En la mañana del miércoles 10 de junio, los miembros del Consultorio Jurídico de la Universidad de los Andes se encontraron ante una circunstancia inesperada: la asesora de CJ-Mujeres, había sido despedida. ¿Qué hay detrás de esta decisión?
Adriana Isabel Rincón anunció a través de su cuenta personal de twitter haber sido despedida de su cargo por “decisión de la universidad”, sin mayores explicaciones. Frente a esta situación no se hicieron esperar las críticas a la facultad y las múltiples manifestaciones de apoyo hacia Rincón: tanto personas como colectivos han utilizado el hashtag #UniandesResponda para que la institución presente una verdadera explicación de lo sucedido.
El CJ-Mujeres es un proyecto nuevo que lleva un semestre funcionando como área autónoma. Fue fundado por la exdirectora, Carolina Moreno, inicialmente como un enfoque transversal a todas las áreas. Este aporta una perspectiva de género necesaria para manejar casos que involucran situaciones difíciles, por ejemplo, aquellos relacionados con violencia contra activistas feministas, actos sospechosos de discriminación laboral contra mujeres, violencia sexual, la defensa de los derechos humanos de las mujeres y los que les refiere la línea MAAD de la Universidad.
Adriana, que ha tenido experiencia anterior en litigios de Derechos Humanos de las mujeres y atención a víctimas, había sido contratada por Carolina Moreno para desempeñarse como asesora desde que CJ-Mujeres era sólo un enfoque transversal a las demás áreas. Este cargo le permitió diseñar y fortalecer el área. Asimismo, cuando se decidió que “Mujeres” sería un área independiente (con estructura y organización propia) continuó al frente del proyecto bajo el mando de la nueva directora: Ángela María Yepes. Desde entonces se han atendido aproximadamente 40 mujeres, además del trabajo de asesoría y acompañamiento realizado en conjunto con las otras áreas.
Es por esto que diversas estudiantes, salientes y actuales del área, manifestaron su desacuerdo frente al despido y solicitaron explicaciones a una universidad que, según ellas, ha guardado silencio. Lo más preocupante, para ellas, es que se afecte la continuidad de un área que maneja “temas sensibles” y que requiere un “enfoque de género y una visión feminista del derecho”.
Al Derecho se contactó con Adriana Rincón y con la Decana, Catalina Botero, para conocer los detalles de cada una de las versiones de lo ocurrido.
“Me despidieron. No soy más que una cosa que se desecha”
Adriana supo de su despido el miércoles en la mañana, a través de una videollamada en la que le informaron que se estimaba pertinente dar por terminado su contrato, (que era a término fijo), puesto que, en todo caso, finalizaba el 15 de julio de este año.
Así lo manifestó en redes sociales Adriana, a las cuales acudió cuando le fue comunicada la noticia: “Me acaban de despedir. Estoy en shock. No sé qué voy a hacer. No sé qué va a pasar con mi vida, mi sustento y el de mi familia. No sé que hice mal, tampoco me lo dicen. No sé cómo se puede tomar una decisión así en plena pandemia. No soy más que una cosa que se desecha”.
Según su versión, la Universidad de Los Andes daba por terminado su contrato de forma anticipada y sin justa causa en plena pandemia. “Sin previo aviso ni sospecha me llamaron por Teams, muy temprano, la Directora del Consultorio y Fabio Gaona, de Recursos Humanos para hacerme un “comentario» sobre mi contrato”, relata Adriana. Por la naturaleza de la llamada, ella esperaba que le renovaran el contrato después de un año de trabajo al frente de CJ-Mujeres. Por el contrario, le comunicaron que daban por terminada su vinculación.
De acuerdo con lo anterior, Rincón manifestó no entender los motivos de su despido. Explicó que cuando preguntó por qué la despedían, la única respuesta que obtuvo fue que era “sin justa causa” y «una decisión de la Universidad». La carta oficial, leída a Adriana durante la videoconferencia, le confirmó la misma información: un despido sin justa causa.
Al ser preguntada por las razones de su despido, Adriana explica que no le encuentra sentido: “no me comunicaron razones, así de simple”. Siempre se han acogido a la figura del despido sin justa causa. Esto es corroborado por las estudiantes de Consultorio Jurídico consultadas por Al Derecho, quienes dijeron que en la Universidad “no dieron razones” sobre lo ocurrido. A pesar de haber tenido ayer una reunión con Yepes para aclarar las preocupaciones frente al despido de Adriana, ellas afirman que esta “no era clara y no respondía las preguntas”. Concretamente, le preguntaron por las razones del despido de Adriana y si a ella le habían expuesto los motivos del mismo; no obstante, según ellas, las respuestas no fueron manifiestas.
Más allá de esto, lo que más le duele a Adriana son los casos y sus estudiantes. Para ella, los resultados de CJ-Mujeres eran evidentes, tanto en términos de mujeres atendidas y casos llevados, como en los resultados de litigio estratégico: recientemente habían ganado una tutela de segunda instancia concedida por el Consejo de Estado protegiendo el derecho a la vida de una mujer en peligro.
Rincón también está preocupada por los casos provenientes del protocolo MAAD (Protocolo para casos de Maltrato, Acoso, Amenaza y Discriminación) atendidos por el área Mujeres. “No se dijo nada ni sé lo que va a pasar con esos casos”, aseguró Rincón. Para las estudiantes pertenecientes al área afectada subsiste el problema, a corto plazo, del enfoque diferencial interno y externo que Adriana le daba al grupo. “Adriana se preocupó por enseñarnos perspectiva de género y los casos eran asignados de acuerdo con las fortalezas de cada una”, dicen.
«Me enamoré de la Universidad y el consultorio era un gran ambiente de trabajo»
No obstante, Adriana advirtió que, a pesar de todo lo sucedido en redes, no quiere convertirse en “la enemiga pública de la Universidad de Los Andes”. “Me enamoré de la Universidad y había un gran ambiente de trabajo dentro del equipo mientras que Carolina Moreno fue la directora del consultorio”, afirma. También, dijo que, si bien no había instigado ni incentivado a las estudiantes a pronunciarse en twitter, agradecía “infinitamente” a todas las mujeres que le manifestaron su apoyo.
Finalmente, aseguró que el área Mujeres es “un plus muy grande que tiene el Consultorio Jurídico de Los Andes” y manifestó estar agradecida con sus compañeros por darle la oportunidad de tener esa “experiencia transformadora”.
En consecuencia, su caso generó una movilización significativa en redes sociales. Colectivas feministas como PACA, La Errática y No es Normal sacaron un comunicado (suscrito por diversos estudiantes y publicado en 070) condenando el hecho y pidiendo explicaciones. Además, convocaron a una “tuiteratón” en redes.
Lo que las activistas feministas cuestionan, es la forma en que se trataron los hechos: un despido que se realiza sin justa causa, de improviso, en medio de una pandemia. “¿Dónde va a conseguir trabajo ahora? ¿De qué va a comer?”, declaró a Al Derecho una miembro de dichas colectivas. Incluso el Consejo Interno de Estudiantes de Derecho (CIED) mostró su apoyo y solicitó, a través de una carta, una “explicación pública a la comunidad Uniandina” que diera luces sobre las razones del despido de Rincón.
De igual forma, tanto en sus comunicados como en la movilización que se llevó a cabo en Twitter, se cuestionó severamente lo que-consideran- es una contradicción entre el discurso oficial de la Universidad y las acciones concretas que se están llevando a cabo, especialmente después de que el Rector, Alejandro Gaviria, anunciara que la Universidad “movería todos sus contratos a término indefinido, para proteger a la comunidad”.
Uniandes responde: la postura institucional
Como consecuencia de la amplia difusión y movilización estudiantil, un día después del despido (el 11 de junio), la directora del Consultorio Jurídico de la Universidad, Ángela María Yepes, convocó una reunión de emergencia a la cual estuvieron invitadas las estudiantes pertenecientes a CJ-Mujeres para discutir la situación. Esta reunión, sin embargo, hizo poco por calmar los ánimos tanto en redes sociales, como entre las mismas participantes del encuentro. Una de ellas, Laura Sofía Salamanca, informó a través de un “hilo” en su cuenta de Twitter lo que sucedió.
En primer lugar, según Laura, la Directora no explicó, pese a los insistentes reclamos por transparencia e información, las razones del despido. Por el contrario, presentó la decisión tomada frente al destino de CJ-Mujeres: pese a que no se acaba, los casos serán distribuidos, transitoriamente, a otras áreas del consultorio. “Mujeres” se mantendrá como está pese a que, provisionalmente, no tiene asesora.
Esta situación preocupa a las participantes que, habiendo sido parte de las actividades de CJ-Mujeres este semestre, explicaron a Al Derecho que muchos de los casos que llevan requieren medidas urgentes, y no entienden “si saben de la gravedad y la urgencia de los casos, ¿por qué la despiden sin un reemplazo?”. En este sentido, Laura se mostró indignada, puesto que aseguró que la Directora manifestó que el puesto que ocupaba Adriana “no es necesario” y que ella misma, que se estaba capacitando en temas de género, se ocuparía personalmente.
Frente esta reacción Yepes emitió un comunicado en donde busca dar un “parte de tranquilidad” a aquellas personas “preocupadas por la eventual desaparición o debilitamiento de esta área”. La misiva, cuya información fue corroborada por Al Derecho en entrevista con la Decana, explica que “se busca fortalecer espacios de formación en género, así como priorizar la atención a las mujeres”. La carta asegura, también, que se priorizará “la asignación de fondos externos a CJ Mujeres” para “reforzar la atención de mujeres víctimas de la violencia”. Yepes reiteró el compromiso de la Universidad con que dicha área siga siendo “un espacio de defensa de la igualdad de género, liderada por una mujer con la capacidad de fortalecer el trabajo transversal e interinstitucional”.
Por último, la misiva dice —contrario a la garantía de estabilidad laboral expuesta por Gaviria— que Rincón fue contratada “con contrato a término fijo a un año”, a partir del 15 de julio de 2019, por lo que la terminación anticipada “se produjo para que pudiera recibir una compensación económica durante el período contractual restante, pero liberándola de la necesidad de atender las tareas asignadas al cargo”.
Por otro lado, la Decana confirmó que “la atención de migrantes y de mujeres es la prioridad en este momento”. Así, el fortalecimiento de esta área se dará, según ella, a través de “una articulación con otras áreas [de Consultorio Jurídico] y con otras facultades de la Universidad”. En efecto, de acuerdo con Botero, ya existe un acuerdo interinstitucional con el departamento de Psicología para apoyar los casos del área Mujeres.
Frente al caso de Adriana, la Decana enfatizó en que “la Universidad tiene el deber de respetar la privacidad y el habeas data de todos los estudiantes y profesores”. Sin embargo, afirmó que “todas las personas que trabajan en la Universidad”, sin excepción, tienen “una evaluación de desempeño” en una “reunión personalizada y presencial” en la que se examina a profundidad el desempeño del trabajador.
En la tarde del jueves, el Rector Alejandro Gaviria respondió el correo de una de las activistas feministas que pedían respuestas, declarando que “puede sonar burocrático y distante, pero yo estatutariamente no tengo injerencia en esas decisiones. Yo me enteré por redes”. Es preocupante, expresan miembros de las colectivas que se manifestaron en contra de este pronunciamiento, que el Rector no sepa de lo sucedido puesto que es el representante máximo de la institución. En el correo, el rector dice que busca proteger a la Universidad, pero en todo caso debe mantener la “autonomía de las unidades académicas”.
De cualquier manera, las preguntas continúan y la pelota está ahora en la cancha de la Facultad, que se prepara para responder a las acusaciones realizadas en una reunión entre estudiantes y directivos se llevará a cabo, a las 11 am, el martes de la próxima semana.
Al Derecho 
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