la Fiscalía?: Una película como metáfora

La Fiscalía de LBJ lideró un sonoro montaje judicial, pero no fue la única. Por sus actuaciones en Watergate de Nixon, el mismo Mitchel fue condenado. En medio de la invasión a Irak, el Gobierno Bush fue acusado de manipular el despido de ocho fiscales. En la víspera de las elecciones de 2016, el Director del FBI James Comey violó las normas y se metió en política, esto  afirman costó la elección a la demócrata Hillary Clinton. Y ni hablar del Presidente Trump, que despidió a su primer Fiscal General y estuvo en el ojo del huracán con su sucesor, quien parecía defenderlo en el juicio político por las presiones indebidas al gobierno de Ucrania para investigar a Joe Biden. Como se puede apreciar, la Fiscalía nunca parece ser realmente independiente y, sin embargo, su autonomía es crucial para su supervivencia.

En cierto momento de la película la defensa, encabezada por los abogados William Kunstler y Leonard Weinglass, pretenden enfocar el debate en  si se trata o no de un juicio político. Para esto, introducen como testigo estrella al ex Fiscal General Ramsey Clark. Este último afirmó en el interrogatorio preliminar que fue presionado por parte del Presidente de los Estados Unidos para judicializar a los implicados en la protesta y que su negativa le costó el puesto.

Esta escena ejemplifica las consecuencias que puede tener que el órgano encargado de acusar y perseguir penalmente a un ciudadano, sea secuestrado por intereses partidistas. Cuando el que acusa no es independiente, las víctimas terminan acorraladas y aplastadas por la fuerza de un sistema judicial eminentemente más grande y poderoso que cualquiera de ellos. Nadie puede defenderse bien cuando su propio enemigo es el Estado.

El problema en Colombia

Sin embargo, el proceso penal existe y en la actualidad es la única alternativa viable que las democracias occidentales han encontrado para resolver los conflictos entre sus ciudadanos. La Fiscalía, en el sistema acusatorio colombiano, está completamente separada de la función de juzgar que corresponde exclusivamente a los jueces penales. Este primer paso superó la primera dicotomía de juez y parte que tenía los jueces instructores, que siendo “árbitros” debían investigar y acusar a los sospechosos.

Sin embargo, la autonomía y su independencia no están garantizadas. Para la elección de fiscal el Presidente presenta una terna a la Corte Suprema de Justicia, de la cual la Corte escoge al candidato que considera más idóneo. Esto ha generado enfrentamientos enconados, como el caso en que la Corte rechazó dos ternas por considerarlas inapropiadas e incluso Uribe fue señalado de querer politizar el ente acusador. También se ejemplifica en escándalos como el de Nestor Humberto Martínez que fue duramente cuestionado por sus vínculos con Odebrecht y tuvo que nombrar por primera vez en la historia un Fiscal Ad Hoc con el beneplácito de la Corte. Todo esto hasta llegar al Fiscal actual, Francisco Barbosa.

Barbosa ha hablado públicamente de su íntima amistad con el Presidente Duque y su gestión va de polémica en polémica, en medio de una crisis continua de legitimidad y credibilidad. La orden de detención contra Aníbal Gaviria recibió un rechazo unánime en los sectores políticos y hasta la Procuraduría pidió su libertad, por considerarla una medida excesiva. Recientemente, la imputación a Sergio Fajardo fue duramente cuestionada por expertos, que la calificaron de “contradictoria” e “incoherente”.

De esta manera, un problema tan lejano en el tiempo (1968) y lugar (Estados Unidos) como el que retrata la película cobra vida y se inserta en la vida cotidiana de los colombianos, quienes también hemos discutido en estos meses sobre la independencia de nuestros organismos judiciales (pues la Fiscalía hace parte de la Rama Judicial en nuestro país).Se puede realizar incluso un paralelo entre la actuación del Fiscal General norteamericano y la capacidad del Fiscal General colombiano de dirigir, realizar, y complementar la investigación. Tales facultades se encuentran presentes en el Código de Procedimiento Penal, que establece entre las atribuciones especiales del Fiscal General de la Nación i) “asumir directamente las investigaciones y procesos […] lo mismo que asignar y desplazar libremente a sus servidores en las investigaciones y procesos” y ii) “determinar el criterio y la posición que la Fiscalía General de la Nación deba asumir en virtud de los principios de unidad de gestión y jerarquía”.

La crisis de legitimidad del ente acusador es una cuestión muy grave. La Fiscalía decide a quién llamar a juicio y a quién no, en lo que se ha llamado el “poder selectivo”. El Fiscal puede mover a voluntad un investigador y afectar el curso de los procesos. Puede incidir en los lineamientos de la institución a la hora de perseguir el ejercicio de la acción penal y las estrategias de acusación. En fin, el poder de este ente es todo menos despreciable y nadie escapa de su dedo inquisidor.

Como se ha mencionado, la Fiscalía General de la Nación es una institución que va a depender del nombramiento del Presidente de la República. Si el poder selectivo adquiere tintes políticos, se puede desatar una persecución injusta y denigrante como la que se ve en la película, que desacredita mucho más al Estado y sus instituciones=que a aquellos que son acusados (incluso cuando las falsas acusaciones son un drama incalculable que representan sufrimiento gigantesco para sus víctimas, como se observa en el film).

El ‘lawfare’ latinoamericano

Tal ha sido la magnitud del problema, que en el ámbito latinoamericano se ha acuñado una nueva forma de referirse a él: lawfare, definido como la guerra jurídica en que la persecución penal se realiza con fines políticos y objetivos poco claros. Aludiendo esta persecución se defendía Cristina Fernández de Kirchner en sus juicios por corrupción en Argentina. De lawfare hablaba Lula da Silva al ser anuladas todas sus condenas por parte del Tribunal Supremo de Brasil. Con este término reclamaba justicia Rafael Correa en las recientes elecciones presidenciales de Ecuador.

Es crítico y significativo que el término se haya extendido de forma generalizada por toda Latinoamérica como una defensa más o menos creíble de aquellos políticos que terminan procesados por el sistema judicial. No ayuda a la justicia que el juez del caso de Lula terminará convertido en Ministro de Justicia de Bolsonaro ni que el Tribunal Supremo de Brasil le diera la razón al ex Presidente de forma contundente anulando sus sentencias. Tampoco facilita en nada la lucha por la legitimidad cuando la Fiscalía colombiana se excede o retrocede, en aparentes tumbos, en sus imputaciones y actuaciones penales, que generan más interrogantes sobre su estrategia y profesionalismo que certezas sobre su solidez jurídica.

Por esto, el Juicio a los 7 de Chicago es un drama legal imperdible para los abogados de primer a último semestre, recomendado para todos los interesados en temas jurídicos y buenos dramas legales al estilo de Suits o How to get away with murder. La trama desnuda la vulnerabilidad de una Fiscalía doblegada a los interés corruptos de un Presidente acorralado y la complicidad de un sistema que, si bien corrige sus errores (el juicio es anulado en segunda instancia y la Fiscalía desiste de la acusación), somete a sus víctimas a un maltrato, escarnio y humillación pública que difícilmente serían tomados como normales en otras circunstancias.

La película, con su estética oscura y dramática, retoma tensiones clásicas y siempre vigentes sobre los debates penales y de derecho procesal penal, que nos recuerdan lo fundamental que resulta tener un juez imparcial y un acusador cuyo único motivo sea buscar la justicia y la verdad. Una vez que se pone en marcha el sistema jurídico, que se ha visto en otras dramatizaciones de brutal crudeza cómo When they sees us, el daño puede ser tan grande e irreversible que las víctimas nunca se repongan del golpe y su vida se  arruine para siempre.

Aún más valioso, es posible que esta película haya hecho reflexionar, a ambos lados del espectro político, sobre el valor de la acusación y la justicia necesaria que debe llevar el dedo que incrimina. Quizás, solo un relato así de gráfico puede recordar y hacerle entender a las personas, abogadas o no, el viejo adagio: Prefiero arriesgarme a liberar a un culpable, que condenar a un solo inocente.