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La Colombia que el Estado olvidó

Por: Juan Felipe Samboní Argote, estudiante de Derecho en la Universidad de Los Andes

La violencia nos aqueja cada vez más. Los azares de las balas son la “cinta en la boca” del Estado colombiano. La historia de nuestro país es sinónimo de violencia, masacres y asesinatos, en donde la población civil es azotada por el constante martilleo de los cartuchos sedientos de sangre producidos por los grupos armados. A este punto es válido preguntarnos ¿el Estado está actuando de manera eficiente en nuestro país? ¿acaso somos los soldaditos de plomo con los que los grandes dueños de la patria juegan a la guerra? 

Hace unos meses Dairo Antonio Úsuga David, conocido en el mundo criminal como alias “Otoniel” y máximo cabecilla de “El Clan del Golfo”, fue extraditado a Estados Unidos. La noticia se regó como pólvora y llegó a todo el territorio nacional, en donde la gran mayoría de colombianos (en este aspecto me incluyo) observaron desde la comodidad de las urbes-entre aromática, estrés y un noticiero-la captura y posterior extradición de Otoniel, mientras que las poblaciones de los departamentos, en los cuales el Clan del Golfo actúa, fueron víctimas de actos violentos e ilegítimos bajo su denominado “paro armado”. Fueron días de incertidumbre, el cese de actividades productivas y económicas alarmó a los centros urbanos de cada municipio, las asonadas militares y criminales opacaban el silencio de las vías de estos territorios, en donde el clamor popular, por la intervención Estatal, se mezclaba con las ráfagas de fusiles y ametralladoras. Se hizo lo único posible: obedecer a lo establecido por dicha estructura criminal.

¿Hasta qué punto un Estado puede ahogar de olvido a una comunidad para que un grupo armado haga y deshaga en un determinado territorio lo apetecido por ellos? La respuesta es simple, en Colombia la ley y la justicia son el capricho de un puñado de hombres que definen acatar o no las normas. En otras palabras, la ley se ha convertido en el narcotráfico del siglo XXI, siendo el negocio clandestino de cierta minoría que se otorga la potestad de traficar según su propio azar lo determinado por el sistema político. La intervención gubernamental en nuestro país no es la más eficaz, es decir, es evidente que la institucionalidad coexiste en todo el territorio nacional- pues en cada municipio hacen presencia las fuerzas armadas, la fiscalía y demás instituciones.-no obstante, es un “camuflaje” tras el cual el Estado esconde su verdadera obligación constitucional: velar por el bienestar general de su propia población. Por otra parte, resulta impresionante creer que hubo mayor despliegue de fuerzas armadas en el marco de las protestas populares de los pasados años que en el paro armado decretado por el Clan del Golfo. De una u otra forma, el gobierno del “presidente más jóven de la historia en Colombia” no tuvo claro quiénes eran sus enemigos. Sin embargo, es relevante aclarar que eran situaciones distintas, pues la movilización social no es una estructura armada, aunque es evidente que dicha clasificación no da pie para que un gobierno atente en contra de su esencia popular.

Asimismo, el gobierno de Iván Duque demostró su ineptitud frente a diversos problemas sociales, pues durante su período presidencial se han evidenciado 930 asesinatos a líderes sociales, 245 firmantes del acuerdo de paz asesinados y 251 masacres de las cuáles 1144 personas fueron víctimas. La parálisis económica, social y política del paro armado constituyó la redada principal que desnudó el verdadero alcance del Estado colombiano, entre otras cosas más por decir, es necesario preguntar ¿cuántos muertos más son necesarios para el establecimiento de un verdadero engranaje gubernamental que no se niegue a proteger a la población que se encargó de construirlo?

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