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LA GUERRA DE LAS CARTAS: LA POLARIZACIÓN SE TOMA LA FACULTAD DE DERECHO

Por: Redacción Universidad – Al Derecho

Después de cuatro horas de Asamblea Estudiantil, los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes no lograron ponerse de acuerdo. Divididos y altamente polarizados entre quienes apoyan y rechazan la convocatoria de un paro estudiantil, las votaciones se repiten unas tras otra y ha estallado una guerra de cartas, declaraciones y videos que han sumido en la confusión a los cada vez más aturdidos estudiantes, quienes por redes sociales y grupos de Whatsapp se preguntan qué está pasando realmente en su Facultad.

La Asamblea del 4-M se convirtió en la hora cero

La Asamblea del 4-M se convirtió en la hora cero de la movilización estudiantil dentro de la Facultad. Cientos de estudiantes se dieron cita en una reunión de Zoom compartida por las diversas redes de los grupos estudiantiles de la Facultad, mientras otros se conectaron a través de la transmisión en vivo ofrecida por Al Derecho en su perfil de Facebook, que tuvo una afluencia de más de 1600 observadores durante los momentos más intensos de tal encuentro.

Intervención tras otra, los estudiantes se manifestaban a favor y en contra de las diferentes opciones que se tenían sobre la mesa: paro, asamblea permanente, asamblea escalonada y anormalidad académica. Según las definiciones que ofrecía la encuesta original, el paro consistía en el cese completo de las actividades: “Durante una semana no se realizará ninguna actividad académica por iniciativa de los estudiantes, no hay clases ni evaluaciones”. Por su parte, la asamblea permanente implicaba “la suspensión de clases y evaluaciones para desarrollar actividades de movilización y discusión” mientras que en la asamblea escalonada “se programan sesiones de Asamblea para evaluar la situación nacional y los pasos a seguir como comunidad. Se pueden realizar clases y evaluaciones los días que no haya asamblea, pero no se puede exigir cumplir con estas obligaciones en los tiempos en los que se cite la asamblea”

Los promotores del paro argumentaban que la coyuntura nacional era urgente y requería la atención inmediata de todos los presentes. Proponían que la Facultad realizara un gesto visible de condena contra las violencia en las marchas y diera plenas garantías académicas a aquellos estudiantes que quisieran hacerse partícipes de estas. Ellos consideraban que la figura que mejor se ajustaba a dichas garantías y que enviaba el mensaje más contundente al panorama nacional era la del paro.

Finalmente, la opción de anormalidad académica era -a efectos prácticos- la medida que ya había anunciado el Rector Gaviria en su correo al inicio de la semana: continuidad de las clases, pero sin tomar asistencia y sin realizar entregas o actividades evaluativas en los espacios de las mismas. Esta última fue también la decisión más votada por los participantes del sondeo en vivo que se realizó en paralelo con el desarrollo de la Asamblea, en la cual participaron más de 500 personas. 

La alternativa de anormalidad se vio respaldada por la argumentación ofrecida alrededor del derecho que poseen los estudiantes a continuar con su labor académica, además de que para sus promotores era claro que la anormalidad académica no significaba la vulneración del derecho de aquellos estudiantes que efectivamente querían dedicar esta semana a la coyuntura nacional. La anormalidad académica alcanzada significó la continuación de las actividades académicas en los términos ya mencionados, con  la grabación de todos los espacios que se desarrollaran en clase.

La tormenta después de la tormenta

Una vez terminada la Asamblea, las cosas no quedaron del todo claras. Pese a que la aparente ganadora de la votación había sido la modalidad de “anormalidad académica”, muy similar a lo que había declarado ya el Rector Gaviria en su correo del lunes 03 de mayo, los Representantes Estudiantiles escribieron nuevamente a los estudiantes. Anunciaban que la encuesta tendría que repetirse, pues “tuvimos algunos problemas con la encuesta interna que hicimos desde la Facultad dentro de la Asamblea”, por lo que “hemos decidido nada más utilizar el formato unificado que se está utilizando para las demás facultades y departamentos”, según consta en el correo enviado por la Secretaría Académica de la Facultad esa misma mañana.

Los problemas no eran nuevos. En la misma asamblea se dijo que la encuesta tenía varios problemas: falta de claridad de las respuestas, falta de contexto en la discusión, instrucciones poco claras y finalmente unos tiempos muy ajustados. Oralmente se hizo la petición de que se repitiera la encuesta o que se enviaran correos masivos. Esta propuesta no fue acogida sin debate, puesto que para muchos volver a hacerla significaba atentar contra la decisión democráticamente adoptada. Sin embargo, la solución que ganó fue volverla a enviar para que aquellos estudiantes que no habían podido votar lo hicieran pero dejando constancia en el acta de que la respuesta ganadora fue la anormalidad.

A partir de ese momento, estalló una guerra cruzada de cartas, declaraciones y manifiestos que se extiende hasta la actualidad. Cartas en busca de firmas a través de los diversos grupos de estudiantes en Whatsapp, declaraciones en Forms, manifiestos con firma abierta en SharePoint. La movilización que se ha dado en los últimos días, entre partidarios y detractores del paro, ha dinamizado como nunca conversaciones e interacciones entre compañeros de una misma Facultad.   

Por un lado, existe un grupo de estudiantes insatisfechos con la decisión de entrar en anormalidad académica, pues consideran que esta está muy cercana a la “pasividad, la inacción y el egoísmo” respecto a la realidad del país, según han declarado firmantes y promotores en videos y mensajes de alta circulación. En consecuencia, estos decidieron hacer pública una declaración unilateral en la que declaraban que “a pesar de la decisión oficial de la Facultad, dada la gravedad de la coyuntura, no podemos continuar con la normalidad actual (…) Es por esto que nos declaramos en paro”, por lo cual no respaldarían ni acompañarían la propuesta de la anormalidad académica. Esta carta ha recolectado al momento de esta publicación más de 230 firmas.

Por otro lado, las “decisiones” de la Asamblea no son vinculantes ni definitivas, según lo manifestaba el Representante Estudiantil de la Facultad de Derecho Nicolás Fillippo en la Asamblea del 4-M: “Lo que se decida y hable dentro de la asamblea no es vinculante, simplemente son discusiones que van a tener repercusión como peticiones ante la universidad. No es la palabra final”. Es decir, las votaciones que se realizaron eran sobre todo indicativas, una especie de encuestas o sondeos para conocer la opinión de los estudiantes y poder proponer medidas concretas en los espacios de decisión. No podían por sí mismas “declarar” u “ordenar” nada que tuviera vinculatoriedad oficial, pues el Consejo Académico y el Consejo Superior Uniandino tienen la última palabra. 

La noticia del “desacato” por parte del grupo de estudiantes que insistían en el paro causó revuelo e indignación entre aquellos estudiantes que consideraban que “lo hablado en la Asamblea había zanjado la discusión” sobre la “entrada a paro” de la Facultad. En respuesta, los detractores de la decisión hicieron circular un comunicado buscando firmas, en el que afirman “respetar pero no compartir” la decisión de los estudiantes de sumarse al paro.

En este contra-manifiesto, los estudiantes que afirman “oponerse al paro”, rechazan “cualquier acto de violencia en el contexto de las protestas. Condenamos cualquier acto violento y violatorio de Derechos Humanos llevado a cabo por la fuerza pública. NO entendemos la violencia como forma de manifestación. Es ilegítimo el uso de la fuerza de la Policía y el ESMAD en contra del ciudadano que se manifiesta pacíficamente, como es ilegítima la protesta violenta, vandálica y destructiva”.

No obstante, hace un llamado claro a que “El paro debe terminar y el diálogo social debe comenzar”. Miembros de este grupo de estudiantes (que tiene su propio grupo de Whatsapp) afirmaron en la Asamblea que no sentían tener las garantías democráticas suficientes para expresarse en los espacios de participación y creían ser “la mayoría silenciosa de la Facultad”, que no estaba de acuerdo con las “posturas más radicales que se presentaban”, según consta en la grabación de la Asamblea, los comentarios en su grupo de redes sociales y los comentarios posteriores que han emitido. 

¿Hacia dónde va la Facultad de Derecho?

En este contexto, la postura de la Facultad de Derecho no ha sido clara y las discusiones públicas las han liderado las organizaciones estudiantiles, incluso en ocasiones al margen de la representación oficial del CEU. La Asamblea del 4-M contó con la participación de Jorge Miguel Gutiérrez, Director del Pregrado y  Ángela María Yepes Directoria del Consultorio Juriídico  que sin embargo afirmaron  estar ahí “para escuchar”, sin aclarar o hacer explícita la posición oficial de la institucionalidad. 

Este vacío de poder y comunicación por parte de la Universidad en general ha sido reemplazado por una guerra cruzada de comunicados y declaraciones entre los colectivos de diversas posturas, que tienen confundidos a profesores y estudiantes por igual. Fuentes cercanas a la Decana Lozano afirman que la convocatoria de Representantes Estudiantiles ha una Comisión de diálogo es inminente. Esta buscaría consolidar un espacio en el que estudiantes, profesores y administrativos puedan llegar a acuerdos sobre la situación actual.

La confusión general por parte de estudiantes y profesores por igual se debe en mayor manera a la ausencia de una postura contundente y clara por parte de la Rectoría de la Universidad. Esta espera dar la discusión en el Consejo Académico del día de hoy, jueves 06 de mayo, tal y como lo ha anticipado una y otra vez el Rector Gaviria en sus comunicados de esta semana. El Consejo Académico tendrá la palabra decisiva en torno a las medidas concretas que se adoptarán. En este órgano tienen asiento los Decanos de todas las facultades de la universidad, junto al Rector, sus Vicerrectores y la Secretaría General

En estos momentos, Derecho es un hervidero de movilización y dinamismo. Los estudiantes del Consultorio Jurídico han abierto una línea de atención de emergencia a quien requiere apoyo jurídico en el marco del ejercicio de su derecho a la protesta. Los colectivos estudiantiles de distintos semestres se han organizado en grupos de movilización y acompañamiento para apoyar este esfuerzo. Los profesores han abiertos sus cátedras al público y están organizando jornadas y espacios de reflexión en la mayoría de las clases, como se puede ver en la cuenta de Instagram que continúa publicando la agenda de las sesiones.

Derecho espera, pero no se cruza de brazos. Sin embargo, la falta de postura de la institución de la Universidad, en su esfuerzo por mantener una “zona gris”, desconoce la realidad de sus propios estudiantes. De uno u otro lado, todos coinciden en señalar que el inmovilismo y la falta de respuestas claras y concretas termina por afectar la credibilidad de la misma institución, en apariencia lenta para responder a una coyuntura que avanza más rápido que lo que cualquier órgano o consejo puede manejar, dejándolos atrás. Ante la ausencia de respuestas, la guerra de las cartas está servida.

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