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Entrevista con Roberto Gargarella: 5 reflexiones sobre el paro nacional

Por: Pablo Ortega Londoño, estudiante de tercer semestre de Derecho con opción en Economía. Miembro del Consejo Editorial, Sección Opinión.

  1. ¿De qué manera se puede relacionar el paro en Colombia con el desmoronamiento del sistema democrático que se usa actualmente? ¿Son las movilizaciones peticiones de cambio en la democracia?

Sin querer forzar conexiones que deben explorarse con más cuidado, diría que -sin dudas- la crisis política, social, económica, que se vive en Colombia, como en otros países de la región, se vincula de muchos modos con la crisis del sistema institucional. Ello se ve en la poca representatividad de los partidos políticos, y la poca credibilidad de que gozan los representantes electos; en la fragilidad de los órganos de decisión; en la escasa respetabilidad de los organismos de control y en la debilidad de que gozan sus decisiones. Las movilizaciones, sin duda, aúnan muchas cosas diferentes, que no merecen ser resumidas en una línea, pero que seguramente incluyen (y, sobre todo, expresan) hartazgo y ansias de cambio.

  1. En un país capitalista, donde los recursos que se utilizan para asegurar cierto bienestar y para cumplir con el deber del Estado vienen mayoritariamente de la producción y funcionamiento de las empresas, ¿hasta qué punto es útil parar la economía para lograr peticiones que se cumplen en la medida en que haya recursos suficientes para hacerlo? ¿Existe un momento en el que el paro llega a ser más perjudicial que beneficioso? ¿Qué se necesita ponderar para identificar ese momento?

Para decirlo de un modo grandilocuente, “los países no se suicidan”. Y el conjunto de la ciudadanía tampoco. Creo que si, en un momento, la ciudadanía percibe que se ha llegado a una situación límite, puede escoger medios más extremos para denunciar, e intentar un cambio. Y, como no creo en esa situación de suicidio colectivo -es decir, no creo en la irracionalidad colectiva- confío en que la gente sabrá decir por sí sola “basta”, cuando vea que el esfuerzo es inútil, o ya es suficiente, o ha llegado a un límite que no conviene atravesar.

  1. ¿Si el gobierno no cumple con su deber según el contrato social, puede el pueblo actuar por fuera de ese contrato con el fin restaurar el orden? ¿Qué pasa cuando es el pueblo el que rompe con el contrato de manera grave y sistemática?

Bueno, eso es lo que decía John Locke a fines del siglo XVII, y una idea que recorrió desde entonces toda la filosofía política moderna: el deber de todo gobierno es garantizar ciertos derechos básicos, y la ciudadanía debe obedecer por ello, pero tiene el derecho de ponerse de pie y aún resistirlo y derrocarlo, si es que el gobierno comienza a operar sistemáticamente para socavar, en lugar de asegurar, esos derechos. Locke enuncia esa idea procurando describir lo que había ocurrido con la Revolución Inglesa, pero formulando desde allí un principio general. 

Un principio que se basaba -como la idea que anunciara en la respuesta anterior- en la confianza sobre la ciudadanía de su tiempo: “el pueblo” no va a levantarse y manifestarse por días, y aún derrocar al gobierno, por divertimento, o por razones superficiales o modas, sino que va a movilizarse masiva y activamente sólo cuando lo encuentre necesario. Y por eso -por la certeza de que sólo muy excepcional y ocasionalmente la ciudadanía abandona su pasividad política- es que -afirmaba Locke, como luego lo haría Thomas Jefferson, en términos casi idénticos- debe prestarse especial atención a esos movimientos ciudadanos.

  1. ¿Cómo puede un joven estudiante que no tiene conexiones de ningún tipo con el gobierno y cuyo poder político se limita al voto, hacer un cambio para aportar a la construcción de país?

La respuesta específica es que “no lo sé,” bajo el supuesto de que uno debe ser muy cuidadoso, antes de hablar e “instruir” a nadie, desde el exterior, y con conocimientos limitados sobre lo que ocurre a nivel local. Dicho esto, y como idea general, creo que sí puede decirse que los jóvenes estudiantes, por serlo, tienen la posibilidad, la oportunidad, y agregaría el deber, de formarse, e instruirse, y de pensar críticamente sobre la situación que lo rodea. Quiero decir, más allá de los deberes generales del ciudadano, de ayudar a, cooperar con, y servir al resto, los estudiantes tienen un deber especial, por la fortuna especial que han tenido, de dar un paso atrás y reflexionar, y ayudar a reflexionar a los demás, a partir del estudio. En particular, diría, pensando en los estudiantes de ciencias sociales, a partir del estudio de la historia social, y la filosofía política. No con la idea de pontificar o de exponer sus propios conocimientos, sino con el compromiso de ofrecer -a sí mismo, y al resto de la población- herramientas para pensar mejor y más críticamente sobre la vida compartida.

  1. Teniendo en cuenta la importancia de las redes sociales en la política y movilización social actualmente, ¿cree usted que para reducir los posibles efectos perjudiciales es mejor regularlas legalmente o crear una cultura de un uso “adecuado” de las mismas? ¿Cuál sería ese uso correcto?

Soy partidario de las regulaciones, pero con una prevención fortísima sobre los riesgos de las regulaciones -en particular, el riesgo de que, quien tenga el poder de implementar esas regulaciones, comience a utilizar las mismas a su propio favor, o en favor de su sector o clase social. La regulación general que avalo, por tanto, es una “neutral en materia de contenidos”, y que es la distribución más equitativa de los recursos, la creación de mayores foros de discusión, y el subsidio a las voces diversas, sobre todo aquellas relacionadas con grupos desaventajados, y con dificultades de acceso a los foros públicos. Creo que esa línea de regulaciones igualitarias puede ser avanzada con mayor tranquilidad, y con menores riesgos, que todas las demás regulaciones más vinculadas con los contenidos -regulaciones que en principio deberían ser dejadas de lado.

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