¿Protesta social o bloqueo total?

Por: Juan Esteban Uribe, estudiante de Derecho y opción en Gestión en la Universidad de Los Andes

Desde hace algunos años Colombia ha sido escenario de protestas masivas, producto de múltiples inconformidades de grandes sectores de la población. Aunque históricamente se han desarrollado diversas manifestaciones en varias regiones del país, a mi parecer, el Paro Nacional del 2019 marcó un antes y un después. Desde entonces, podría decirse que cada cierto tiempo se convocan protestas a gran escala, pues en abril del 2021 se convocó un nuevo paro que dejó como consecuencia cientos de heridos y ciudadanos afectados, donde la violencia y el bloqueo a múltiples carreteras del país fueron protagonistas. Desde entonces, estas obstrucciones a la infraestructura de transporte han sido recurrentes, a tal punto de que muchas personas consideran esta actividad como algo inherente a la protesta social. Cabe aclarar que en el país es legal realizar marchas y recorridos a través de las ciudades. Sin embargo, quienes convocan las manifestaciones deben tramitar un permiso a través de las respectivas autoridades municipales, con el fin de que la autoridad competente pueda garantizar su desarrollo sin perturbaciones al orden público y a la movilidad de los demás ciudadanos. No obstante, ¿cuántas de las manifestaciones realizadas desde el 2019 realmente han contado con este permiso?

Las manifestaciones pasaron de  realizarse en los parques y las plazas para ser trasladadas a las calles. Las principales ciudades del país fueron testigos del bloqueo de numerosas vías principales, e inclusive, los manifestantes han bloqueado varias veces la vía Panamericana, una de las principales carreteras no solo del país, sino del continente. Es más, en varias ocasiones he tenido que desviar mi rumbo al salir de la universidad porque un grupo de 3 personas se encontraban bloqueando una de las calles más importantes de la ciudad. Sin duda alguna son cada vez más los ciudadanos que se sienten con el derecho de llevar a cabo estos bloqueos, y efectivamente la gran mayoría logra hacerlo impunemente.

La Constitución protege tanto el derecho a la protesta como el derecho a la libre locomoción, el cual evidentemente se ve transgredido por los bloqueos. Sin embargo, es importante resaltar que este último se encuentra conectado con otros derechos fundamentales, pues al no permitir que la gente se desplace a laborar, hacia un hospital o hacia su institución educativa, se transgreden sus respectivos derechos al trabajo, a la salud, a la educación, entre otros. Así mismo, el país fue testigo de cómo, en el Paro Nacional del 2021, una mujer que se encontraba en trabajo de parto dentro de una ambulancia perdió a su bebé debido a que los bloqueos de los manifestantes impidieron el paso del vehículo. Lamentablemente, este es un claro ejemplo de cómo estas obstrucciones pueden llegar a afectar los derechos y garantías fundamentales de la población.

De igual forma, el Código Penal, a través de sus artículos 353 y 353A, dispone que aquellos que imposibiliten la circulación del transporte público o quienes bloqueen la infraestructura de transporte afectando otros derechos sin el respectivo permiso y a través de medios ilícitos, incurrirán en penas de prisión y en multas de alto valor. Adicionalmente, cabe aclarar que el artículo 353A fue declarado exequible por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-742 de 2012. Por lo tanto, es posible evidenciar cómo la ley nacional condena y prohíbe los bloqueos violentos e ilegítimos. Sin embargo, a pesar de esta legislación, son muy pocos quienes son judicializados por estos delitos, mientras que la vasta mayoría se van impunes. Las autoridades del país deben empezar a aplicar esta legislación con rigidez, sin importar si la protesta es de izquierda o de derecha, o si la convocó el presidente o la oposición. De lo contrario, nos encontraremos constantemente en la necesidad absurda de buscar en internet cuáles vías se encuentran bloqueadas en la ciudad antes de salir de nuestras casas.

El derecho a la manifestación es, sin duda alguna, uno de los pilares de una democracia justa y diversa. Sin embargo, no podemos dejar que este derecho se vea opacado por los bloqueos violentos e insensatos que han caracterizado a muchas protestas en los últimos años, pues tristemente en Colombia nos acostumbramos a eso. Se nos imposibilita manifestar nuestro derecho a la protesta sin afectar los derechos de los demás, y es por eso que esta columna se trata de un llamado a la necesidad cada vez más urgente de cambiar esta visión.