Como perros y gatos

Por: Juan Felipe Samboní, estudiante de Derecho en la Universidad de Los Andes

El comienzo de un gobierno alternativo siempre supone la consideración de reformas políticas, sociales y culturales acordes a su plan de desarrollo. Han pasado varios meses desde que inició el gobierno de Gustavo Petro y las críticas en torno a sus propuestas han dado de qué hablar. Hace varios días, una columna irrumpió en el bagaje periodístico del periódico Al Derecho, en la cual Juan José Espíndola criticaba la inconveniencia de la reforma política que plantea el actual gobierno. Sin embargo, considero que es menester construir, a partir de contraposiciones políticas, consideraciones lógicas y construcciones argumentativas, las ventajas que suscita uno de los cambios más importantes para la sociedad colombiana: la reforma política del gobierno de Gustavo Petro. Para lograr dichas pretensiones, refutaré, mediante tres puntos específicos, las consideraciones principales que se plantearon en los párrafos de la columna anteriormente mencionada.

Primero, se afirma que la reforma política del gobierno supone una conveniencia selectiva, pues solo los políticos arrodillados al presidente serán los beneficiarios de las consideraciones planteadas en esta. Como ejemplo de apoyo a la aseveración anterior, se menciona el caso del hijo de “La Gata”, en donde, según el escritor de la columna, el gobierno negoció con el paramilitarismo para obtener beneficios político-económicos a cambio de “soltar” al sujeto retenido por las autoridades. No obstante, es necesario mencionar que, en primer momento, fue el hijo de la Gata quién le solicitó al presidente ser cobijado por la figura de “gestor de paz”, petición que fue negada por el gobierno actual. Por otra parte, la misma reforma plantea consideraciones que determinan un cambio evidente en torno al monopolio acaudalado que los grandes políticos mantienen en todo el país, pues, primero, se propone la creación de listas cerradas, cuyo objetivo se apoya en la democratización de los actuales partidos políticos. Asimismo, la reforma plantea la disminución de edades para poder ser congresista, diversificando el monopolio político que los candidatos tradicionales han construido en pro del abastecimiento económico de sus propios bolsillos y, finalmente, la obligación de determinar consultas internas para que los partidos elijan a sus candidatos.

Como segundo punto, la columna supone la inconveniencia de las listas cerradas. Resultan contraproducentes las aseveraciones que el escritor plantea en su texto, pues primero menciona que uno de los grandes pros de la reforma política, encaminada a las garantías democráticas de Colombia, es la obligación de las consultas internas de los partidos para elegir los candidatos. No obstante, palabras más adelante critica la aplicación de las listas cerradas. En este punto, es necesario preguntarnos: ¿Se puede criticar la viabilidad de las listas cerradas que plantea la reforma política aún aceptando uno de sus grandes pilares, es decir, la obligación de consultas internas en los partidos políticos para determinar el orden de sus candidatos? Ante la indagación anterior es lógico pensar que no. Afín a la aplicación de listas cerradas, la columna plantea que uno de sus grandes problemas es la carencia de cuota de género presentes en estas. Empero, es menester mencionar que la reforma política propone reformar el artículo 262 de la Constitución Política, en donde se determinaría, expresamente, la alternancia del hombre y la mujer en las listas cerradas, fortaleciendo una de las propuestas del presidente Petro y, a la vez, reivindicando la lucha inclaudicable de la mujer por el reconocimiento de sus derechos políticos.

A partir de lo anterior, el tercer problema que suscita la columna, es el hecho de que los congresistas, sin tener la obligación de esperar un año de inhabilidad después de su renuncia, puedan ser ministros. Debo reconocer que esta consideración platea futuros efectos que podrían viciar nuestra democracia, por lo cual considero que esta problemática podría converger en un fallo total a la organización del Estado colombiano, pues permitiría un menor control político hacia el ejecutivo, desdeñando el principio de frenos y contrapesos que hace parte de la separación de poderes en nuestro país.  Sin embargo, los debates en el congreso han suscitado grandes dudas hacia dicha proposición, por lo cual, determinaría que lo más posible es el hundimiento de dicha propuesta.
De esta forma, considero que es necesario que la reforma política mantenga un control legislativo rígido, en donde la viabilidad de una proposición sea debatida democráticamente y no a favor de los intereses políticos de ciertos individuos. Es deber del pueblo, a su vez, escrutar todas las decisiones que tome el Congreso frente a la reforma política , pues solo así se podrá lograr la construcción de un cambio verdadero. Es por ello que valoro el análisis expuesto por la columna que me dediqué a criticar, pues  las diferencias construyen la discusión y, en consecuencia, nos obligan a pensar en objeciones válidas y legítimas que, en medio de nuestros propios sesgos y preferencias, nunca nos habríamos imaginado.