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Reforma al Código Civil, una visión desde el Observatorio sobre vigencia y reforma al Código Civil de la Universidad Externado de Colombia

Por Carlos Alberto Chinchilla Imbett, profesor Departamento de Derecho Civil, Universidad Externado de Colombia.

El Código Civil de Andrés Bello es un código autóctono de América Latina, el cual recogió las reglas de nuestra tradición jurídica, apoyadas en los principios generales del derecho, que luego fueron perfiladas y maduradas con el fin de responder a nuestra experiencia como latinoamericanos. De hecho, su difusión a lo largo del continente fue llevado a través de tres maneras: la adopción global del texto, la dependencia parcial del código en la elaboración de un código nuevo y la influencia del Código de Bello sobre otros códigos elaborados. El caso colombiano fue una adopción total del texto propuesto por Andrés Bello, con puntuales salvedades cuyo objeto era el de adecuarlo a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo adoptó.

Es un Código que ha pervivido debido a su claridad, precisión y concisión en su redacción, además por la forma institucional que presenta las figuras que rigen las relaciones de los privados. Sin embargo, el Código se construye con base en una mentalidad, método y circunstancias universales y nacionales diferentes a las de hoy, lo cuál nos ha llevado a reflexionar si dichas reglas responden a los desafíos de la sociedad contemporánea. En especial, cuando existe un movimiento reformador influenciado por las recientes reformas de códigos civiles en el mundo, como lo son, por ejemplo, la reforma del Código Civil Francés de 2016, la expedición del Código Civil y Comercial de la República Argentina en 2015 y la reciente promulgación del Código Civil de China en 2020.

El 30 de junio de 2020, la Universidad Nacional, con el apoyo del Ministerio de Justicia y del Derecho, presentó a la comunidad en general una propuesta de sustitución del Código Civil, la cual abrió el debate necesario sobre la conveniencia, oportunidad y necesidad de reformar, modificar y/o modernizar el derecho privado colombiano a través del cambio de Código Civil. La propuesta es un esfuerzo muy valioso y una iniciativa loable que permitió colocar sobre la mesa de diálogo la importancia del derecho privado en la sociedad, discusión que se había visto relegada debido a la notoriedad de otros temas del derecho, como lo son la justicia transicional, las reformas constitucionales, la lucha contra la corrupción y las reformas pensionales y tributarias. La sociedad en general recordó la importancia del instrumento por antonomasia que dinamiza las relaciones de los particulares, desde su nacimiento hasta la muerte, la norma que permite la satisfacción de los intereses de la más variada intensidad a través de categorías que hacen parte de nuestro diario vivir. Es decir, la importancia de la constitución de los particulares.

En esta coyuntura, el Departamento de Derecho Civil de la Universidad Externado de Colombia creó el Observatorio sobre la vigencia y reforma del Código Civil colombiano con el fin de adelantar un análisis serio, reflexivo y profundo de la propuesta de Código Civil de la Universidad Nacional, además, con el objetivo de encontrar soluciones y caminos para una eventual modernización, reforma o modificación de la columna vertebral de las relaciones entre privados.

Así, el Observatorio optó por convocar a un amplio número de profesores de la Universidad Externado para adelantar un estudio juicioso, detenido y profundo del Proyecto, y poder pronunciarse con el máximo rigor posible. Dicho estudio fue presentado el pasado 23 de octubre al Ministerio de Justicia y del Derecho y a la Universidad Nacional.

El análisis condujo a concluir que, si bien se requiere de una modernización de múltiples aspectos regulados en el Código Civil y del derecho privado en general, la propuesta presentada por la Universidad Nacional no es adecuada ni conveniente debido a que los cambios sustanciales y sistemáticos planteados terminarían por generar graves confusiones y perturbaciones en el derecho nacional; además, algunas de las modificaciones planteadas a institutos basilares del derecho civil no son generosas con los avances jurisprudenciales y con las construcciones que nuestra doctrina nacional y el derecho comparado han desarrollado; igualmente, los errores de redacción, las falencias metodológicas, los problemas de sistemática en el tratamiento de los temas y la falta de los antecedentes o las actas de las comisiones redactoras, evidencian que el proyecto requiere de una mayor reflexión y maduración.

Los argumentos que sustentan la posición del Observatorio se presentaron por ejes temáticos, los cuales pueden sintetizarse de la siguiente manera: (i) antes de reformar o de cambiar el Código Civil vigente se debe realizar un inventario o un diagnóstico de qué tenemos, cuál es la situación actual de la legislación, la jurisprudencia y de la doctrina nacional en cada uno de los aspectos regulados por el Código, de manera que permita reconocernos para plantearnos los propósitos y los objetivos de la reforma, pues a partir de ello se evidenciarán las soluciones y el camino a adoptar. (ii) Con relación al derecho de personas, si bien es cierto que se requiere una actualización, la propuesta del proyecto de Código Civil de la Universidad Nacional, por una parte, conduce a una pérdida de la centralidad del sujeto de derecho, en cuanto no le entrega un libro para su regulación y la manera como lo disciplina es incompleto, incoherente e incomprensible, por otra parte, no recoge las novedades jurisprudenciales y doctrinarias. (iii) En materia de derecho de bienes, la propuesta no realiza una mejora sustancial a lo que actualmente consagra el Código Civil y el estado del arte sobre la materia; la sistematización tiene nuevas categorizaciones y terminologías ajenas a nuestra tradición, como sucede con la posesión y el derecho de propiedad. (iv) Con relación al negocio jurídico, la forma de regular la figura no es conveniente, pues desconocen los problemas sistemáticos del negocio jurídico y omiten algunas de las figuras que permiten su comprensión dentro del ordenamiento jurídico; además, no se entiende las razones de consagrar normativamente una figura cuyo escenario natural es la doctrina y no la legislación. (v) En materia de derecho de obligaciones, surgen dudas en la manera como se afrontó el concepto de obligación y la manera como regulan la sistemática de la teoría general de las obligaciones tiene múltiples reparos. (vi) El tratamiento de la responsabilidad contractual es desafortunada: el proyecto introduce un título bajo la rúbrica “responsabilidad por inejecución de las obligaciones, la cual no obedece a lo que se está proponiendo, además que la regulación en materia de incumplimiento de las obligaciones es defectuosa y el sistema de remedios propuesto no es un verdadero sistema. (vii) las tipologías de contratos adoptadas y recogidas en el proyecto, si bien de manera general recogen algunos desarrollos jurisprudenciales concretos y resuelve algunas ambigüedades, la técnica no es muy afortunada y es un código que regula, pero al mismo tiempo descodifica por las variadas remisiones a leyes especiales; (viii) en materia de responsabilidad extracontractual, el observatorio encuentra que el proyecto es ambiguo y establece un régimen desarticulado, tiene conceptos anacrónicos y que desconocen los avances de la jurisprudencia; finalmente, (ix) en el régimen sucesoral propuesto genera confusiones y lo propuesto es un retroceso a los avances legislativos en la materia.

En fin, si la decisión como sociedad es emprender el largo y complejo camino de reformar nuestro derecho privado, el primer paso es identificar las raíces de nuestro sistema, verificar la aplicación de los institutos que el código contiene a la luz de las exigencias de la sociedad actual y la Constitución con el fin ajustarlos y modernizarlos, revisar los desarrollos que la jurisprudencia y doctrina han adelantado superando o identificando los problemas en lo que se refiere a las lagunas, figuras obsoletas, contradicciones, provocar el dialogo con los otros ordenamientos jurídicos con el objetivo de aprender de las otras experiencias jurídicas sin necesidad de copiarlas; escuchar las necesidades de nuestra realidad nacional y los desafíos de una sociedad en constante movimiento. Un proyecto de Código Civil requiere de maduración, de análisis profundo, pausado y respetuoso, del diálogo de una sociedad que se conozca para que pueda plasmar reglas que sirvan de tamiz de su funcionamiento.

En fin, si la decisión como sociedad es emprender el largo y complejo camino de reformar nuestro derecho privado, el primer paso es identificar las raíces de nuestro sistema, verificar la aplicación de los institutos que el código contiene a la luz de las exigencias de la sociedad actual y la Constitución con el fin ajustarlos y modernizarlos, revisar los desarrollos que la jurisprudencia y doctrina han adelantado superando o identificando los problemas en lo que se refiere a las lagunas, figuras obsoletas, contradicciones, provocar el dialogo con los otros ordenamientos jurídicos con el objetivo de aprender de las otras experiencias jurídicas sin necesidad de copiarlas; escuchar las necesidades de nuestra realidad nacional y los desafíos de una sociedad en constante movimiento. Un proyecto de Código Civil requiere de maduración, de análisis profundo, pausado y respetuoso, del diálogo de una sociedad que se conozca para que pueda plasmar reglas que sirvan de tamiz de su funcionamiento.

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