Hasta la última toga

Bogotá, 26 de mayo de 2021

El Periódico Al Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes condena todo acto de violencia, como siempre lo ha hecho, sin importar de donde venga. Hemos sido claros en nuestro reproche ante la brutalidad policial y las vías de hecho en las protestas. Sin embargo, vemos con preocupación cómo la violencia continúa escalando y cómo el precedente de una de las Cortes más garantistas de América Latina se hace añicos. En el país de las normas de papel y la eficacia simbólica del Derecho, del fetichismo legal y los excesos rituales manifiestos, el mismo país en el que ardió el Palacio de Justicia en 1985, vemos como las letras se ahogan, destrozadas en el mismo charco de sangre en el que se apagan las vidas de los colombianos.

Creemos que lo visto el día de ayer en Tuluá, Valle del Cauca, es un disparo en el corazón de nuestra Constitución. Condenamos sin paliativos los ataques a las instalaciones y sedes judiciales, en Tuluá y en cualquier otra parte de Colombia y el mundo. Atentar contra la justicia no solo significa atacar una rama del poder público, sino aquella que custodia con mayor fiereza y celo nuestro ordenamiento jurídico, la que se encarga de velar por los derechos básicos de los ciudadanos y los principios del Estado de Derecho.

Los jueces no son perfectos y la corrupción es un cáncer que afecta tanto a la Rama Judicial como al país con numerosos escándalos. Sin embargo, en una sociedad democrática y pluralista, son ellos los árbitros de nuestros desacuerdos. Siempre será mejor acudir a un “árbitro” para dirimir nuestros conflictos, que tomar justicia por mano propia y matarnos unos a otros según la ley del más fuerte.

Anoche en Tuluá no sólo ardieron los expedientes en un acto que de lo vandálico raya en lo terrorista, sino la idea misma de la justicia. Los muros no lloran, pero cada ciudadano al que se le retrase una tutela y cada persona que veía en una toga su única esperanza de lograr justicia, sí. 

Nos rehusamos a perder la esperanza. Ronald Dworkin alguna vez se refirió a los jueces como “la justicia con toga”. Si queman un Palacio de Justicia y con ello quieren simbolizar el ataque a las instituciones de un Estado bajo cuyo yugo se sienten oprimidos, habría que asegurarse también de quemarlo todo y hacerlo muy bien. Armen con las togas antorchas y fogatas con los malletes. Bloqueen puertas y obstruyan ventanas con barricadas. Asegúrense de que no quede nada.  Porque donde haya un toga, habrá un magistrado dispuesto a ocuparla con dignidad y despachar justicia desde el estrado más variopinto. Parques, colegios y plazas pueden convertirse en salas de audiencias. Siempre que haya un juez, el simbolismo de la justicia perdurará y con este, el sueño de una nación a pesar de sí misma. 

Hacemos un llamado a detener la violencia ciega e intolerante y, en su lugar, instaurar un diálogo político y social que vele por la protección de los derechos humanos y el orden constitucional. Nada justifica los ataques y las agresiones. Más aún, la violencia jamás podrá ser cobijada por la legitimidad. El único camino a seguir que no implica derramar más sangre es aquel en el que las propuestas e ideas reemplacen las balas y el fuego. No hallaremos el camino hacia la justicia y la reconciliación quemando sus recintos, sino construyendo con paciencia y entereza aquel país en el que queremos vivir. 

CONSEJO EDITORIAL DEL PERIÓDICO AL DERECHO