#28A: Los riesgos de ejercer la protesta social en Colombia

Por: Santiago Zapata Flórez, estudiante de décimo semestre de derecho en la Universidad del Norte y asistente del Grupo de Investigación Francesco Carrara de la Universidad de los Andes.*

Detenidos incomunicados, detenciones arbitrarias, ojos y bocas irritadas, manifestantes heridos, desaparecidos e incluso, asesinados. Las anteriores son las consecuencias de salir a las calles a exigirle a un gobierno que deje de ser indiferente ante las realidades sociales y políticas de Colombia. Son las consecuencias de la constante deslegitimación a la que la prensa parcializada y las instituciones estatales someten la protesta pacífica.

A fecha de 05 de mayo de 2021, ocho días después del inicio del Paro Nacional convocado para, entre otras razones, exigir que se retirara la Reforma Tributaria, la ONG Temblores registró 1708 casos de violencia policial, 222 víctimas de violencia física, 37 víctimas de homicidios por parte de la policía, 831 detenciones arbitrarias, 312 intervenciones violentas de la fuerza pública, 22 víctimas de agresión en sus ojos, 110 casos de disparos con armas de fuego por parte de la policía y 10 víctimas de violencia sexual. Causa gran impotencia ver cómo el gobierno de turno continúa siendo indiferente ante los clamores de la ciudadanía para detener las constantes violaciones de derechos humanos por parte de aquellos que juraron dedicar su vida a proteger al pueblo. Sectores políticos de gran influencia en el país se han dedicado a catalogar a los marchantes como “terroristas” o “bandidos” en una clara afrenta al derecho a la protesta social. Me es incomprensible cómo tantas personas pueden tener como ideología el menosprecio de la vida de algunos mientras enaltecen la de otros, sin comprender que al final del día, todos somos colombianos.

En nuestro país tendemos a confiar en las instituciones, tenemos la esperanza de que, a pesar de no estar en una nación guiada por el mismo ideal político, nuestros dirigentes quieren lo mejor para el pueblo. Sin embargo, lo triste es que, ante situaciones como las que vivimos, entendemos que las grandes esferas del poder protegen y seguirán protegiendo sólo a aquellos que respaldan sus ideales ciegamente. Estamos ante un gobierno que prefiere continuar presionando en vez de ceder. No estamos frente a un conflicto interno, sino ante una protesta social.

Esto obedece a un discurso conocido: reconocidos exdirigentes políticos exhortan a las fuerzas militares a levantar las armas contra la ciudadanía y muchos congresistas legitiman la pena de muerte sin un proceso judicial previo, a pesar de que esta figura no existe en Colombia. Es un discurso de odio, es un discurso de desprecio contra los que no piensan igual que ellos.

Y es que la vida no puede tener tintes políticos. Por supuesto que los ataques contra los miembros de la Fuerza Pública deben ser condenados. Duele, de la misma manera, la pérdida de la vida de cualquier ciudadano, pero Colombia es un Estado Social de Derecho donde el debido proceso y las garantías judiciales son indispensables, por lo que las detenciones arbitrarias, las torturas, los tratos crueles y los asesinatos no son justificables. Los servidores públicos tienen un mayor desvalor de exigibilidad frente a las conductas que realizan, están consagrados por la Constitución para proteger a la ciudadanía, no para oprimirla. Es inconcebible que un miembro de la policía accione sus armas de dotación contra civiles desarmados, el mismo Decreto 003 del 05 de enero de 2021 prohíbe en su artículo 35 estas acciones. Los dirigentes están donde están para garantizar el bienestar común, para proteger el contrato social y para escuchar y representar al pueblo, no para hacer oídos sordos demostrando una total desconexión con la realidad del país. Me quedo con una frase del recordado Jaime Garzón: “nosotros nombramos funcionarios públicos, funcionario público es para que le funcione al público, y terminamos haciéndoles venias, es decir, todos sirviéndole a ellos, es un absurdo”.

El gobierno nacional debe apostarle al diálogo social, debe establecer mesas de conversación y hacer honor a la democracia que tanto se ufana de proteger, es tiempo de dejar de responder la violencia con más violencia y de actuar como si fueran los dueños del país, no es poca cosa que según la Constitución de 1991 el pueblo sea el soberano. Los marchantes solo piden ser escuchados, claman que un gobierno tradicionalmente indolente e indiferente preste atención a las realidades del país; piden que cese la violencia, la intimidación y la opresión; piden que se les respete su derecho a la protesta social, piden que no estigmaticen las manifestaciones y que dejen de tratarlos como criminales para legitimar la intervención armada. Solo piden lo básico de una democracia participativa.

*Las posiciones y opiniones que expresan los columnistas son personales y no representan ni comprometen las posiciones editoriales del Periodico al derecho