Centros Poblados: corrupción y politiquería

Por: Isabella Peinado, estudiante de cuarto semestre de Derecho y Gobierno. 

La pandemia ocasionada por el COVID-19 además de generar una crisis en el sistema de salud a nivel mundial, se encargó de demostrar la desigualdad en materia de tecnologías y comunicación no solo en el país, sino en el mundo entero. En el caso de Colombia, esto fue una de las problemáticas más alarmantes, ya que el servicio de internet y televisión no era considerado un servicio público hasta la creación de la Ley 2108 de 2021. En esta, se busca garantizar el servicio universal sin interrupción de instalación, mantenimiento y adecuación; ya que,  tal como lo menciona el MinTIC son pocos los colombianos que pueden acceder a este y solo 14 de cada 100 habitantes tienen un acceso fijo y, lamentablemente, quienes no pueden tener este servicio son claramente los estratos socioeconómicos bajos.  Por esto, la política pública “Centros Poblados” propuesta por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) se convirtió en un proyecto esperanzador para millones de colombianos. 

Sin embargo, la ilusión que representaba el mega proyecto con un presupuesto de 2,1 billones de pesos para 10.000 comunidades beneficiadas se vio acabada por escándalos de corrupción y politiquería. Estos, ocasionados por la pérdida de 70 mil millones, falsificación de documentos y alianzas para la selección de las empresas privadas encargadas de materializar la propuesta. Ahora bien, durante la investigación fue imposible  no relacionarlo con escándalos de corrupción pasados como el carrusel de la contratación y muchos otros en los cuales la corrupción y la politiquería se muestra como un factor inherente en la contratación. 

Ahora, el problema de Centros Poblados, en palabras muy cortas, se basó en un proceso de licitación pública en donde varias empresas concursan meritocráticamente para que les adjudiquen el contrato del proyecto. Para esto, SES Telecomunicaciones y Red de Ingeniería realizaron una unión temporal para formar SES Inred, en donde ofrecían el mayor número de puntos de conexión. El proceso de selección consta de la publicación y posterior elección de todas las propuestas, en donde se debe analizar cuál puede garantizar el objetivo de la política pública, siempre que conste de firmas y alianzas seguras y completamente legales. En el caso de Centros Poblados y la alianza que realizaron se presentaron documentos falsificados que no fueron analizados de forma correcta, evitando así la posible elección de otra empresa que estuviera en capacidad de garantizar el cumplimiento del proyecto. 

Es por esto que, en mi opinión, al analizar casos de corrupción se debe mirar más allá de quiénes son los responsables (los cuales deben responder frente a la justicia colombiana) y enfocarse en qué fallas tiene nuestro proceso de selección y seguimiento de este tipo de políticas públicas. De esta forma se va a poder tener más control sobre este tipo de actos y la contratación en Colombia se va a dar de una manera segura. Lo cual, considero de vital importancia al ser estos proyectos una materialización de nuestros derechos y el principal mecanismo para subsanar las problemáticas de equidad, pobreza, educación, entre muchas más que a diario marcan nuestro país. A la vez, poder tener un ente o una estructura más organizada ayudaría a disminuir los casos de politiquería para la obtención de los contratos. Por último y como reflexión considero que en casos como el de Centros Poblados, el Estado vela por las necesidades del pueblo y otorga los recursos para la solución de las necesidades, pero es la corrupción la cual se encarga de debilitar y casi siempre anular esa materialización, provocando así un panorama más complicado en donde los problemas de los más afectados, que necesitan de estos proyectos, se perpetúan. Es triste aterrizar ese enorme problema de la corrupción en un caso en concreto y ver sus efectos reales; en especial cuando en nuestro país estas situaciones son repetitivas. Me abruma pensar que la trampa y la politiquería hicieron que miles de niños sigan en las mismas condiciones en donde tienen que pausar su vida escolar -como consecuencia de la inexistencia o baja calidad de red- causando un  impedimento a la hora de contactar de  forma rápida a sus conocidos, generando la necesidad de recorrer kilómetros para buscar información para sus quehaceres académicos.