El medio ambiente está quebrado, ¿con qué lo curaremos?

Por: Santiago García Correa, estudiante de Derecho y Ciencia Política

El Calentamiento Global nos gana la carrera y el Sistema Internacional parece haber hecho poco o nada para impedirlo. Han sido casi 30 años de negociaciones y acuerdos internacionales —desde la original Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, hasta el lacerado Acuerdo de París de 2015— para frenar el deterioro de las condiciones medioambientales de nuestro planeta. Sin embargo, el más reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU sigue señalando la urgencia de frenar, en forma definitiva, un calentamiento global que, por el contrario, se intensifica.

Pero este llamado de urgencia, a pesar de su innegable importancia, no es realmente nuevo. Desde mediados del siglo pasado, la comunidad científica ha venido advirtiendo sobre lo determinante del factor humano en el fenómeno, siendo la quema de combustibles fósiles y la tala de árboles con fines agrícolas los principales causantes del aumento de CO2 en la atmósfera. Y es que, aunque dichos informes no saltaron a la prensa sino hasta los años 80, fueron tales preocupaciones las que guiaron los instrumentos jurídicos internacionales que se han firmado hasta la fecha. ¿Cuál ha sido entonces, más allá de lo simbólico, el efecto material de los acuerdos internacionales firmados hasta ahora? ¿Han mostrado la eficiencia del Sistema Internacional para enfrentar problemas en una sociedad globalizada?

Opino que la respuesta a este último interrogante ha de ser necesariamente negativa. El método, que podríamos llamar de “soluciones acordadas”, empleado hasta ahora en el marco de organizaciones intergubernamentales ha sido cuanto menos ineficiente. Prueba de ello es que los ciudadanos vemos año tras año, con creciente preocupación, los cada vez más acuciantes informes frente al retroceso en la salud del medioambiente del planeta y su consecuente riesgo para nuestra vida. Pero, detrás de estas pruebas empíricas, se esconden verdaderas razones de peso que explican la complejidad de encontrar respuestas asertivas en las soluciones hasta ahora acordadas.

Esta complejidad se materializa en dos problemas principales inherentes al Sistema Internacional: por un lado, la ausencia de una fuerza coercitiva que imponga los instrumentos internacionales vinculantes ratificados por los Estados y; por el otro, la falta de un verdadero protocolo de aplicación, que convierte estos tratados supuestamente vinculantes en meras declaraciones de principios inoperantes. Lo anterior puede resumirse, como concluiría el prestigioso internacionalista Stephen Krasner, en un Sistema Internacional anárquico caracterizado por la adaptabilidad de la soberanía y la tolerancia frente a las alternativas. Esto es, un Sistema Internacional en el que no existe, por así decirlo, un superior que pueda imponer a todos los Estados en equidad el cumplimiento de las soluciones acordadas.

Lo anterior, lleva a que los Estados, por supuesto, privilegien sus intereses económicos particulares, aunque esto suponga ir en contra de los tratados por ellos firmados. Una dualidad entre medioambiente y economía en la que, de forma casi invariable, prevalezca la segunda trae recompensas para las industrias contaminantes y para quienes dependen directamente de estas para su sustento (aunque las de estos últimos sean ínfimas en comparación con las de los primeros). Pero, de poco vale tal sustento ante el desolador panorama actual en materia medioambiental, que amenaza la existencia misma de la vida en el planeta.  Visto lo anterior, entonces, los ciudadanos que ponemos tanto el trabajo como las muertes ganamos poco en el corto plazo, pero lo perdemos todo en el largo. En este contexto, un cambio en las aproximaciones al rol de la ciudadanía como actor pasivo es indispensable, como se concluirá más adelante.

Las complejidades señaladas se ven con claridad al analizar la dimensión jurídica del problema. A pesar de que —de acuerdo con el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia‒ los acuerdos internacionales como el Acuerdo de París son fuente principal y vinculante de Derecho Internacional, la naturaleza blanda de las obligaciones emanadas del acuerdo y su indeterminación hacen difícil la efectiva imposición de lo previsto en este para los países firmantes. De hecho, el Acuerdo de París, el más importante actualmente en materia ambiental, es flexible y permite a los diferentes países obligarse de acuerdo con sus capacidades, pero esta misma flexibilidad hace que el cumplimiento de los objetivos del acuerdo dependa, en última instancia, de la aplicación que el acuerdo reciba en el plano nacional. ¿Dónde queda, entonces, la cacareada obligatoriedad? ¿Supeditar a la voluntariedad estatal los cambios necesarios para resolver la crisis climática es realmente suficiente? Y si no lo fuera, ¿está realmente algún actor del Sistema Internacional en la capacidad de ejercer un rol sancionatorio por el incumplimiento de tales acuerdos?

Esta última pregunta parece situarnos en una discusión de vieja data sobre la naturaleza misma y la evolución del Sistema Internacional. En él, las épocas del Sistema Internacional Liberal con Estados Unidos a la cabeza parecen lejanas y su liderazgo diluido ante el surgimiento de nuevos Estados con poder. Lo que en el contexto del fin de la Segunda Guerra Mundial fue un sistema liberal patrocinado y construído alrededor de ideales americanos y bajo la influencia política del mismo país, ya no lo es más. Irónicamente, como explica el también internacionalista John Ikenberry, este no es sino el resultado del éxito mismo del paradigma liberal en las relaciones internacionales: el fin de la Guerra Fría acabó con el orden bipolar en el mundo e integró al —ahora unipolar— sistema liberal a cada vez más países. Estos, contrario a los integrantes iniciales del Orden Liberal Internacional, tienen una historia y visiones de la política heterogéneas que llegaron a retar las ideologías impuestas por unos Estados hegemónicos iniciales cuyo poder se fue diluyendo. 

De ahí la crisis de liderazgo y, por ende, de autoridad en el Sistema Internacional. Las dificultades en la cooperación multilateral entre los Estados y en el cumplimiento de los acuerdos sobre temas apremiantes —como el calentamiento global— es el pan de cada día. Por esto, no deja de resultar curioso que los ineficaces acuerdos hasta ahora reseñados fueran todos firmados con posterioridad al final de la Guerra Fría. 

¿Qué hacer entonces? Los Estados, los más grandes cegados por sus intereses económicos y los más chicos empeñados en sobrevivir, ignoran olímpicamente el problema cuando no sea para sacar pecho por haber firmado tal o cual pacto que, a posteriori, sufrirá el mismo olvido. Se acaba el tiempo y nosotros, los “ciudadanos de a pie”, los más afectados, impávidos. No se defiende aquí el regreso de una hegemonía que imponga a su arbitrio las reglas del Sistema Internacional. Por el contrario, se aboga por la necesidad de que en este sistema, con mayorías todavía liberales y democráticas, los ciudadanos defendamos, a través de la participación activa y disruptiva, el cumplimiento cabal de lo establecido en los instrumentos internacionales y la negociación intergubernamental de nuevos estándares mínimos en materia ambiental que garanticen la supervivencia humana.

Nota editorial: el texto original de la presente columna fue escrito por el autor en el marco de la clase de Introducción a los Estudios Internacionales en septiembre de 2021.