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El camino sin rumbo de la eutanasia en Colombia

Por: Juan Francisco Martínez, estudiante de segundo semestre de derecho, miembro del Consejo Editorial

La debate de la eutanasia volvió a la palestra pública y nadie parece tener claro en qué va. La legalidad de la práctica no se discutía abiertamente desde el Caso Matador y su implementación no parece ser la más adecuada, si se tiene en cuenta que siguen apareciendo en el Congreso intentos de regularla.

Recientemente, el debate sobre la legalización de la eutanasia recobró fuerza en las sesiones del Congreso, con el proyecto de ley del Ministerio de Salud que pretendía la regulación de la eutanasia en Colombia. Sin embargo, luego de haber sido aprobado por la Comisión Primera, este proyecto se cayó en segundo debate en la plenaria del 8 de abril, en medio de un debate mezclado con posturas religiosas y críticas al orden constitucional. Estuvo a solo 2 votos de aprobarse (obtuvo 83 a favor y  60 en contra).  

La eutanasia ya es legal, con o sin regulación

La Corte Constitucional la legalizó en 1997  con la Sentencia C-239 , ponencia de Carlos Gaviria Díaz. Presentó una primera consideración sobre  los “homicidios por piedad”, en el marco de un “asesinato piadoso”, llamándolos “homicidios eutanásicos”  y definiéndolos como el acto de “ayudar a otro a morir dignamente”. Subsecuentemente, en la sentencia se introdujo el nuevo “derecho a morir dignamente”, y se exhortó al Congreso a regularlo.  

En la consideración de la eutanasia como acto punible o no punible, la Corte se basó en un principio de altruísmo – la preservación de la dignidad humana y el principio de solidaridad- que, según argumentó, justificaría el desconocimiento al bien jurídico de la vida, si la motivación del homicidio era la preservación de la dignidad (en vida y en la muerte) de quien pide misericordia. De esta manera la  eutanasia no sería calificada como punible.

De igual manera, la regulación solicitada al Congreso por la Corte sugería un proceso exhaustivo de investigación penal al médico o persona jurídica en general, que se hubiese encargado de practicar una eutanasia, “a fin de que en ella, los funcionarios judiciales, establezcan si la conducta del médico ha sido o no antijurídica, en los términos señalados en la  sentencia.”

El proceso de Regulación: del dicho al hecho

Un año pasó entre la decisión de la Sentencia C-239/97 y la primera iniciativa de proyecto de ley para regular la eutanasia y establecimiento del derecho a morir dignamente por parte del Congreso. Sin embargo, el proyecto fue archivado. Años después, con la llegada al Senado en 2004 del antiguo magistrado ponente de la sentencia, Carlos Gaviria, nuevamente se presentó el proyecto de ley, que tampoco esta vez prosperó.

Seis intentos más (menos el que se cayó la semana pasada), se han presentado ante el Congreso para cumplir con la sentencia de la Corte y, sin embargo, nunca han logrado pasar de segundo debate

Ley de cuidados paliativos y consideraciones del Ministerio de Salud

En el año 2014 fue expedida la Ley Consuelo Devis Saavedra, la cual regulaba los servicios de cuidados paliativos (esto se refiere especialmente a los tratamientos recibidos por un paciente terminal), a fin de dar una muerte digna a los pacientes que se enfrentaban a tal situación inminente. Sin embargo, dicho proyecto no menciona a la muerte digna como un derecho, en cambio señala que los cuidados paliativos serían destinados a preservar una vida digna y considera la muerte como un proceso normal ligado directamente al transcurso de la vida misma.

Luego de esto, la Corte Constitucional a través de la Sentencia T-970 de 2014 solicitó al Ministerio de Salud la formalización de comités interdisciplinarios que se encargaran de la evaluación y suministro de los recursos necesarios para conceder una muerte digna a los pacientes en condición terminal. En este caso, la Corte sí hace mención de la eutanasia como una opción legítima a ser considerada por dichos comités interdisciplinarios ante la solicitud de un paciente terminal. El 20 de abril de 2015, el Ministerio de Salud y Protección Social que dirigía Alejandro Gaviria expidió la Resolución 1216 que reguló los comités interdisciplinarios en toda IPS (Institución Prestadora de Servicios), en la cual considera y presenta , no solo la reglamentación que deben seguir los comités interdisciplinarios, sino también su proceder frente al tratamiento de un paciente terminal, reafirmando que la eutanasia podría ser solicitada por el paciente.

Las consideraciones del Ministro Gaviria

El Ministerio de Salud resuelve que los criterios para solicitar la eutanasia son los mismos considerados por la Corte en la sentencia T-970 de 2014: la prevalencia de la autonomía del paciente, la celereidad, la oportunidad y la imparcialidad.

Para acceder a la eutanasia, el Ministerio pide a los comités interdisciplinarios que se aseguren de que: el paciente solicitante es, en efecto, un paciente terminal, al que se le han brindado los cuidados paliativos correspondientes; que él mismo confirme su solicitud dentro del marco de 10 días calendario; asegurarse de que el procedimiento eutanásico sea realizado en el momento en que el paciente lo indique o, en su defecto, dentro de un plazo de los siguientes 15 días siguientes al momento en que la decisión sea reiterada por el mismo, manteniendo el procedimiento bajo los parámetros establecidos dentro de la jurisprudencia.

¿En qué vamos entonces?

Tal como lo establece la Corte en la sentencia T-970 de 2014, la eutanasia no puede ser un derecho fundamental, pero sí puede ser un medio para hacer valer el derecho a la muerte digna por un paciente terminal que cumpla con la reglamentación establecida por la Resolución 1216 de 2015 del Ministerio de Salud. 

Además, respetando el derecho constitucional a la objeción de conciencia con el que cuentan los médicos, de quienes se vale el Ministerio mismo para reglamentar la eutanasia, esta “no es considerada un acto médico”.

El proyecto más reciente presentado al Congreso de la República buscaba complementar nuevas regulaciones al proceder de quienes brindan el derecho a la muerte digna a mayores de 12 años, reafirmando la posición del Ministerio de Salud frente a tener a la eutanasia como una de varias opciones para hacer valer este derecho, siempre bajo la voluntad del paciente en cuidados paliativos. 

Han pasado más de 20 años desde que la Corte Constitucional le pidió al Congreso reglamentar la eutanasia como forma de hacer valer el derecho a la muerte digna por primera vez, confirmando su exequibilidad, siempre y cuando se mantenga dentro de los márgenes constitucionales. Poco a poco las instituciones han respondido frente a lo que estipula la Corte, por asaltos separados, por lapsos de tiempo sumamente extensos. Es cuando se revive el debate en el legislativo o cuando el ministerio público resuelve, que la controversia entre la opinión pública se vuelve a escuchar. Distintas opiniones se han apostado, no solo en una discusión constitucional, sino también moral ¿Cuál es la suya?

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