Un impuesto más para las empresas

Por: Juan Diego López, estudiante de Derecho en la Universidad de Los Andes

“Un impuesto más”. Esta es la frase que todos los colombianos dicen cada vez que un gobierno anuncia una nueva reforma tributaria, y el caso del gobierno de Gustavo Petro no es la excepción. Al siguiente día de su posesión, el Ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, anunció el primer proyecto de ley ante el congreso conocido como “Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia Social”. Este proyecto tiene como intención principal recaudar 25,8 billones de pesos para el Estado colombiano durante el primer año de gobierno. Una cifra que jamás ha sido recaudada en el país y que da evidencia del ambicioso programa social que está pensado el gobierno Petro para estos próximos cuatro años en Colombia. 

La pregunta que se escucha es ¿Quiénes van a asumir el peso tributario en el país, si este proyecto es aprobado por el Congreso? La respuesta es que las empresas colombianas van a seguir asumiendo la mayor carga tributaria, esto debido a que, de los 25,8 billones que espera recaudar el gobierno, se espera que las empresas aporten 5,5 billones, es decir, aproximadamente el 25%. Este incremento está en su mayoría sustentado en un alza en el impuesto sobre dividendos. Pero ¿Qué son los dividendos?

El Banco Santander da una definición muy exacta al decir que “utiliza para definir la porción de los beneficios que una empresa reparte anualmente entre sus accionistas». Actualmente en Colombia el impuesto sobre los dividendos es de 10%. En esta nueva reforma se tiene planteado un incremento gradual a 20%. Este incremento no es una buena opción para el país, y sin lugar a dudas existen mejores alternativas tributarias que generen menor impacto en el sector productivo colombiano. 

Según los últimos datos que entrega el Ministerio de Hacienda, las empresas aportan un 82.6% sobre los impuestos que se cobran en el país y las personas naturales 17.4% (Gráfica #1). Como se puede evidenciar la carga tributaria es desproporcionada en Colombia. Esto no permite que se desarrolle la industria nacional e incentiva a la informalidad. Es por ello que constantemente se escuchan voces de rechazo en los gremios productivos para reducir la tasa de tributación. Ahora bien, el gobierno Petro no las escucha y propone un incremento gradual a 20% sobre los dividendos. Esto seguirá aumentando la carga tributaria de las empresas hasta un punto que dejaría con muy poca solvencia a sus accionistas, causando que sea poco rentable la inversión en Colombia. Al mismo tiempo, no se estaría teniendo en cuenta los datos que arroja la tabla anterior donde es evidente que una reforma tributaria en Colombia debe estar enfocada en cobrar mayores impuestos a las personas naturales, puesto que tiene niveles menores de tributación. Como también se ve en la gráfica, este tipo de modelos económicos donde las personas naturales tienen un cobro mayor en sus ingresos, es llevado a cabo por la mayoría de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y ha mostrado sus frutos puesto que la mayoría de países desarrollados lo usa. 

Desde el 2020, Colombia es miembro de la OCDE, esta organización entregó un informe en el año 2022 en él que mostraba el panorama económico del país. Se incluyen una serie de recomendaciones para que el país mejore su economía. Dentro de las principales está que Colombia debe enfocar sus reformas a hacer que más personas paguen impuestos, y esto ayudaría a aliviar la carga tributaria que históricamente ha recaído sobre las empresas en nuestro país. Por consiguiente, debe cambiarse el enfoque que se tiene sobre los impuestos a las empresas colombianas, dado que los datos muestran que la forma más efectiva de recaudo se logra incrementando el porcentaje de tributación en las personas naturales y no subiendo las tasas ya establecidas. Está errando el gobierno del presidente Gustavo Petro y su Ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, en vista de que desconocen y desprestigian el informe que da la OCDE y los expertos sobre otras alternativas con menores impactos económicos y posibles soluciones a los problemas económicos del país. 

Sin embargo, algunos senadores de la República y representantes a la cámara del partido de gobierno argumentan que este incremento sobre los dividendos ayudaría a gravar a las personas más ricas del país, y protege a las poblaciones más vulnerables considerando que no se verían afectadas. Lo mencionado previamente sería un argumento falso y que tiene poco sustento en la teoría económica, en la medida en que no siempre los accionistas de una empresa son personas ricas. Al mismo tiempo es necesario tener en cuenta que, si se reduce el número de accionistas de una compañía, sus niveles de liquidez bajarán, dejando la posibilidad que se reduzca el personal para solventar las cuentas de la empresa. Esto afectaría a las personas de bajos ingresos como consecuencia del incremento en la tasa de desempleo, dado que las empresas no tienen fondos para pagar nóminas. Paralelamente, es necesario tener en cuenta que son las empresas privadas en su mayoría las que producen para la economía del país, y si estas llegan a un punto insostenible económicamente, aumentaría la informalidad, y se dificultaría el proceso de creación de nuevas empresas en Colombia. 

De los párrafos anteriores se pueden concluir dos puntos fundamentales. El primero es que el Ministerio de Hacienda en cabeza de José Antonio Ocampo, debería replantear el incremento de 10% a 20% sobre los dividendos. Como se evidencia, existen mejores alternativas con mayores niveles de recaudo y con un impacto menor sobre la industria nacional. Lo segundo es que el presidente Petro debe pensar con mayor rigor sus políticas públicas durante estos cuatro años, en vista de que venimos de una pandemia que dejó al país con un déficit fiscal alto, la inflación de este año está aproximadamente en 10% y se espera que siga incrementando según las últimas estimaciones del Banco de la República. Por consiguiente, si el gobierno piensa gastar la mayor parte del dinero recaudado en programas sociales, en menos de 2 años van a tener que volver a pasar otra reforma y, ¿ahí quien va a pagar los platos rotos? ¿Las empresas otra vez?