“Este es un virus democrático, no discrimina a nadie,” se les escucha a muchos en la calle y se lee a menudo en redes sociales. En una parte tienen razón. En los últimos 100 años no habíamos tenido una crisis de salud pública tan universal, por decirlo así, como la que vivimos hoy. A la fecha en la que escribo, se han reportado más de 500 mil casos de COVID-19 en 175 países, la mayoría en Italia, España, China e Irán. Este jueves, 26 de marzo, EEUU se convirtió en el país con el mayor número de contagios confirmados. En un mundo tan conectado como en el que vivimos, es imposible creer que exista un lugar al que este nuevo virus no pueda llegar.
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Todos nos vamos a ver afectados, incluso si jamás llegamos a contagiarnos, porque al final el impacto no es solo en salud. Los gobiernos del mundo están tomando medidas drásticas para contener la propagación del SARS-CoV-2 (nombre oficial del virus) y eso resulta en una afectación sustancial en la economía, en el empleo, en la educación y en general, en la forma como estábamos acostumbrados a llevar nuestras vidas. La pandemia nos afectará a todos y en ese sentido sí es “democrática.” En lo que no estoy de acuerdo es que ese impacto sea igual para todos. Ahí está la sutil diferencia. Todos nos vamos a ver impactados por esta pandemia, pero unos más que otros.
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Para comprender la injusticia tras la COVID-19 vale la pena mirar la injusticia que históricamente ha marcado a las enfermedades infecciosas en general, aquellas que se transmiten entre personas y que son causadas por un patógeno, llámese virus, bacteria, hongo o parásito. Llevamos siglos enfrentando enfermedades como estas, las cuales comienzan como brotes y terminan convirtiéndose en epidemias. El problema es que muy pocas llegan a los medios de comunicación. El VIH, la tuberculosis y la malaria son las más llamativas entre una lista amplia de males que la literatura hoy llama enfermedades infecciosas de la pobreza. El nombre de esta categoría refleja una realidad desoladora pero cierta: estas enfermedades vulneran más, en lo económico y en lo social, a quienes históricamente han sido más vulnerados.
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La justicia en tiempos de COVID-19, por: Carlos Suárez López, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.
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Puede afirmarse, sin hesitación alguna, que la pandemia del COVID-19 ha colapsado al mundo entero y que apenas hay ámbito de la vida en sociedad que no se haya visto fuertemente impactado por ella. Uno de ellos es, naturalmente, la administración de justicia.
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No cabe duda de que la justicia es un servicio público esencial y que, en consecuencia, no puede detenerse, aún en tiempos de crisis. Sin embargo, este virus ha llevado a la Rama Judicial de Colombia a la necesidad de hacer un alto en el camino y de realizar esfuerzos ingentes para que aquellas actividades judiciales que definitivamente no pueden interrumpirse continúen desarrollándose.
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Es así como el Consejo Superior de la Judicatura, a través del Acuerdo PCSJA20-11521 de 2020, se vio en la obligación de suspender los términos procesales hasta el día 3 de abril del presente año. Ya veremos si para ese entonces la situación de la salud pública permite reanudarlos o si es necesaria una suspensión adicional, como todo parece indicar.
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En este acuerdo también se estableció que los juzgados penales con función de control de garantías seguirán realizando las audiencias concentradas de legalización de captura, formulación de imputación, solicitud de medida de aseguramiento, así como las prórrogas de medida de aseguramiento y las peticiones de control de legalidad. Esto por cuanto se considera que la función de control de garantías, dada su necesidad y urgencia, no puede parar. No obstante, los jueces de control de garantías utilizarán para el cumplimiento de sus funciones un equipo de protección compuesto por overol, tapabocas, guantes y gafas.
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Hace pocos minutos, mediante un comunicado del Rector, Alejandro Gaviria, la Universidad ha hecho oficial que el sistema de evaluación para las notas definitivas de los estudiantes en el primer semestre del 2020, de forma transitoria, será de carácter cualitativo (es decir, aprobado/reprobado). La medida, según el Rector, aplicará para todos los cursos de pregrado y maestría ofrecidos durante este semestre académico.
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La Universidad de los Andes ha implementando, desde hace varias semanas, medidas para que, pese al aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, sus estudiantes puedan continuar recibiendo clases en modalidad virtual. Como contó ayer Al Derecho, una de las medidas que había sido puesta sobre la mesa ante el Consejo Académico fue cambiar, temporalmente, el sistema de calificación numérica por uno cualitativo. Determinación que finalmente fue acogida por este órgano de gobierno. .
Según Gaviria, “las notas no son la prioridad en este momento” e invita a la comunidad a mantener un espíritu optimista y asumir estas dificultades de manera constructiva. Dentro de los argumentos que motivaron la decisión, publicados por medio de una presentación, se encuentra que “los Profesores y estudiantes están experimentando nuevas formas de aprendizaje y enseñanza” y que “no todos los estudiantes cuentan con los mismos recursos (emocionales, mentales, materiales”.
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Sobre las las clases virtuales, que inicialmente estaban previstas hasta el 13 de abril, el Consejo Académico ha tomado la decisión de extender la modalidad virtual para los cursos, tanto de pregrado como posgrado, hasta el 30 de Mayo. Esto, en concordancia con la Directiva No. 4 del Ministerio de Educación, la cual insta a las instituciones de educación superior a dar continuidad a sus programas académicos por medio de esquemas virtuales durante esta emergencia.
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Por su parte, el Consejo Estudiantil Uniandino (CEU) anunció, a través de su cuenta de Instagram ( @ceuniandino) , que hará un Instagram Live en su cuenta para resolver las dudas de los estudiantes respecto a la decisión. La transmisión se realizará a las 8 de la noche.
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