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¿Qué plantea la reforma a los consultorios jurídicos?

Una iniciativa del Ministerio de Justicia, que ya rueda en la Cámara, plantea la necesidad de reformar los consultorios jurídicos como una primera aproximación a reformar la Justicia. Más acceso, más servicios y más experiencia de los estudiantes, algunos de los pilares de la propuesta.

Por: Eduardo Melo Molina. Estudiante de octavo semestre de Derecho y de la Opción Académica en Periodismo, y miembro del Consejo Editorial de Al Derecho.

Tras el fracaso del último proyecto de reforma a la Justicia presentado por el Gobierno, y considerando sus malos resultados y proyecciones en materia de trabajo legislativo, el Ministerio de Justicia, promotor de esa iniciativa, ha decidido cambiar de estrategia. Como anunció la nueva ministra de Justicia, la exmagistrada Margarita Cabello, la idea de buscar una ‘mega-reforma’ a la Justicia en Colombia parece una posibilidad muy distante, más bien utópica. En cambio, aseguró la jefa de esa cartera, resulta más factible promover “proyecticos” sobre varios de los principales asuntos que aquejan a la Justicia en todos los niveles.

Frente a este nuevo rumbo, el presidente Duque, a su vez, ha reiterado que su prioridad para reformar la Justicia, está en garantizar herramientas “que beneficien al ciudadano de a pie”. Y, precisamente en ese sentido, dentro del primer paquete de proyectos presentados por el Gobierno en la nueva legislatura existe uno que plantea una reforma integral a una herramienta elemental del Sistema, que combina aspectos formativos profesionales con la promoción y garantía de acceso a la justicia: los consultorios jurídicos. 

El proyecto 007 de 2019, en Cámara —de autoría original de MinJusticia—, propone una reforma estructural a este servicio que, además de constituirse en un instrumento fundamental para garantizar el acceso a la justicia de la población vulnerable, hace sus veces de formación práctica para los futuros abogados del país, en tanto su ejercicio es de obligatorio cumplimiento para obtener el título de abogado en Colombia.

¿Por qué reformar los Consultorios?

Actualmente, los consultorios jurídicos son regidos por las disposiciones del Decreto Ley 196 de 1971 y la Ley 583 de 2000. A un mes de haber sido presentado, el proyecto de ley que busca reformar dicho régimen ha empezado a recibir respaldo y, entre la comunidad jurídica, que en diferentes oportunidades ha llevado el debate sobre una reforma en esta materia, se empieza a generar expectativa.

Además de la lógica causa de encontrar beneficios sustanciales en las transformaciones propuestas en el documento, la germinación del proyecto, según ha explicado el Gobierno y se ha plasmado en la motivación de este, tiene aspectos fundamentales que condujeron a plantear esta iniciativa.

En primer lugar, especial relevancia cobró en este entorno, el concepto de “abogado de pobres”, utilizado en la regulación actual de los consultorios jurídicos para referirse a la función que ejercen los estudiantes de derecho en dicha instancia, y cuyos alcances y significados han sido objeto de estudio y debate dentro de la doctrina jurídica

Aunque el proyecto, además de definir como “indebida” dicha catalogación y afirmar que es imperioso el “replanteamiento de ese rol”, no manifiesta expresamente cuáles son los argumentos contra dicha concepción –derivada de la restricción del servicio a los estratos socioecónomicos más bajos–, puede intuirse que el fundamento de esa intención está ligado a la necesidad de expandir la gama de servicios y poblaciones receptivas, de forma que se amplíe la atención del servicio a nichos de vulnerabilidad desde un concepto más amplio.

Consultorio jurídico de la Universidad de los Andes, ubicado en Bogotá (Cra. 7 #22-86).

Por otra parte, las motivaciones se fundan de manera general en dos ilusiones: el “robustecimiento” de la experiencia práctica de los abogados y la consolidación del impacto social de los consultorios. Frente a ambos, expone, fundamentándose en estadísticas y discusiones interinstitucionales que delimitan sus falencias e impacto, que las restringidas competencias de estos establecimientos limitan su función social y pedagógica, como elemento trascendental de la formación jurídica y como herramienta de garantía de acceso al aparato jurisdiccional ante requerimientos inmediatos de la población.

¿Qué se pretende reformar?

La reforma que plantea el proyecto se funda esencialmente en tres aspectos. En primer lugar, se enfoca en la parte de formación jurídica y, ante eso, propone la ampliación del modelo de servicio de los consultorios hacia uno que amplíe la gama de servicios ofrecidos por estos (por ejemplo en procesos de regulación especial y ante entidades administrativas con funciones jurisdiccionales, ej.: SIC) y, por ende, de la capacidad de postulación de los estudiantes en materias que abarcan la mayoría de sus áreas. En general, la propuesta le apunta a generar un mayor impacto social desde la práctica de sus estudiantes de Derecho y, a la vez, fortalecer el “conocimiento experiencial”.

Así mismo, busca que se fortalezca la práctica pedagógica dentro de la experiencia del estudiante, con atención a la autonomía universitaria, permitiendo que cada facultad defina directrices internas y opte por profundizar en ciertos “escenarios de acción”.

Además, propone institucionalizar en estos centros la práctica del litigio estratégico, práctica en la que ya varias universidades, entre ellas Los Andes, se han destacado, logrando impactos significativos en el diseño y aplicación de políticas públicas y legislación en pro de actuar como garantes de derechos individuales y colectivos. Esta función se suma a las ordinarias de asesoría jurídica, representación y conciliación que, esencialmente, hoy ostentan. Así mismo, el proyecto contempla que se diseñen estrategias de promoción y pedagogía de derechos a los usuarios y la comunidad en general.

Como segundo eje, la enmienda busca que con el nuevo diseño del sistema de consultorios jurídicos busque mejorar los niveles de acceso a la justicia, especialmente en población vulnerable, usuarios de estos centros. Esto, ligado a que la promoción de nuevos servicios como, por ejemplo, litigio en materia de derecho del consumo, ofrezca soluciones jurídicas a los usuarias de forma más integral y eficaz.

Por último, la ley pretendida busca que los Consultorios fortalezcan sus capacidades tecnológicas de manera eficiente, no solo para la prestación ordinaria de sus servicios sino también para robustecer sus sistemas de gestión, información y retroalimentación, con fines procedimentales, de calidad y pedagógicos.

Imagen: Gestión de Consultorio Jurídico, Universidad Externado de Colombia.

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